El Juzgado de Trabajo de Heredia anuló el despido de la exdirectora de la Dirección Nacional de Inspección (DNI) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Tatiana Gabriela Quesada Espinoza, tras determinar que su cese fue contrario a la ley pues la funcionaria estaba protegida por el fuero especial que ampara a las personas denunciantes de actos de corrupción. Pese a la orden judicial de reinstalarla de forma inmediata, Quesada denuncia que, más de dos semanas después de la sentencia, el Ministerio se ha negado a cumplirla.

En entrevista con Interferencia, Quesada —quien es hermana del actual diputado de oficialismo, Juan Manuel Quesada Espinoza— afirmó que su despido responde a una represalia por parte del ex viceministro de Trabajo, Alexánder Astorga Monge, actual director de despacho de la presidenta Laura Fernández y exasesor del expresidente y actual ministro de Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves. 

Quesada fue nombrada en la jefatura de la DNI, en un puesto de confianza, en febrero del 2024. Desde este cargo, según narró, le correspondía supervisar a todos los inspectores del país y velar por la protección de personas trabajadoras en condiciones especiales, como personas sindicalizadas o mujeres embarazadas.

De acuerdo con su relato, cuando ella ingresó a ese puesto, encontró “muchos nichos de corrupción” relacionados con inspectores y empresas. “Entonces, empecé a trabajar muy duro contra la corrupción. Presenté denuncias penales. Presenté 14 denuncias administrativas”, detalló.

Según afirmó, esas denuncias y otros hechos derivaron en tensiones con el entonces viceministro.  Quesada aseguró que Astorga llegó incluso a pedirle hacer cosas que ella consideró ilegales y que, estando ella incapacitada el año pasado, él promovió una campaña de desprestigio e incluso denuncias en su contra.

Al volver al trabajo, el 2 de junio del 2025, le notificaron su despido, con responsabilidad patronal, firmado por el entonces ministro Andrés Romero Rodríguez. En la carta de cese se indicaba que se requería un cambio de visión y gestión del personal y de relaciones interpersonales. 

Entonces acudió al Juzgado de Trabajo, el cual el 15 de julio de este año anuló el despido, ordenó el pago de salarios caídos y la reinstalación inmediata manteniendo las mismas condiciones laborales que tenía antes. La sentencia indica que la reinstalación debe efectuarse incluso si se interponen recursos de apelación. 

En la sentencia 2026001367, la jueza Melania Chacón Chaves concluyó que la funcionaria estaba protegida por el fuero especial desde el 7 de agosto de 2024 —fecha de su primera denuncia penal— y que el Ministerio no demostró haber seguido el debido proceso administrativo exigido para despedir a una persona aforada, independientemente de que ocupara un puesto de confianza, a pesar de que los jerarcas de la institución conocían de las denuncias administrativas y penales que ella había interpuesto.

La sentencia se fundamenta en la Ley 10.437, “Protección de Personas Denunciantes y Testigos de Actos de Corrupción contra Represalias Laborales”, la cual fue impulsada por el Poder Ejecutivo bajo la administración de Rodrigo Chaves Robles para proteger a quienes alerten sobre corrupción.

La jueza consideró llamativo que el Ministerio de Trabajo, “siendo un órgano rector que conoce sobre el debido proceso para emitir un despido cuando existe un fuero de protección”, justificara el despido sin seguir el procedimiento establecido en la legislación laboral.

Quesada narró que el pasado lunes 20 de julio se presentó al despacho del Ministerio de Trabajo a pedir su reinstalación, pero ese día, la ministra interina Stephanie Chandler Villalobos renunció y fue reemplazada por Mercedes Flores Badilla. Por eso, le pidieron asistir a una cita a la semana siguiente. Según su testimonio, en esa reunión la atendió la propia ministra con dos funcionarios más para indicarle que no la iban a reinstalar, porque no estaban de acuerdo con la sentencia y que solo le iba a pagar los salarios caídos. 

