En resumen: Una campaña contra la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) distorsiona los alegatos del caso Beatriz vs. El Salvador al calificarlo de “falso”. El caso, basado en presuntas violaciones a los derechos humanos de una joven en 2013, denuncia que el Estado salvadoreño le negó el aborto durante un embarazo de alto riesgo, lo que habría puesto en peligro su vida. La campaña promovida por grupos antiaborto sobresimplifica el caso al afirmar erróneamente que los alegatos se centran en la muerte de la joven, que ocurrió en un accidente de tránsito en 2018.
Esa distorsión ha sido replicada en Costa Rica por diputados de Nueva República y por Shirley Díaz, exdiputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y presidenta del Frente Nacional por la Vida. La campaña también cuenta con anuncios publicitarios en San José que invitan a acceder a un sitio web que niega los méritos del caso Beatriz y cuestiona la independencia de la Corte IDH.
Los detractores del caso enfocan su mensaje en la muerte de Beatriz en el 2018. Sin embargo, la controversia ante la Corte se ocupa principalmente de la presunta responsabilidad del Estado salvadoreño por hechos ocurridos en el 2013, por denuncias de violaciones al derecho a la vida y la salud, alegatos de tortura y trato inhumano, y la falta de claridad legal que, según los peticionarios, expuso a Beatriz a riesgos innecesarios.
Doble Check conversó con Shirley Díaz; su organización, el Frente Nacional por la Vida, es responsable de la publicidad que siembra dudas sobre el caso. A pesar de sus afirmaciones en foros públicos, Díaz negó que su organización afirme que el caso Beatriz sea falso, sino que plantea la duda e invita a visitar el sitio web que niega los méritos del caso. Doble Check intentó comunicarse con representantes de Global Center for Human Rights, responsables del sitio web, pero no hubo respuesta.
¿Qué es el caso Beatriz vs. El Salvador?
Beatriz es el pseudónimo de una joven salvadoreña que vivía en pobreza, que era madre de un niño y que, en 2013, enfrentó un segundo embarazo de alto riesgo por su historial médico. La joven padecía lupus eritematoso sistémico y otras complicaciones de salud que, según sus representantes legales, comprometían gravemente su vida. Además, los médicos determinaron que el feto tenía anencefalia, una malformación incompatible con la vida fuera del útero.
Aunque médicos recomendaron interrumpir el embarazo a las 13 semanas para proteger su vida, Beatriz se vio obligada a continuar con la gestación debido a la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, vigente desde 1998. Su defensa legal presentó un amparo ante la Sala Constitucional para permitir el procedimiento, pero la solicitud fue rechazada.
Los médicos realizaron una cesárea a las 26 semanas, que tuvo complicaciones de hemorragia, y el bebé falleció a las pocas horas de nacida, tal como estaba previsto. Beatriz sobrevivió pero su salud quedó aún más deteriorada, alegan su madre y su representación legal. El Estado salvadoreño disputa ese señalamiento.
En 2013, la representación legal de Beatriz presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar la falta de resguardo de sus derechos por parte del Estado. La CIDH es una primera instancia que evalúa los casos presentados, determina si existen violaciones a los derechos humanos y, si es necesario, los remite a la Corte IDH para su resolución.
Estos antecedentes se desprenden de informes de la Corte IDH, de la CIDH y de la audiencia del caso.
En 2018, Beatriz falleció en un accidente de tránsito, pero su madre continuó con el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Tras años de estudio e intercambios con el Estado acusado, la CIDH concluyó que El Salvador vulneró varios derechos de Beatriz, incluidos el derecho a la vida, la salud, la igualdad y la protección judicial, según la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, la Comisión determinó que el Estado incumplió sus obligaciones para prevenir y sancionar la tortura y la violencia contra las mujeres. Así, la CIDH decidió elevar el caso ante la Corte IDH en el 2022.
La audiencia pública sobre el caso de Beatriz se efectuó el 22 y 23 de marzo del 2023 en la sede de la Corte IDH en Costa Rica. El Estado salvadoreño alegó que el acompañamiento médico de Beatriz fue apropiado y que la interrupción de su embarazo era más riesgosa para su salud. También, el Estado señaló la inconveniencia de cambiar su marco penal, que ha sido considerado por Amnistía Internacional como uno de los más restrictivos del mundo.
Campaña antiaborto por caso Beatriz
Ante la posibilidad de que los jueces de la Corte IDH deliberaran sobre el caso de Beatriz en noviembre del 2024, un grupo llamado Frente Nacional por la Vida organizó una caminata hacia la sede de la Corte el pasado 10 de noviembre en San José. Además, el grupo colocó publicidad en autobuses y vallas publicitarias con mensajes como “jueces: no se dejen utilizar por la industria abortista”, y “¿quieren legalizar el aborto con un caso falso?”. Estos mensajes también dirigían al sitio web casobeatriz.org, donde se invita a firmar una petición dirigida a la Corte.
