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El OIJ necesita abrir oficinas. Chaves ofreció fondos inaccesibles de un fideicomiso

DOBLE CHECK 12 de octubre del 2026

El OIJ necesita abrir oficinas. Chaves ofreció fondos inaccesibles de un fideicomiso

Darío Chinchilla

doblecheck@ucr.ac.cr

En resumen: Rodrigo Chaves presentó falsamente el fideicomiso inmobiliario del Poder Judicial con el Banco de Costa Rica (BCR) como la solución a la falta de recursos para abrir tres oficinas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en 2027. El ministro de Hacienda y Presidencia también exageró el supuesto dinero disponible y confundió las necesidades: el OIJ requiere personal, alquileres y equipo para instalarse en inmuebles alquilados, mientras los fondos del fideicomiso están destinados a la adquisición de infraestructura.

El ministro hizo esas afirmaciones el 19 de agosto al responder una consulta sobre el presupuesto del Poder Judicial. Chaves aludió a una noticia publicada ese día por CRHoy, en la que el director del OIJ, Michael Soto, advertía sobre la falta de recursos para abrir oficinas en Puerto Jiménez, Cabo Velas y La Cruz. Chaves dijo que el Poder Judicial tenía $600 millones en un fideicomiso de infraestructura y describió esos recursos como “plata contante y sonante, líquida”. “Es un montón de dinero para que no puedan construir tres delegacioncitas del OIJ”, dijo. 

El OIJ no estaba planteando construir tres edificios. Su plan era abrir oficinas en locales alquilados, con personal y equipo para ponerlas a funcionar, explicó el OIJ a Doble Check.

El fideicomiso tampoco tenía el dinero que Chaves le atribuyó. Al 31 de julio de este año, sus estados financieros registraban $90,8 millones en efectivo, al tipo de cambio de esa fecha. Eso es menos de una sexta parte de los $600 millones que el ministro mencionó inicialmente. Los edificios y las obras en proceso también formaban parte de los activos del fideicomiso, pero no son la “plata contante y sonante, líquida” de la que habló el jerarca.

El fideicomiso tampoco es una bolsa de dinero para cubrir cualquier gasto del Poder Judicial, ni siquiera para construir cualquier edificio. Sus fondos están destinados a 17 proyectos de infraestructura acordados con el BCR y a las obligaciones asociadas a su desarrollo y operación. Tener efectivo en esas cuentas no significaba que pudiera usarse libremente en otras construcciones o en personal, alquileres y equipo que necesitan las tres oficinas del OIJ.

Chaves hizo esa afirmación en medio de la disputa presupuestaria entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Doble Check está verificando declaraciones sobre este tema emitidas durante los últimos meses. Para este chequeo, el Poder Judicial y el OIJ respondieron las consultas de Doble Check. Al cierre de esta publicación, Hacienda y Casa Presidencial no habían contestado las solicitudes de aclaración.

Chaves reaccionó a reclamo presupuestario

En la conferencia semanal de Casa Presidencial del 19 de agosto, un periodista de Trivisión le preguntó a Rodrigo Chaves si el Poder Judicial le había “torcido el brazo” respecto al presupuesto. El ministro defendió los recortes que el Ejecutivo proponía al presupuesto vigente de 2026 y dijo que el Poder Judicial tenía “600 millones de dólares en un fideicomiso para infraestructura”.

En esa misma respuesta, Chaves aludió a una noticia publicada aquel día por CRHoy titulada “Gobierno negó recursos al OIJ para abrir delegaciones en zonas sensibles al narco”. En ella, el medio llamó la atención sobre la falta de recursos para abrir oficinas del OIJ en Puerto Jiménez (Puntarenas), Cabo Velas y La Cruz (Guanacaste). La nota explicaba que Hacienda había bloqueado fondos aprobados para nuevas plazas, alquileres y vehículos. El director del OIJ, Michael Soto, señaló la necesidad de tener investigadores en esas zonas.

Chaves presentó ese reclamo como una necesidad de construcción. “Vea, y hoy sale CRHoy diciendo que el OIJ, Michael Soto, que el gobierno le niega recursos para construir, creo que en Puerto Jiménez y en otras tres localidades”, dijo, sumando equivocadamente una oficina. Luego, Chaves retomó la cifra del fideicomiso: “600 millones de dólares de plata contante y sonante, líquida, es un montón de dinero para que no puedan construir tres delegacioncitas del OIJ”.

