Prodhab continúa sin investigar el posible uso político de datos del traspaso, pese a que puede actuar de oficio

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes (Prodhab) continúa sin investigar un posible uso político de datos personales recopilados para la ceremonia de traspaso de poderes del pasado 8 de mayo, a pesar de que puede actuar de oficio.  

Ante consulta de Interferencia, la entidad adujo que no ha recibido denuncias, pero la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, número 8968, le permite investigar sin necesidad de estas. La Prodhab solo indicó que mantiene bajo análisis jurídico las posibles actuaciones que podría emprender.

Estos mismos hechos son investigados por el Ministerio Público. La Fiscalía Anticorrupción confirmó a este medio que abrió la causa 26-000303-1218-PE contra Freddy González Rojas, secretario general del oficialista Partido Pueblo Soberano, por el aparente delito de violación de datos. El expediente será remitido a la Fiscalía Adjunta de Goicoechea para que continúe con su trámite.

Según David Rodríguez Suárez, director nacional de la Prodhab, la Agencia analiza el alcance que podría tener una actuación administrativa mientras el caso también se encuentra en la vía penal.

“En aras de respetar la prejudicialidad, y en virtud de la confirmación por parte de la Fiscalía General de la República de la existencia de una investigación penal en curso relacionada con estos hechos, las potenciales acciones o competencias de esta Agencia en el caso en mención se encuentran en análisis jurídico”, indicó el director de la Prodhab.

Rodríguez indicó que ese análisis busca determinar el alcance de las competencias administrativas frente al proceso penal y garantizar el debido proceso. La respuesta no fija un plazo para concluir esa valoración ni confirma si la Prodhab abrirá una investigación de oficio.

El artículo 27 de la Ley de Protección de Datos establece que la Agencia puede iniciar, “de oficio o a instancia de parte”, un procedimiento para determinar si una base de datos se utiliza de conformidad con los principios de protección de datos personales.

La Prodhab también tiene entre sus atribuciones vigilar el cumplimiento de la ley por parte de personas, empresas e instituciones públicas. Además, puede ordenar por iniciativa propia la supresión, rectificación o restricción de información cuando su tratamiento contravenga la normativa.

La existencia de una causa penal tampoco excluye la actuación administrativa, ya que los artículos 28 y 32 establecen que las sanciones y resoluciones de la Prodhab se aplican sin perjuicio de las responsabilidades penales correspondientes.

El caso surgió después de que González asegurara que Pueblo Soberano tenía información sobre personas simpatizantes del Frente Amplio que obtuvieron entradas para asistir al traspaso de poderes.

“Nosotros sabemos quiénes son, dónde están, cuáles son sus gustos y preferencias y hasta qué hacen”, afirmó el dirigente el 12 de agosto durante una entrevista en el programa Tertulia de Noche, de Canal 14.

González calificó a esas personas como “de izquierda” y aseguró que su partido está “muy bien” en tecnologías de la información. Para asistir a la ceremonia, las personas interesadas debían registrarse mediante la plataforma Kuikpei, que solicitaba información como el número de cédula, el correo electrónico y una contraseña.

La Ley 8968 clasifica como sensibles los datos que revelan las opiniones políticas y, como regla general, prohíbe su tratamiento. También establece que los datos personales deben recopilarse para fines determinados, explícitos y legítimos, y que no pueden utilizarse posteriormente para una finalidad incompatible con aquella para la cual fueron obtenidos.

Tras las declaraciones de González, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, envió un oficio a la Presidencia de la República, con copia a la Prodhab, para solicitar información sobre los datos recopilados, su almacenamiento, el tratamiento que recibieron y las personas que tuvieron acceso a ellos.

La presidenta Laura Fernández calificó como “muy grave” lo dicho por González y aseguró que ordenó investigar si alguna persona filtró información o manejó de forma inadecuada los datos personales. La mandataria también sostuvo que durante el registro para el traspaso de poderes no se solicitó información sensible.

Interferencia envió sus primeras consultas a la Prodhab el 19 de agosto. La Agencia respondió el 3 de setiembre, diez días hábiles después, que conocía los hechos, pero evitó confirmar si había iniciado o valoraba comenzar una investigación porque pronunciarse podría constituir un adelanto de criterio.

Ese mismo día, este medio pidió a la institución que aclarara expresamente si actuaría de oficio y si había recibido alguna denuncia. En una nueva respuesta, la Prodhab confirmó que no existen denuncias y que mantiene bajo análisis jurídico sus posibles actuaciones debido a la causa penal.

Según la Ley 8968, utilizar datos personales para una finalidad distinta de la autorizada por sus titulares constituye una falta grave. Esa conducta puede sancionarse con una multa de entre cinco y veinte salarios base correspondientes al cargo de auxiliar judicial I.

La normativa considera una falta gravísima que una persona o entidad privada recolecte, almacene, transmita o utilice datos sensibles, categoría que incluye la información sobre opiniones políticas. En estos casos contempla multas de entre quince y treinta salarios base, además de la suspensión del funcionamiento de la base de datos durante un periodo de uno a seis meses.

La determinación de una eventual infracción y de las sanciones aplicables requeriría que la Prodhab abra el procedimiento correspondiente, investigue los hechos y garantice el derecho de defensa de las partes involucradas.

González cuenta con cerca de cuatro décadas de trayectoria en el movimiento cooperativo y ha ocupado cargos en el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, el Consejo Nacional de Cooperativas y otras organizaciones del sector.

También estuvo vinculado con el Partido Liberación Nacional, apoyó el “Sí” al Tratado de Libre Comercio durante el segundo gobierno de Óscar Arias y, en 2016, organizó una marcha para promover una nueva candidatura del expresidente.

Actualmente está inhabilitado para ejercer cargos públicos debido a una sanción impuesta por la Contraloría General de la República por decisiones adoptadas durante su paso por el Infocoop.

Posteriormente, González se incorporó al movimiento político encabezado por Rodrigo Chaves. En 2025 participó en la organización de una manifestación contra el fiscal general, cuyos costos de transporte y alimentación fueron cubiertos por la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, Fecoopa.

Después asumió la coordinación de operaciones y logística de la campaña presidencial de Laura Fernández. Desde junio de 2026 ocupa la Secretaría General del Partido Pueblo Soberano.

En Interferencia hemos intentado conversar con González para conocer su posición sobre el caso, sin embargo, el dirigente no ha respondido las llamadas realizadas.