Dicho sitio, creado por el Global Center for Human Rights, con sede en Estados Unidos según su propia descripción, afirma que el caso Beatriz vs. El Salvador es un montaje fabricado por la “industria abortista” para legalizar el aborto en la región. Sin aportar evidencia concreta, la plataforma sostiene que Beatriz fue manipulada y que el Estado salvadoreño brindó la atención médica adecuada a la joven. El sitio también indica que “varias fake news relacionan su muerte a la prohibición del aborto, lo cual carece de todo fundamento”.
El sitio web ha pasado por varias actualizaciones desde su lanzamiento en 2023. La versión más reciente, de octubre de 2024, intensifica la campaña de presión contra la Corte IDH. La última versión incluye una carta abierta que describe el caso Beatriz como un “fraude” y señala supuestos conflictos de interés entre los peticionarios y el financiamiento de la Corte. Además, insta a los jueces a emitir un fallo que mantenga la prohibición absoluta del aborto en El Salvador, argumentando que cualquier flexibilización de la ley socavaría la soberanía de los Estados y los derechos de los no nacidos.
Las afirmaciones contenidas en casobeatriz.org son idénticas a los mensajes replicados por políticos y activistas en Costa Rica para desacreditar una posible sentencia contra el Estado salvadoreño.
Simplificación de un caso complejo
Los grupos antiaborto afirman que el caso Beatriz es “falso” al centrarse en la muerte de la joven en 2018. En realidad, las acusaciones del caso se enfocan en presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en 2013, cuando se le negó un aborto terapéutico durante un embarazo de alto riesgo.
En audiencia, las representantes de Beatriz afirmaron que la negativa del Estado salvadoreño a permitirle un aborto terapéutico en 2013 puso en grave peligro su vida, agravada por su condición de salud y su situación de exclusión social. La denuncia incluye alegatos de violaciones al derecho a la vida y la salud, tortura y trato inhumano. La acusación también señala que la falta de claridad en la legislación expone a las personas a riesgos innecesarios. Según los peticionarios, el temor a enfrentar procesos penales disuade al personal médico de realizar abortos cuando son médicamente justificados.
La defensa sí hizo referencia al fallecimiento de Beatriz, aunque fue solo uno de los alegatos del caso. La representación de Beatriz afirmó que, “de acuerdo con el peritaje clínico, es posible que la demora en la interrupción del embarazo haya tenido alguna consecuencia en este desenlace”. Esa afirmación fue magnificada por los activistas antiaborto.
Otro argumento recurrente es que Beatriz fue manipulada por grupos a favor del derecho al aborto, aunque no se presenta evidencia al respecto. Beatriz presentó el caso ante la CIDH y, hasta su muerte en 2018, mantuvo su denuncia. Un video de Beatriz que fue grabado en 2013, con su identidad protegida, fue presentado en la sesión ante la Corte IDH del 2023: en el video, ella le pide al Gobierno salvadoreño que permita la interrupción de su embarazo. El testimonio de la madre de Beatriz durante esa misma sesión reafirma su voluntad.
Gisela de León, directora jurídica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), una de las organizaciones litigantes a favor de la presunta víctima, afirmó que la madre de Beatriz es el “motor” detrás del caso.
“Ella, lo que quiere es reivindicar el nombre de su hija y hacer que el caso sirva para que otras mujeres no pasen por lo mismo que pasó Beatriz”, afirmó a Doble Check.
La defensa de la joven quiere demostrar que sus derechos fueron violados. Además, busca la despenalización del aborto en El Salvador cuando este sea el tratamiento médico apropiado según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para salvar la vida y proteger la salud y la integridad de las mujeres.
Shirley Díaz se distancia de campaña
Diputados del partido Nueva República y activistas antiaborto, como Shirley Díaz, han calificado el caso Beatriz de “mentiroso” y cuestionan su fundamento al centrarse en la muerte de la joven en 2018. Aunque sus declaraciones coinciden con el mensaje de casobeatriz.org, Díaz intentó distanciar a su grupo de las afirmaciones promovidas por la organización extranjera que es responsable del sitio web.
Shirley Díaz, exdiputada y presidenta del Frente Nacional por la Vida, dijo que “los grupos abortistas alegan que Beatriz murió porque no había tenido un aborto en su momento”. Eso lo afirmó en una entrevista con el medio La Reacción el 8 de noviembre. Díaz ha repetido lo mismo en otros medios y espacios públicos.