El monto cambió durante su intervención. Aunque primero atribuyó $600 millones al fideicomiso, después mencionó $700 millones y, tras una corrección de la presidenta Laura Fernández, aceptó $771 millones: “771, sí, señora, tiene razón”. No explicó cuáles cuentas comprendían esas cifras ni por qué había elevado el monto.

 

Abrir oficinas no es lo mismo que construir edificios

Chaves respondió a un problema operativo con una solución de construcción. El OIJ necesitaba personal, alquileres y equipo para abrir tres oficinas en locales arrendados. Su reclamo no era por dinero para levantar las “tres delegacioncitas” de las que habló el ministro, sino para poner investigadores a trabajar en esas zonas.

Mauricio Fonseca, jefe de Administración del OIJ, confirmó a Doble Check que el plan contempla alquilar los locales. “La previsión presupuestaria se formuló bajo un esquema de arrendamiento de inmuebles, no mediante la construcción de nuevas edificaciones”, precisó. En el requerimiento para 2027, las tres oficinas suman 76 plazas: 24 en La Cruz, 32 en Cabo Velas y 20 en Puerto Jiménez, dijo el jerarca.

El OIJ ya había recibido una aprobación presupuestaria que al final no pudo ejecutar. Según Fonseca, las plazas previstas para 2026 tenían el aval de la Asamblea Legislativa, pero Hacienda comunicó que no giraría los fondos. Un oficio del 19 de diciembre de 2025 excluyó de la programación financiera ₡8.688 millones del presupuesto del Poder Judicial. La medida comprendía recursos para el OIJ y otras dependencias, no solo las tres oficinas. “La aprobación legislativa del presupuesto no se tradujo finalmente en disponibilidad efectiva para su utilización”, explicó.

El OIJ solicitó nuevamente financiamiento para las aperturas en 2027. Fonseca estimó un costo de aproximadamente ₡2.400 millones, incluidos ₡250 millones para alquileres. El requerimiento presupuestario general contempla ₡511,7 millones para 25 vehículos, sin distribuirlos entre las tres sedes. Algunos gastos agrupan necesidades de varias oficinas, así que el detalle suministrado no permite asignar un costo específico a cada una.

 

Dinero del fideicomiso no se puede invertir en cualquier cosa

El fideicomiso del Poder Judicial con el BCR sí tiene dinero en efectivo. Eso no lo convierte en una caja chica para resolver cualquier faltante del Poder Judicial. 

Esos recursos financian los proyectos de infraestructura acordados con el Banco de Costa Rica y las obligaciones asociadas. Chaves no distinguió entre la existencia de esos fondos y su disponibilidad para atender el reclamo del OIJ.

Un fideicomiso es un contrato de administración de bienes o dinero para un propósito definido, como la construcción de un edificio. Los recursos forman un patrimonio separado y su administrador los utiliza conforme a las condiciones pactadas. En el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, la institución aporta los fondos, mientras que el BCR los administra como fiduciario y recibe honorarios.

El contrato contempla financiar, diseñar, construir y adquirir inmuebles, además de equipar y poner en operación las instalaciones. Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, explicó a Doble Check que el instrumento comprende una cartera de 17 proyectos; los fondos se acumulan para esas obras. “Eso ya pasó a formar parte del patrimonio del fideicomiso”, señaló. Una vez trasladados, los recursos “solamente se pueden dedicar a los fines del fideicomiso”.

Según Romero, una parte de los aportes al fideicomiso procede de ahorros identificados durante el año; por ejemplo, cuando una compra cuesta menos de lo previsto, o cuando el tipo de cambio favorece a la institución o cuando una contratación no se concreta. El Poder Judicial revisa primero sus necesidades de operación y después traslada los saldos al fideicomiso mediante modificaciones presupuestarias.

La institución busca reducir el gasto futuro en alquileres con edificios propios. Los aportes también disminuyen el financiamiento requerido para las obras y las cuotas que la institución debe pagar cuando reciba los edificios. “Si nosotros cumplimos con un aporte de un monto, la cuota […] va a ser menor”, dijo Romero.

