David Chavarría Hernández | davidchavarriahernandez@gmail.com | Interferencia
Daniela Brown tiene 8 meses de embarazo y Marianne Castrillo es madre de una bebé de menos de un mes de edad. Ambas trabajan en la sede de Alajuela del Instituto COSVIC. El pasado 23 de abril, fueron informadas por ese centro de capacitación técnica que sus contratos serían suspendidos por la pandemia de COVID-19.
El Instituto COSVIC suspendió sus clases presenciales y se acogió a la medida habilitada por el Ministerio de Trabajo para que las empresas afectadas por el nuevo coronavirus disminuyan las jornadas de su personal o suspendan temporalmente los contratos de algunos colaboradores.
Sin embargo, la nueva ley que regula esos procedimientos establece en su artículo 6 que tales medidas “no se aplicarán a trabajadoras embarazadas o en período de lactancia”.
La ley de “Autorización de reducción de jornada de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional” plantea que “en ningún caso podrá utilizarse la reducción de la jornada con fines discriminatorios o como medida o represalia en perjuicio de las personas trabajadoras”. Esa ley está vigente desde el 21 de marzo.
Además, la plataforma en Internet del Ministerio de Trabajo detalla que las empresas que quieran solicitar la suspensión de contratos de sus trabajadores deben enviar una lista de sus colaboradores e indicar “si existe trabajadoras embarazadas o en período de lactancia”.
Pese a esas advertencias, la empresa notificó a sus colaboradoras administrativas el cese de funciones por un plazo de 72 días a partir del 22 de abril.
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La administradora de COSVIC en Alajuela, Angie López, conversó por vía telefónica con Interferencia y alegó que no brindará declaraciones hasta conocer el contenido de la denuncia de sus trabajadoras.
“Voy a esperar a que ellas hablen públicamente. Hasta entonces, no voy a brindar ninguna entrevista, ni ninguna información”, señaló López y posteriormente colgó la llamada telefónica.
“Me querían despedir sin derecho a nada estando embarazada”
Marianne Castrillo afirmó que tiene casi dos años de trabajar para el Instituto COSVIC en la sede de Alajuela. Ella realiza labores de oficina: “Cobros, creación de títulos, en el área de recepción, área administrativa”, precisó.
Castrillo es una jefa de hogar, madre de tres niños pequeños. La menor de sus hijas nació hace 22 días. La mujer es vecina de Atenas y aseguró que, por ahora, no recibe ninguna ayuda del papá de sus hijos: “Él está sin trabajo y con más razón debo hacerme cargo de lo que necesito”, comentó.
El pasado 23 de abril, Castrillo recibió un mensaje de correo electrónico del Instituto COSVIC que la informaba de la suspensión de su contrato debido a la pandemia. La mujer dijo que no respondió ese mensaje porque la empresa le había asegurado que ella no se vería afectada por su condición de embarazo y lactancia.
“Ya lo habíamos hablado, pero nuevamente rompen la palabra”, alegó Castrillo, quien considera que la suspensión de su contrato responde a una represalia del Instituto. “Lo hacen para desquitarse, sin tomar en cuenta que es algo que simplemente no se podía hacer”, añadió.
Marianne Castrillo definió su relación con la empresa como “profesional”, aunque reconoció que desde el inicio se presentaron una serie de incumplimientos, como en el pago del seguro social.
“No me aseguraron desde que entré”, afirmó Castrillo, quien señaló que recibió el aseguramiento unos meses antes de saber que estaba embarazada. “En julio [del 2019] tuve una complicación de salud porque no sabía que estaba embarazada. Ella [la administradora de la sede de Alajuela] optó por incluirme en planilla para no tener ninguna consecuencia”, indicó.
Castrillo relató que ha tenido disputas administrativas con el Instituto COSVIC previamente a la suspensión de su contrato por la crisis del coronavirus.
La trabajadora reclamó ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) el pago de todas las cuotas adeudadas desde setiembre de 2018. “La Caja lo solucionó. Me hicieron una planilla adicional de todos esos meses con los salarios como eran y ya se me pagaron; tenía como 60 días de incapacidades que me debían”, alegó Marianne Castrillo.
Castrillo también recurrió al Juzgado de Trabajo para reclamar el pago de horas extras, que según ella le adeuda el Instituto COSVIC desde que entró a trabajar. “Rondan los dos millones”, según la denuncia interpuesta.
“Es una situación incómoda. Quién no quiere estar en la casa con una licencia, con una bebe de 22 días de recién nacida, tranquila sin esta presión, sin tener que estar detrás de alguien por un pago que me corresponde”, comentó Castrillo.
En febrero pasado, el centro COSVIC solicitó al Ministerio de Trabajo el despido de Marianne Castrillo. Según relata la trabajadora afectada, ella estuvo incapacitada tres días no seguidos por su embarazo. Castrillo afirmó que ella acordó con la empresa que sólo presentaría el comprobante médico de su cita médica en lugar de solicitar su incapacidad, para que no afectara el pago mensual que recibía.
A pesar de ese acuerdo, Castrillo alegó que la empresa presentó la solicitud para despedirla sin responsabilidad patronal, alegando abandono de trabajo.
