Instalaciones del Patronato Nacional de la Infancia. Foto: Kattia Alvarado / Semanario Universidad
Una comisión creada por el Gobierno de Noruega para investigar posibles irregularidades en las adopciones internacionales cuestionó la forma en que decenas de menores fueron declarados en estado de abandono en nuestro país antes de ser enviados en adopción al extranjero.
Las conclusiones forman parte de una investigación independiente sobre las adopciones internacionales realizadas hacia Noruega desde 1960 al 2024, período en el cual en ese país se realizaron 20.464 adopciones de menores provenientes de 36 países.
El estudio dedicó un capítulo completo a Costa Rica, pues entre 1975 y 1992, familias noruegas adoptaron a 101 niños con origen costarricense. Las adopciones se realizaban mediante la agencia Adopsjonsforum y en coordinación con el Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
La investigación determinó que la mayoría de los menores enviados a Noruega eran niños mayores (es decir, no había bebés), grupos de hermanos o menores con necesidades especiales. A diferencia de otras denuncias documentadas en América Latina, la comisión no encontró pruebas de que en ese periodo haya habido pagos ilegales, tráfico de menores o beneficios económicos indebidos vinculados directamente a las adopciones gestionadas por el PANI y la agencia noruega.
No obstante, el informe planteó que las autoridades noruegas nunca examinaron adecuadamente el proceso mediante el cual los menores eran declarados en abandono en Costa Rica y quedaban disponibles para ser adoptados en el extranjero.
Según el informe, durante esos años el PANI podía declarar administrativamente que un menor se encontraba en estado de abandono. Una vez emitida esa declaratoria, la institución asumía la representación del niño dentro del proceso de adopción y podía otorgar el consentimiento requerido para que la adopción avanzara, sin que la ley exigiera obtener la autorización de los padres biológicos.
La investigación planteó que muchos de los menores declarados en abandono provenían de familias pobres, hogares encabezados por madres solteras o familias que carecían de vivienda propia y recursos económicos suficientes. El propio informe citó documentos y especialistas de la época que asociaban los casos de abandono con situaciones de pobreza, baja escolaridad de los padres y dificultades para cubrir las necesidades básicas de los niños.
La comisión también entrevistó a una jurista costarricense especializada en derecho de familia y derechos humanos, quien sostuvo que durante las décadas de 1970 y 1980 existía dentro de las instituciones estatales la percepción de que la adopción era una solución frente a la pobreza y a los problemas sociales que enfrentaban algunas familias. Según dijo la especialista a esta comisión, el PANI contaba entonces con amplias facultades para decidir sobre estos casos y existían prejuicios hacia las familias de escasos recursos y las madres solteras.
Los investigadores recopilaron además testimonios de personas adoptadas y de madres biológicas que afirmaron que sus familias nunca abandonaron voluntariamente a los menores y que intentaron recuperarlos o mantener contacto con ellos.
Según la legislación costarricense vigente en ese momento, el consentimiento de los progenitores no era requerido cuando el menor había sido declarado oficialmente abandonado. El procedimiento debía incluir investigaciones sobre la situación familiar del niño, intentos de apoyo a la familia, la búsqueda de familiares que pudieran asumir su cuidado y la exploración de alternativas dentro de Costa Rica antes de considerar una adopción internacional.
Sin embargo, la comisión señaló que las autoridades noruegas nunca verificaron en profundidad cómo se desarrollaban esas evaluaciones ni si existían garantías suficientes para evitar separaciones indebidas de las familias biológicas. Los investigadores calificaron como criticable que Noruega autorizara las adopciones sin estudiar detalladamente el fundamento jurídico y la aplicación práctica de estos procedimientos.
La revisión de 33 expedientes, de 101 menores, mostró que 29 de los menores adoptados habían sido declarados previamente en estado de abandono mediante procedimientos administrativos. Ninguno de los expedientes examinados incluía a los padres biológicos como parte del proceso y la mayoría contenía información limitada sobre las familias de origen.
La comisión también analizó casos concretos que generan dudas sobre la rigurosidad de los procedimientos. En uno de los expedientes revisados, la recomendación para declarar abandonados a varios menores fue emitida apenas seis días después de que el PANI abriera el caso. Aunque se realizaron consultas a familiares y personas cercanas a los niños, los investigadores consideran que las valoraciones sobre la posibilidad de que asumieran la custodia no parecían particularmente exhaustivas.
El informe además recogió testimonios de personas adoptadas que posteriormente lograron localizar a sus familias biológicas en Costa Rica. Algunos de esos relatos plantean dudas sobre los procedimientos antes de ser enviados al extranjero. Incluso se menciona el caso de una persona adoptada por una familia noruega a finales de los años ochenta, la cual indicó cómo funcionarios del propio PANI habrían reconocido en una reunión realizada en 2023 que el procedimiento previo a la adopción parecía haber sido insuficiente y que no se hizo lo necesario para que permaneciera en Costa Rica.
