Más de 557 mil niños, niñas y adolescentes viven en pobreza en Costa Rica, señala estudio de la UNA

Más de 557.000 niños, niñas y adolescentes viven en condiciones de pobreza en Costa Rica, según un informe titulado “La deuda de Costa Rica con sus niños, niñas y adolescentes”, del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (Ineina) de la Universidad Nacional (UNA).

De acuerdo con los datos del estudio, tomados del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (SINIRUBE) de 2024, la cifra se desglosa en 267.167 personas menores de edad en pobreza básica y 290.026 en pobreza extrema.

El informe, que diagnostica la situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica mediante la sistematización de datos estadísticos nacionales e institucionales, concluye además que el país atraviesa “una de las peores situaciones para la niñez y la adolescencia” de las últimas décadas.

Así lo sostiene la autora de la investigación, Ana Teresa León Sáenz, doctora en Educación, psicóloga y expresidenta ejecutiva del PANI, quien ha hecho su carrera de más de 50 años de trabajo enfocada en el bienestar de estas poblaciones. Según su análisis, en ese periodo se ha producido una regresión en las condiciones de vida y protección de las personas menores de edad, impulsada por la disminución presupuestaria que derivó en el cierre de programas y servicios preventivos y educativos.

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El declive, señala León, comenzó a manifestarse con fuerza a partir de 2018. Aunque reconoce que históricamente ha habido altibajos en la atención a la niñez, sostiene que este periodo marca un punto de inflexión, ya que los indicadores de desarrollo integral y el cumplimiento de derechos han sufrido, en sus palabras, un deterioro “muy importante”.

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"Yo tengo 50 y tantos años de estar en el tema de niñez y hemos pasado por toda clase de cosas en estos 50 años, pero nunca hemos tenido una, por decir así, regresión de tantos años para atrás, para atrás”, relató.

Para la investigadora, la aprobación de la Ley de Control del Gasto Público (Ley N.º 9635) en 2018 hizo que la inversión social se viera principalmente como un gasto que podía recortarse, sin tomar en cuenta las necesidades particulares de la niñez. A esto se sumaron fuertes recortes que redujeron los recursos de programas existentes y eliminaron otros, especialmente los preventivos y de apoyo social. Esto afectó áreas como las becas, el transporte y la alimentación escolar, así como los recursos de instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil.

La pandemia agravó este panorama al agudizar las condiciones de riesgo, aumentó la ansiedad, la depresión y la violencia intrafamiliar, y provocó un “apagón” en la recolección de datos actualizados que hoy dificulta la toma de decisiones, explicó León.

A ello se suma una marcada inestabilidad política e institucional, evidente en el caso del PANI, que ha tenido ocho jerarcas distintos en los últimos 20 años, lo que fragmenta los procesos de desarrollo y protección integral.

Además, la autora atribuyó parte del problema a lo que denomina una “ceguera colectiva”, es decir, un limitado sentido de responsabilidad del mundo adulto y una desidia gubernamental que impiden ver lo que realmente ocurre en los hogares y centros educativos del país. El informe documenta, además, un cambio demográfico significativo, una caída cercana al 25% en la natalidad durante la última década, que reduce la población menor de edad y, paradójicamente, coincide con un aumento en sus condiciones de vulnerabilidad.

Otro de los indicadores que el estudio destaca como crítico es la cobertura de la Red Nacional de Cuido, que alcanza apenas al 12% de la población que requiere el servicio, dejando a la gran mayoría de niños y niñas en primera infancia sin acceso a espacios de estimulación y cuido mientras sus familias trabajan.

El diagnóstico también muestra grandes diferencias entre provincias. Según el Índice de Bienestar de la Niñez y la Adolescencia, elaborado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), Heredia y Cartago concentran los cantones con mejores condiciones para el desarrollo de la niñez. En el otro extremo está Limón; cinco de sus seis cantones presentan un nivel de desarrollo “menor”. Guanacaste y Puntarenas tienen una situación intermedia, aunque cerca de la mitad de sus cantones también se encuentran en el nivel más bajo.

Impacto de la violencia

Los resultados demuestran que Costa Rica tiene un deterioro en el desarrollo integral de los niños, las niñas y personas adolescentes reflejado en el aumento de los casos de abusos sexuales, violencia doméstica y en la cantidad de jóvenes que viven en condiciones de pobreza.

Según el texto, en 2024, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) atendió en consulta externa y emergencias a 11.768 personas menores de 18 años por sospecha de abuso sexual, lo que representa un aumento del 50.6% en comparación con los 7.810 casos de 2022

Asimismo, el informe evidencia que en la violencia doméstica también ha habido un incremento del 2021 al 2024, lo cual afecta a las personas menores de edad de diversas maneras, incluyendo el enseñarles a resolver sus problemas mediante la agresión, perpetuando así los ciclos intergeneracionales de violencia.

Según Ana Teresa León Sáenz, autora del estudio y expresidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia, la violencia afecta directa e indirectamente a la niñez y adolescencia, pues si hay un problema de pobreza, una disfuncionalidad familiar y una comunidades con sicariato, violencia, narcotráfico se genera una “tentación gravísima” en los jóvenes.

¿Qué hacer? 

La autora plantea una serie de programas concretos, organizados en tres ejes. En el plano educativo y preventivo temprano propone las Cajas Cuna- un equipo básico y de acompañamiento para madres en pobreza extrema durante los primeros meses del bebé- las Bebetecas para capacitar a familias en estimulación temprana, y estrategias en conjunto con el MEP para evitar la exclusión escolar en secundaria.

En materia de prevención de riesgo, plantea un tamizaje de negligencia o maltrato al momento del nacimiento en coordinación con la CCSS, centros de intervención temprana y clubes de adolescentes en comunidades de alto riesgo, así como ampliar la cobertura de la Red de Cuido del 12% actual a entre un 15% y un 20% en cada provincia.

En el eje de atención y protección especial, propone consultorios familiares para conflictos que no requieren denuncia judicial, un plan de desinstitucionalización que traslade progresivamente a las personas menores de edad de los albergues hacia hogares solidarios, y la apertura de nuevas oficinas del PANI en cantones que hoy carecen de ellas.

A estas medidas suma tres recomendaciones institucionales: modificar la Ley de Control del Gasto Público para que la inversión en niñez no se trate como un gasto recortable, fortalecer al PANI en su rol rector, incluida la reactivación del Observatorio de la Niñez, y que las municipalidades asuman mayor responsabilidad en el financiamiento y diseño de políticas cantonales, en lugar de delegarlo todo al gobierno central.

El texto está disponible en la página web del INEINA, puede encontrarse aquí para descargas.