En entrevista con Doble Check, Díaz insistió en que el caso Beatriz “afirma que la mujer muere por la ausencia de un aborto”, pese a que los alegatos se concentran en presuntas violaciones a los derechos humanos en 2013. Al ser confrontada con esa precisión, Díaz evitó profundizar y se limitó a referirse al sitio web de la campaña. “Bueno, nosotros lo que hacemos es referencia a la página del caso Beatriz, y yo creo que en eso es lo que versa la posición del Frente Nacional. La gente puede revisar el caso, ahí está toda la información; y la gente, pues, llega a su propia conclusión conforme al estudio que hace del caso”, expresó Díaz.
El sitio web destaca que “quieren legalizar el aborto con un caso falso”, al lado de fotografías de los miembros de la Corte IDH. Shirley Díaz dijo que el Frente Nacional por la Vida solo pretende hacer una pregunta, por lo que añadió signos de interrogación a esa frase en una de las vallas publicitarias que el grupo pagó en las cercanías de la Corte IDH.
Al ser consultada sobre las acusaciones contra la Corte IDH, Díaz atribuyó la responsabilidad a la organización responsable de casobeatriz.org. Cuando se le preguntó si había firmado la carta de peticiones a la Corte, que califica el caso como fraudulento y acusa al tribunal de tener conflictos de interés, respondió que no lo recordaba con certeza. El Frente Nacional por la Vida publicó en Facebook imágenes de las cartas con el sello de recibido por parte del tribunal.
La narración de la campaña contra el caso de Beatriz también ha sido replicada en la Asamblea Legislativa costarricense. El diputado de Nueva República, José Pablo Sibaja, repitió el 18 de noviembre las mismas afirmaciones del sitio web del GCHR. Después de referirse a las circunstancias de la muerte de Beatriz, el congresista expresó: “Es absurdo que ahora se pretende utilizar su historia, e incluso después de su muerte, para justificar un falso argumento de que murió porque no se le habría practicado un aborto”.
Su compañero de bancada y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado, repitió los mismos argumentos en un acto público en la Asamblea. El diputado anunció entonces que presentaría una moción para solicitarle a Casa Presidencial la salida de Costa Rica del Sistema Interamericano de Derechos Humanos si la Corte IDH falla en contra de El Salvador. La moción fracasó el 2 de diciembre.
Doble Check envió solicitudes de clarificación a los diputados Alvarado y Sibaja, pero no se obtuvo respuesta oportuna. Doble Check también solicitó información por correo electrónico a Sebastián Schuff, presidente del Global Center for Human Rights; y a Neydy Casillas, la vicepresidenta de asuntos internacionales, pero tampoco hubo respuesta.
Corte IDH ante campaña de desprestigio
En respuesta a las consultas sobre la campaña promovida por grupos antiaborto en torno al caso Beatriz vs. El Salvador, la Corte IDH invitó a un “debate informado sobre el objeto real del caso”. El tribunal valoró el interés de la opinión pública y el ejercicio de la libertad de expresión, pero enfatizó la necesidad de evitar desinformación que distorsione la comprensión de los derechos humanos y la democracia.
Sobre los criterios para aceptar el caso Beatriz, la Corte aclaró que no elige los casos que recibe, sino que tiene la obligación de deliberar sobre las denuncias que eleva la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a petición de las víctimas o los Estados. Una vez presentado un caso, la Corte debe resolver los alegatos presentados por las partes, tal como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos.
La Corte negó recibir apoyo económico de organizaciones privadas. La Corte señaló que sus ingresos provienen exclusivamente de fuentes auditadas de manera independiente: el Fondo Regular de la Organización de Estados Americanos (71,27%), contribuciones voluntarias de Estados miembros (1,81%), y proyectos de cooperación internacional (26,85%). Además, destacó que la transparencia de sus recursos puede verificarse en sus informes anuales.
Sobre este punto, la presidenta de la Corte, Nancy Hernández López, había expresado a inicios de este año:
“La Corte Interamericana no recibe contribuciones que vayan dirigidas a favorecer temas o países determinados. Muchas veces he escuchado con total preocupación voces señalando que la Corte recibe financiamiento con intereses impuestos por el donante o que el donante es quien maneja la agenda de la Corte. Esto es absolutamente falso”, dijo la jueza.
Gisela de León, abogada de derechos humanos en el CEJIL, afirmó que, en sus dos décadas de experiencia ante el Sistema Interamericano, nunca había presenciado una campaña de desprestigio de tal magnitud como la que rodea el caso Beatriz.
*La asistente de investigación de Doble Check, Ericka Alvarado, colaboró en el monitoreo de afirmaciones sobre el caso Beatriz vs. El Salvador en la Asamblea Legislativa de Costa Rica.