Interferencia había publicado el caso de Sandra Vanessa Borhaug, una costarricense enviada a Noruega en adopción junto a sus hermanos en 1986. Décadas después Sandra logró reencontrarse con su madre biológica e inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon su salida de Costa Rica.
En 2026, las autoridades noruegas autorizaron que Sandra fuera adoptada legalmente como adulta por su madre biológica, luego de que la legislación de ese país no permitiera anular la adopción internacional.
Sandra Vanessa Borhaug junto a su madre biológica tras el proceso de reencuentro. (Foto para Interferencia)
Sandra señaló que utiliza su caso para cuestionar fallas estructurales del sistema de adopciones internacionales, especialmente cuando existen documentos incompletos, ausencia de consentimiento real de las familias biológicas o controles insuficientes.
También manifestó que su intención es que su historia se conozca más allá de Noruega, con la expectativa de que otras personas en situaciones similares puedan sentirse acompañadas y dar su testimonio.
La investigación también examinó el papel desempeñado por la representante de Adopsjonsforum en Costa Rica. Se trata de una mujer noruega radicada en el país, ya fallecida, y que actuó durante años como principal enlace entre la organización noruega y el PANI. Interferencia ya había publicado que esa mujer que fungía como enlace era Turid Helleseter de Delgado. Sus funciones incluían traducir documentos, coordinar trámites, gestionar expedientes, asistir a las familias noruegas durante los viajes de adopción y mantener contacto permanente con las autoridades costarricenses.
La investigación destacó que la intermediaria mantenía una relación estrecha con las autoridades encargadas de las adopciones en nuestro país. En 1982, Helleseter de Delgado integró una "comisión de apoyo" que incluía a altos funcionarios del PANI, entre ellos el presidente de la junta directiva de la institución, el director ejecutivo, el jefe del departamento de adopciones, coordinadores de hogares infantiles y representantes de organizaciones internacionales de adopción. El objetivo de este grupo era encontrar familias para niños considerados de difícil colocación.
Los investigadores señalaron además que la intermediaria recibía compensaciones económicas por su trabajo. Aunque inicialmente Adopsjonsforum informó a las autoridades noruegas que la representante no recibía salario, documentos posteriores, analizados por el comité Noruego, muestran que se le reembolsaron gastos relacionados con las adopciones y que, hacia finales de la década de 1980, percibió una remuneración adicional vinculada al número de adopciones concretadas anualmente.
El informe indicó que también obtuvo ingresos por la traducción de documentos de adopción y por alojar a algunas familias noruegas durante los viajes para recoger a los menores. Según los investigadores, aunque Helleseter de Delgado recibió compensaciones por su trabajo, estas no fueron consideradas desproporcionadas ni suficientes para concluir que existiera lucro ilegal dentro del sistema de adopciones hacia Noruega.
La comisión también advirtió que la representante operó con un amplio grado de autonomía y que la supervisión ejercida desde Noruega fue limitada. En varios documentos revisados por los investigadores, la propia intermediaria afirmó estar “presionando” a funcionarios del PANI para obtener asignaciones de menores para familias noruegas que se encontraban esperando una adopción. En una comunicación de 1992, incluida en la investigación, Helleseter de Delgado informó que se había reunido con autoridades del Patronato para “presionar aún más” con el fin de conseguir más menores en adopción.
La comisión no logró determinar que estas actuaciones constituyeron irregularidades ni que la intermediaria participó en actividades ilegales. Sin embargo, los investigadores plantearon que estos hechos demuestran la fuerte dependencia que existió de una sola persona para gestionar buena parte de los procesos de adopción entre Costa Rica y Noruega, así como la escasa supervisión que ejercieron tanto la agencia Adopsjonsforum como las autoridades noruegas sobre el proceso.
La investigación también cuestionó el manejo de la documentación de las adopciones al encontrar casos en los que documentos oficiales enviados por nuestro país fueron devueltos a las familias adoptivas sin que las autoridades noruegas conservaran copias completas de los expedientes. Según la comisión, esta situación dificulta que muchas personas adoptadas puedan reconstruir su historia familiar y conocer las circunstancias que rodearon su adopción.
La comisión consideró que las autoridades de ambos países fallaron en garantizar una supervisión suficiente sobre los procedimientos que llevaron a que decenas de niños fueran declarados en abandono y enviados al extranjero.
Para los investigadores, la principal debilidad del sistema no estuvo en la fase final de las adopciones, sino en las decisiones previas que determinaron que esos menores no podían permanecer con sus familias o dentro de Costa Rica. Esto provoca que varias décadas después muchas de esas decisiones continúan generando preguntas para las personas adoptadas y sus familias de origen.