Quesada indicó que luego de que el Ministerio comunicó al Juzgado que sí había cumplido la sentencia, ella tuvo que aclarar que en realidad nunca la reinstalaron. El plazo para la reinstalación es de mes y medio.

Incluso, la procuradora Irene Bolaños Salas presentó una solicitud de adición y aclaración. Al responder, el Juzgado reiteró la orden de reinstalación. Bolaños trabaja actualmente como procuradora destacada en Casa Presidencial. 

Aunque en la sentencia no se acredita que Astorga impulsara su despido, la demandante sostiene que todo el caso corresponde a una “represalia” por parte de él por haberse negado a hacer actos que él le pedía y que ella consideraba corrupción.

Desde hace más de una semana, Interferencia consultó al Ministerio de Trabajo sobre este caso y los motivos por los que no se ha efectuado la reincorporación de la funcionaria, pero al cierre de edición, no ha habido respuesta. 

El exministro Romero no respondió llamadas ni mensajes dejados al celular a su nombre.

Se consultó al ex viceministro Astorga, quien rechazó todos los señalamientos en su contra y negó que él interviniera para despedir a Quesada. Afirmó que esa fue una decisión del jerarca Romero. También dijo que él no tiene detalles del proceso laboral porque no es parte, aunque a la vez comentó que tiene entendido que este proceso continúa porque hay recursos presentados.

Astorga indicó que él había pedido una investigación interna por denuncias que recibió contra la funcionaria, pero rechazó haber emprendido otras acciones en forma de represalia. Argumentó que Quesada no es denunciante sino testigo en un proceso penal donde más bien él interpuso denuncias por presunta corrupción. Sin embargo, en el proceso llevado en el Juzgado de Trabajo se acreditó que Quesada sí fue denunciante y que sus superiores tenían conocimiento de eso. 

Fuero de protección

Según Quesada, las denuncias que presentó en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción apuntaban a “un grupo de inspectores y unas jefaturas que protegían a ciertas empresas”, como compañías de servicios públicos o empresas que tienen contratos con el Estado. Sobre esto, prefirió no brindar más detalles debido a ser procesos judicializados. 

En la sentencia judicial de Trabajo, se indica que, el 7 de agosto, ella presentó una primera denuncia penal bajo el expediente 24-0000307-1218PE ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y que dicho expediente fue acumulado al 24-0000292-1218PE. La Procuraduría alegó que en este último, más bien el denunciante fue el entonces viceministro de Trabajo, Alexander Astorga Monge.

Quesada sostiene que sus denuncias y otros hechos ocasionaron los roces con Astorga. Describió un episodio en el que, según narró, el viceministro intentó forzarla a alterar los resultados de un concurso interno de jefatura.

“Él me quería obligar a que yo alterara los resultados de los exámenes y que nombrara a alguien que él quería, que ni siquiera había concursado. Y yo le dije que no, que eso era corrupción y que yo no iba a participar en esas cosas, que el concurso lo ganaba quien tenía la mejor nota”, recordó. 

Según contó, Astorga “se levantó furioso, golpeó la mesa, me gritó que él no era ningún corrupto, que lo que quería era tener el mejor personal en la institución. Y yo le insistí: 'Igual eso es corrupción, yo no lo voy a hacer'".

Quesada relató además que llevó estas inconformidades directamente al entonces ministro Andrés Romero Rodríguez. “En enero del año pasado yo le explico todo eso al ministro y le digo inclusive otras cosas, otras irregularidades que hay”. Según su versión, tras esa conversación el propio ministro le pidió disculpas en nombre del viceministro y le aseguró que las presiones no volverían a ocurrir, promesa que —según su relato— no se cumplió.

Detalló que, en marzo del año pasado, ella se incapacitó tres meses tras una cirugía. Según dijo, durante ese tiempo Astorga inició una campaña de desprestigio en su contra, cambió la nota de evaluación de desempeño a un funcionario al que ella había bajado la calificación por bajo desempeño y promovió denuncias de inspectores en su contra. 

