Nayuribe Guadamuz tira denuncia incompleta sobre el alquiler del edificio de la Sala IV

Crítica de diputada oficialista

La diputada de Pueblo Soberano por la provincia de Guanacaste, Nayuribe Guadamuz, difundió a inicios de septiembre un comunicado en el que cuestionó que la “Sala Constitucional ha pagado más de US$12 millones por alquiler a empresa vinculada a hijos de donante del PLN”.

La legisladora señaló como propietaria del inmueble a la sociedad Direct Communication S.A., que es presidida por Paul Wedel Pacheco (presidente) y Mónika Wedel Pacheco (vicepresidenta). Ambos son hijos de Juan José Wedel Carazo, a quien Guadamuz describió como “donante” del Partido Liberación Nacional.

El mensaje de Guadamuz no contenía detalles de la donación o donaciones realizadas a ese partido. Igualmente, la crítica fue difundida por medios de comunicación como El Mundo CR, Trivisión, Impact Channel y NCR Noticias.

La televisora Impact Channel incluso entrevistó a la diputada sobre su cuestionamiento a la Sala el 7 de septiembre. En casi media hora de conversación, Guadamuz describió a Wedel Carazo como “financista” del PLN pero nunca detalló a cuánto ascendía ese financiamiento ni cuándo se dio. El presentador del espacio televisivo, Roy Chinchilla, no le pidió ninguno de esos detalles a la legisladora, pero aseguró que su denuncia echaba luz sobre “nexos”.

La legisladora también criticó el aumento del arrendamiento de ese inmueble en 2024, debido a una adenda que firmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia que elevó el alquiler de $102.000 a $122.000 por mes, a pesar de que, según ella, 110 trabajadores de la Sala tienen un esquema de jornadas mixtas (teletrabajo y presencial).

“Aquí algo no cuadra: pagamos más de $122.000 al mes por un edificio, pero una buena parte del personal pasa varios días trabajando desde la casa. ¿Entonces estamos pagando semejante alquiler para tener escritorios vacíos buena parte de la semana? Es una barbaridad y alguien tiene que explicárselo a los costarricenses”, afirmó Guadamuz.

Además, la oficialista reclamó que aún no se observan avances en el proceso de construcción del edificio propio de la Sala Constitucional. 

Una única donación de ₡250.000 en 2010

Nayuribe Guadamuz respondió a Doble Check que su crítica se basó en “los registros oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones”. El TSE documenta una única donación al PLN de la persona señalada por la legisladora, siete años antes del arrendamiento del edificio de la Sala Constitucional.

El padre de los arrendadores del edificio de la Sala, José Wedel Carazo, donó ₡250.000 al PLN en 2010 y ₡250.000 al Partido Curridabat Siglo XXI ese mismo año. El TSE indicó que no hay más donaciones antes ni después.

El TSE añadió que Wedel Carazo no registra la compra de certificados de cesión de deuda política.

Fallecido antes de que se firmara el contrato

Otro detalle que Guadamuz omite es que la persona que ella señala como donante del PLN falleció en 2013, mientras que la sociedad presidida por los hijos del difunto firmó el contrato de arrendamiento de la Sala Constitucional hasta 2017. 

Ante consultas de Doble Check, la Sala Constitucional negó haber primado relaciones personales o políticas en la adjudicación del contrato de arrendamiento. 

“

Ajuste por debajo de lo solicitado por el arrendador

La legisladora Guadamuz reclamó sobre el incremento en el alquiler por $20.000 desde el 2024. Ese aumento estuvo por debajo del monto que pedía la sociedad arrendadora. 

Según la Sala Constitucional, el contrato establecía una revisión del precio del alquiler cada tres años. La Corte Suprema rechazó aumentar el alquiler en la primera revisión del arrendamiento en 2020, pues aseguró que no se justificaba un incremento.

En 2023 hubo una nueva revisión: a pesar de que el arrendador pedía $138.474, un análisis técnico realizado por la Sección de Arquitectura e Ingeniería del Poder Judicial determinó que el monto razonable era de $122.496,89 mensuales, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

“Es decir, el Poder Judicial no aceptó el monto solicitado por la arrendadora y estableció un monto $15.977,37 menor, con fundamento en el estudio técnico del valor de mercado. La Sección de Arquitectura e Ingeniería determinó un valor de $27,26 por metro cuadrado, frente a los $30,81 por metro cuadrado que pretendía reconocer la empresa”, aseguró la Sala.

No todo lo paga la Sala

Otro punto que la legisladora Guadamuz cuestionó es la necesidad de pagar por un edificio con ese valor cuando los trabajadores de dicha institución no acuden siempre porque hacen teletrabajo varios días. 

La Sala se justificó indicando que “esta modalidad se aplica de acuerdo con las características de cada puesto y no significa que los funcionarios hayan dejado de utilizar las instalaciones ni que el edificio permanezca vacío”. 

“Los letrados, por ejemplo, comparten sus espacios de trabajo con personal técnico, que se organiza mediante turnos para garantizar la presencia física en la sede. Por ello, la cantidad de personas que trabajan bajo una modalidad híbrida no puede interpretarse como la cantidad de escritorios o espacios que permanecen desocupados”, añadió la Sala.

El tribunal también recalcó que en el edificio se ubica la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (Junafo), y que esa institución paga 14% del alquiler.

Sobre este punto, la diputada reconoció que sabía esta información brindada por la Sala Constitucional.