”Me querían despedir sin derecho a nada estando embarazada”, denunció la mujer. Debido a esta denuncia, se realizaron dos audiencias y ahora la resolución se atrasó debido a la pandemia por el nuevo coronavirus.
Marianne Castrillo advirtió que nunca dejó de trabajar. “Era un acuerdo. Yo tenía mis pruebas en la audiencia: mensajes, audios, donde ya habíamos hablado de eso, pero igual querían hacer el proceso”.
Castrillo aseguró que fue sancionada a lo interno del Instituto por ese proceso legal. “Fui aproximadamente un mes a trabajar a estar sentada frente a una computadora a hacer nada”, dijo. La mujer también afirmó que la empresa alegaba que hacía mal su trabajo o que había falta de confianza.
Según Marianne Castrillo, la presión a lo interno del trabajo le generó depresión, ansiedad y estrés. “Está en mi expediente clínico de la Caja”, aseveró. Por lo tanto, permaneció incapacitada desde la segunda quincena de marzo hasta el inicio de su licencia por maternidad el pasado 31 de marzo. Su hija nació el 2 de abril, en medio de las restricciones nacionales para contener la pandemia.
Debido a la suspensión de su contrato durante 72 días a partir del 22 de abril, ella carecerá de ingresos durante su licencia de maternidad.
Castrillo dijo que presentó una denuncia por medio del número de teléfono habilitado por el Ministerio de Trabajo para esas gestiones, y agregó que también presentará el caso ante el Juzgado de Trabajo. “No es que estoy sentada viendo pasar las cosas. Tengo responsabilidades y deudas y no me puedo quedar con los brazos cruzados”, añadió.
“Me despidieron por pedir seguro”
En junio del 2019, Daniela Brown ya tenía cuatro meses de trabajar para la sede de Alajuela del Instituto COSVIC. Ese mes, la empresa le comunicó a Daniela que estaba despedida por “razones administrativas”, aunque relató que la empresa retractó su decisión en el último día de preaviso.
Sin embargo, ella sostuvo que, en realidad, su despido se debió porque ella le solicitó a la empresa su aseguramiento ante la CCSS.
Daniela señaló que, al ser contratada, la empresa le indicó que le pagaría el seguro social luego de cumplir los tres meses de labores. Brown, que trabajaba como oficinista y cajera, afirmó que el instituto la aseguró hasta cumplir cinco meses de trabajo pero que la empresa le reportaba un salario inferior en la CCSS hasta hace unos meses.
“Cuando me metieron al seguro solo ponían ₡240.000 y yo tenía salario de ₡350.000, para pagarle menos a la Caja”, aseguró Brown.
Daniela está embarazada desde finales de setiembre del 2019. En marzo de este año, ella estuvo incapacitada la mayor parte del mes por estrés ocasionado en el trabajo, afirmó a Interferencia. Daniela dijo que ella regresó a trabajar a la oficina de COSVIC en Alajuela después de Semana Santa.
Brown relató que ella tenía prevista una cita médica el 29 de abril para valorar el inicio de su licencia por maternidad. Por eso, Daniela solicitó previamente a la empresa una semana de vacaciones para no tener que viajar hasta la sede del Instituto, dado que ella reside en Poás y estaba limitada por la restricción vehicular nacional.
Sin embargo, el instituto negó la solicitud. “Yo les dije que me daba miedo porque los buses van llenos. Yo soy factor de riesgo por padecer de hipertensión crónica y por el embarazo, y aún así me las negaron”, comentó Brown.
La mujer afirmó que, durante los días posteriores a la negación de su solicitud de vacaciones, ella recibió un fuerte regaño en el instituto que le provocó estrés, por lo que fue incapacitada desde el 21 y hasta el 28 de abril.
Aún así, el 23 de abril, Daniela Brown recibió un correo electrónico donde el Instituto COSVIC le informaba de la suspensión de su contrato debido a la pandemia.
“Ya puse la denuncia ante el número del Ministerio y ante el Juzgado de Trabajo”, afirmó Brown.
Brown también opinó que la decisión del Instituto responde a que ella se presentó como testigo de Marianne Castrillo ante el Ministerio de Trabajo, en el proceso de solicitud de despido sin responsabilidad laboral planeado por el Instituto COSVIC en contra de Castrillo.
“Desde ahí la agarraron contra las dos. Me quitaron las funciones, no tenía acceso al sistema, nos pusieron en campos diferentes”, aseveró Brown.
Además, Brown señaló que su esposo era profesor del Instituto pero fue despedido en marzo. Por lo tanto, “el único salario que tenemos es el mío para pagar la comida”, aseguró la mujer.
“¿Qué hago si ya viene un bebé? Yo, a a la fecha, con todo esto no he podido comprarle lo que necesita”, comentó Brown. Según ella, la opción que su familia tiene ahora es intentar el acceso a los subsidios del Plan Proteger. “Pero no es seguro que se le den; es una opción”, dijo.
Ante la falta de ingresos, Daniela Brown comentó que ha tenido que vender algunas cosas de su vivienda para sufragar los gastos. “Vender un espejo, unos muebles que tenían acá, lo que pueda vender; así es como hemos estado haciendo”, describió.