Ese ahorro tiene un destino fijo: “No es que yo pueda coger la plata del fideicomiso para otra cosa”, afirmó la jerarca. El contrato puede modificarse por acuerdo entre el Poder Judicial y el banco, mediante adendas que requieren refrendo de la Contraloría cuando los cambios son importantes. Esa posibilidad no significa que el dinero esté disponible de inmediato para otras obras o para poner a funcionar las tres oficinas del OIJ, como sugirió Chaves.

Mauricio Fonseca, jefe de Administración del OIJ, resumió la consecuencia práctica: “No resulta jurídicamente correcto equiparar la existencia de recursos en el fideicomiso con disponibilidad presupuestaria para financiar la operación ordinaria de nuevas oficinas del OIJ”. Los salarios y demás gastos recurrentes necesitan recursos habilitados específicamente para ello.

 

El fideicomiso no tiene tantos millones líquidos

El dinero disponible del Poder Judicial en su fideicomiso con el BCR creció durante la respuesta de Chaves. El saldo real del fideicomiso, no. Los estados financieros públicos permiten distinguir las cifras que mencionó el ministro del efectivo que realmente tiene ese instrumento financiero.

Al 31 de julio de 2026, el fideicomiso registraba ₡41.274,4 millones en efectivo, equivalentes a $90,8 millones al tipo de cambio de ese día. De ese total, ₡37.607,1 millones estaban en Caja Única para proyectos preoperativos; el resto se distribuía entre cuentas vinculadas a la operación de los Tribunales de Justicia de Puntarenas y garantías de proveedores. Los edificios y las obras en proceso también figuraban entre sus activos, pero no eran dinero líquido.

Chaves atribuyó $600 millones a “un fideicomiso para infraestructura” en la conferencia del 19 de agosto. Describió esa suma como “plata contante y sonante, líquida” y cuestionó la falta de delegaciones del OIJ. Después, mencionó $700 millones. Laura Fernández lo corrigió y el ministro aceptó $771 millones. Chaves no explicó qué cuentas usó para divulgar esas cifras.

La Nación había señalado una exageración similar el 11 de agosto. Una nota del diario examinó la cadena nacional del 9 de agosto en la que Laura Fernández reprochó al Poder Judicial por guardar millones de dólares en un fideicomiso. La pantalla mostró $700 millones. El diario contrastó esa cifra con un estado de cuenta de Caja Única: ₡37.644 millones, una cifra equivalente a $82,9 millones.

Ese saldo y los $90,8 millones calculados por Doble Check corresponden a mediciones distintas. La Nación utilizó una cuenta de Caja Única. Doble Check calculó el efectivo total del fideicomiso al cierre de julio, según sus estados financieros. Ninguna de estas referencias respalda los cientos de millones de dólares que el Ejecutivo atribuyó al instrumento financiero.

La Nación publicó una explicación de la cifra en otra nota, publicada el 20 de agosto. Según el diario, Presidencia sumó cuatro rubros reportados por el BCR: ₡309.191,9 millones en intereses de depósitos judiciales; $947,32 en garantías de contratación; ₡37.644,3 millones del fideicomiso; y ₡5.074 millones del Fondo de Emergencias. La mayor parte de esos recursos pertenecía a terceros, y los demás fondos tenían usos restringidos. La suma no representaba el saldo del fideicomiso.

Doble Check confirmó la diferencia entre el efectivo registrado y el monto atribuido por Chaves, aunque no ha confirmado cómo es que el Ejecutivo construyó el dato. Por eso, Doble Check le solicitó a Casa Presidencial el desglose de las cifras y sus documentos de respaldo. También, se pidió el fundamento de la supuesta disponibilidad para construir las oficinas del OIJ, y se preguntó si los montos incluían dinero de terceros, como dijo La Nación, y si el Gobierno mantenía sus cifras e interpretación.

Doble Check también consultó al Ministerio de Hacienda sobre los saldos, las condiciones de giro y el uso del fideicomiso para otras necesidades. Hasta el momento, ninguna de las dos instituciones ha contestado.