Fotografía: Presidencia de Costa Rica.
El caso de Crucitas plantea un debate entre la incertidumbre legal y el impacto socioambiental en la Zona Norte
José Andrés Corrales Rojas
jose.corralesrojas@ucr.ac.cr
DESTACADOS
El caso de Crucitas plantea un debate entre la incertidumbre legal y el impacto socioambiental en la Zona Norte
El programa Desayunos de Radio Universidad analizó la compleja realidad de Crucitas junto a especialistas de la Universidad de Costa Rica (UCR) y organizaciones civiles. Los expertos advierten sobre los severos riesgos de contaminación y cuestionan la viabilidad técnica del Proyecto de Ley 24.717 propuesto por el Poder Ejecutivo para subastar la explotación minera en la zona.
Minería descontrolada y daños ambientales
La problemática en el distrito de Cutris comenzó a agravarse tras la cancelación judicial de la concesión a la empresa Industrias Infinito en el año 2010. A partir de ese momento, la falta de controles efectivos propició oleadas de invasión por parte de mineros ilegales, conocidos como coligalleros. Según datos oficiales recopilados en el programa, la actividad clandestina pasó de cubrir 900 hectáreas a abarcar más de 3 mil hectáreas en la actualidad.
Este crecimiento desmedido implicó una transformación drástica en los métodos de extracción, transitando de técnicas artesanales a una explotación semiindustrial. A pesar de que el gobierno actual afirma invertir cerca de un millón de dólares mensuales en protección, la extracción ilícita persiste en el territorio.
El director de la Escuela de Geografía de la UCR, Pascal Girot describió las implicaciones directas de esta desarticulación institucional. “Estamos ante el peor de los escenarios, donde no hay minería industrial y hay un frente minero descontrolado que está generando un escenario peligroso tanto para la salud pública como para el ambiente”, explicó.
Proyecto de Ley 24.717
Frente a este escenario, el oficialismo promueve el expediente 24.717 para permitir la minería a cielo abierto exclusivamente en el distrito de Cutris. La iniciativa propone que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) subaste la concesión a firmas extranjeras bajo un esquema de regalías mínimas del 5%. No obstante, los analistas invitados coinciden en que este proyecto posee profundas lagunas legales y económicas.
El geólogo y geoquímico de la UCR con amplia experiencia en la zona, Alejandro Arauz, apuntó que la propuesta gubernamental resulta altamente especulativa.
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“Están subastando algo que es muy especulativo porque el último estudio de factibilidad se hizo en el 2008 y ya las condiciones han cambiado tremendamente”, manifestó.
Entre 2017 y 2019, la Dirección de Geología y Minas estimó que se saquearon 150 mil onzas de oro de un total de reservas calculadas originalmente en dos millones de onzas. En la actualidad, el Estado desconoce el valor real del yacimiento y el impacto del robo continuado sobre el recurso remanente. Asimismo, los expertos recalcan que el modelo entrega el 95% de las riquezas a corporaciones internacionales, dejando un margen mínimo de ganancia local.
Como alternativa, Arauz recomendó sustituir el proceso de subasta al mejor postor por una licitación pública estructurada, tomando como referencia el modelo de República Dominicana. Dicho proceso exigiría fortalecer primero las capacidades institucionales fiscalizadoras y evaluar de forma integral los planes mineros, de gestión ambiental y de relaciones comunitarias.
Un llamado al desarrollo sostenible y la responsabilidad estatal
El debate legislativo actual no es uniforme y cuenta con visiones contrapuestas en el plenario. Por un lado, agrupaciones como el Frente Amplio presentaron una propuesta alternativa para mantener la prohibición absoluta de la minería a cielo abierto. Dicha iniciativa busca, en su lugar, la creación de un polo de desarrollo sostenible en la Región Huetar Norte.
El representante de FORTECH Costa Rica, Guillermo Pereira enfatizó la dimensión ética que envuelve esta problemática territorial. “Crucitas nos expone a una contradicción ética; no se enorgullece el relato internacional de Costa Rica de una sociedad verde sostenible, de paz social”, afirmó el ingeniero.
Por su parte, la abogada especialista en derecho ambiental y presidenta de la Asociación ARTES-Justeco, Ligia María Umaña Ledesma insistió en la urgencia de demandar acciones concretas al Poder Ejecutivo. “Hay que llamar al orden al poder ejecutivo para efecto de que responda como debe y que dé la respuesta que esa zona necesita”, aseveró la especialista.
En contraparte, el PLN propuso la tokenización del oro que consiste en la certificación digital del oro existente en las fincas mediante tokens, los cuales serían comercializados en el mercado internacional, siguiendo precedentes de vecinos en la región como los implementados en Brasil.
La complejidad del conflicto demanda ir más allá de las soluciones simples o los discursos de premura política. El presidente del Parlamento Cívico Ambiental de la Asamblea Legislativa, Bernardo Aguilar González puntualizó que "el proyecto 24.717 no debería estar como una condición para efectos de resolver el problema de calidad de vida" de los habitantes.
La fracción de gobierno aceptó la solicitud de la oposición para sostener una reunión este viernes 26 de junio. El objetivo de esta cita es analizar las alternativas técnicas y definir un camino consensuado entre los proyectos vigentes para el futuro de Crucitas.
El análisis de esta situación apunta, según los expertos, a una encrucijada que obliga a la sociedad costarricense a reflexionar sobre la coherencia de sus políticas de desarrollo y conservación. Lo anterior, porque construir una salida duradera requiere de un diálogo serio, amparado en criterios técnicos sólidos que garanticen la justicia social y la protección de los recursos naturales del país.