“Ese funcionario (el de la evaluación) me denunció por hostigamiento y eso se declaró sin lugar porque eran medidas de control normales, yo lo evalúe con base en los resultados del sistema, no era ningún hostigamiento, más bien era lo correcto”, narró. 

Quesada afirmó que los roces con Astorga iniciaron desde antes. Por ejemplo, recordó que siendo él asesor de Rodrigo Chaves en Presidencia, se dio el caso de exmuelleros que pedían una indemnización. En ese momento ella era directora jurídica del Ministerio de Trabajo y emitió el criterio de que no se les podía pagar sin ley ordinaria. 

“Él se enoja mucho y me dice que el presidente no está de acuerdo con ninguna ley ordinaria, que yo tengo que buscar la forma de poderles pagar sin tener que ir a una ley ordinaria. Entonces yo le digo que no y que él no me podía dar ninguna instrucción (...) Me pegó cuatro gritos y me decía: ‘Es que usted no entiende las consecuencias políticas de eso.’ Entonces yo le dije, ‘Ah, tenemos las cosas claras. Usted es la parte política y la abogada aquí soy yo’. Entonces él empezó a pegarme gritos y el ministro tuvo que parar la reunión y ya yo me fui. Eso fue muy fuerte. Bueno, de hecho al final tuvieron que sacar una ley ordinaria, porque no había otra forma de pagarles. Él quería que yo me inventara una forma ilegal de pagarles y yo no le iba a pagar a nadie nada ilegal”.

En conversación telefónica con Interferencia, Astorga calificó de “falsas” las acusaciones en su contra. Rechazó haberle gritado y dijo que valoraría tomar acciones legales. 

Sobre modificación de evaluaciones al personal, indicó que en un caso él tuvo que “corregir” la nota de desempeño a un funcionario pero que lo hizo siguiendo el procedimiento debido. 

“Esa era una potestad que yo tenía como viceministro de revisar las evaluaciones de desempeño en alzada cuando un funcionaria pedía la revisión del superior y yo era el superior”, expresó. 

Astorga insistió en que Quesada no había hecho una denuncia formal por corrupción, aunque el Juzgado tuvo prueba de que sí. “Hubo una serie de consultas que ella hizo en su momento, inclusive estando incapacitada, por lo cual yo no se las podría contestar directamente y le hice llegar las aclaraciones respectivas a la persona que estaba en la Dirección Nacional de Inspección en ese momento. Sí durante la etapa que ella fue directora, en muchas ocasiones recomendó la apertura de órganos o investigaciones y todas se realizaron”, manifestó el ex viceministro de Trabajo. 

Sentar un precedente

Quesada relató que durante la reunión que sostuvo con la ministra y otros funcionarios en la que le indicaron que no sería reinstalada, se sintió muy humillada. 

"Fue una reunión humillante, yo lloré casi todo el tiempo", relató Quesada, quien afirma que su abogada, defensora pública, intervino por teléfono en la reunión para explicar que la sentencia no admite mayor interpretación: ordena la reinstalación y el pago de salarios caídos. 

Aunque asegura que ha sido un proceso desgastante incluso a nivel de salud, Quesada fue enfática en sus razones para continuar con el caso judicial. 

“La gente cree que pelear por sus derechos no vale la pena. La gente cree que el sistema no sirve, la gente cree que enfrentarse a un monstruo, como es el patrono, no vale la pena. Y yo quiero sentar un precedente. Yo quiero sentar un precedente que no solo es un patrono, es que es la procuraduría, es que es el Estado, es que es el mismo Ministerio de Trabajo el que está violentando los derechos, y es a quien yo me estoy enfrentando”, expresó.

Sobre la contradicción que percibe entre el discurso oficial y lo que ha vivido, agregó: “La ley es nueva, de hecho, la mía es la primera sentencia que hay en este tema (...) Cuando salió, el presidente Rodrigo Chaves la anunció con bombos y platillos porque ahora sí íbamos a tener gente que denunciara corrupción, sin miedo. Y bueno, a mí me pasa esto”.