En resumen: Juan Diego Castro, abogado y asesor del Gobierno para someter a referendo el proyecto de Ley Jaguar, difundió falsedades de la autoría de la consulta de constitucionalidad que la Contraloría General de la República (CGR) presentó sobre esa iniciativa.
El abogado cuestionó en Trivisión y en redes sociales que esa consulta de constitucionalidad fue elaborada por María Fernanda Castillo Calvo, cuyo padre es el magistrado constitucional, Fernando Castillo. Según Castro, esa abogada se convirtió “sigilosamente” en “la tercera que manda” en la Contraloría después de trabajar en Casa Presidencial por años, y añadió que ella fue quien redactó “todo ese documento, en buena parte”. Todo eso es falso.
Es falso que la consulta enviada por la Contraloría a la Sala Constitucional la haya redactado una sola persona. La CGR aclaró a Doble Check que la consulta fue elaborada por un equipo de siete funcionarios de las divisiones de Asesoría Jurídica, Contratación Pública y Fiscalización Operativa y Evaluativa, incluyendo a los gerentes de cada área.
Por otro lado, es cierto que el magistrado y presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, se inhibió en la consulta hecha por la Contraloría sobre el proyecto de Ley Jaguar porque una de sus hijas participó en su formulación. Sin embargo, Juan Diego Castro confundió a la funcionaria que está señalando.
La Contraloría negó que María Fernanda Castillo Calvo labore para esa institución. Parece que Juan Diego Castro la confundió con su hermana, Vivian Castillo Calvo, quien es fiscalizadora de la División Jurídica de la CGR desde el 2013. Vivian Castillo Calvo fue parte del grupo de la CGR que elaboró la consulta a la Sala.
Además, es falso que Vivian Castillo Calvo ostente el tercer cargo con más poder en la Contraloría. El puesto de Castillo Calvo no está ligado al despacho de la contralora, y su jefa inmediata es Rosa Fallas lbáñez, Gerente Asociada de la División Jurídica.
Doble Check le pidió a Juan Diego Castro el sustento de sus críticas por medio de mensajes al correo electrónico de su bufete y a su perfil de Facebook. El abogado no respondió las consultas directamente.
Después de la publicación de este chequeo, el 17 de julio, Castro dijo en una transmisión en su perfil de Facebook que cometió un “lapsus de nombres” al increpar a la abogada Castillo, pero no se refirió al resto de alegaciones que hizo sobre la funcionaria y la consulta constitucional.
Consulta de CGR e inhibición
La Contraloría General de la República (CGR) anunció el 5 de julio que presentó una consulta de constitucionalidad sobre el proyecto de ley 24.364, conocido como Ley Jaguar. La Administración Chaves Robles impulsa un referendo para la aprobación de ese proyecto, el cual incluye reformas a la ley orgánica de la Contraloría.
La CGR le pidió a la Sala Constitucional “que se analice en su conjunto la constitucionalidad de las reformas propuestas y se advierta de los graves vicios que imposibilitan que sea sometida a referéndum”. Según esa entidad, el proyecto de ley del Gobierno “reduce el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violenta principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y altera la distribución de competencias que fueron previstas por el legislador constituyente”.
El 9 de julio, la Sala Constitucional anunció que el magistrado presidente, Fernando Castillo, se inhibió del análisis de dicha consulta. “El magistrado Castillo explica que su hija, quien es funcionaria de la Contraloría General de la República, participó en la elaboración de esa consulta de constitucionalidad, lo que lo motivó a plantear una gestión de inhibitoria”, indicó la Sala en un comunicado de prensa.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) también hizo una consulta de constitucionalidad sobre la propuesta de referendo del Gobierno desde el 26 de junio, siguiendo el proceso establecido por la Ley de Regulación del Referéndum.
Críticas de Juan Diego Castro
El abogado y excandidato presidencial, Juan Diego Castro, difundió que la hija del magistrado que participó en la consulta de Contraloría es María Fernanda Castillo Calvo, exfuncionaria de Casa Presidencial. Castro añadió en un noticiero de Trivisión del 10 de julio que ella fue quien redactó “todo ese documento, en buena parte”, y que esa persona es “la tercera que manda” en la Contraloría.
“Ahora, la hija, María Fernanda Castillo, está en la Contraloría, es la tercera que manda después de la hija de Amelia Rueda y de Marta Acosta. Ahí estaba agazapada, pero estuvo en tres gobiernos en Casa Presidencial: en el gobierno de la Chinchilla, del Solís y del Alvarado”, señaló Castro en Trivisión el 10 de julio.
El abogado increpó directamente a la supuesta redactora de la consulta de Contraloría. “Por algo es que es obvio: a usted no la nombran en la Contraloría porque su mamá es pastora en Barva de Heredia; la nombran para tener una línea directa con el presidente de la Sala IV. Y ahora sale papi y se inhibe”, añadió Castro en su transmisión en Facebook.
Juan Diego Castro es uno de los consejeros que asesoró al Gobierno para someter a referendo el proyecto de Ley Jaguar. Así lo reveló a Diario Extra el exdiputado Otto Guevara, que también dio consejos a Casa Presidencial sobre la propuesta.
Falsedades de Juan Diego Castro
Es falso que una sola persona haya redactado la consulta de constitucionalidad que emitió la Contraloría sobre el proyecto de Ley Jaguar. Juan Diego Castro también confundió a la hija del magistrado Castillo que participó en la formulación de dicha consulta.
La CGR aclaró a Doble Check que la consulta fue elaborada por “un equipo interdisciplinario” de siete funcionarios de las divisiones de Asesoría Jurídica (tres personas), Contratación Pública (una persona) y Fiscalización Operativa y Evaluativa (tres personas), incluyendo a las gerencias de cada área.
La CGR negó que María Fernanda Castillo Calvo labore para esa institución. La abogada de 39 años fue parte del área de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia desde el 2010, pero ya no aparece en las planillas más recientes de Casa Presidencial. Doble Check le solicitó a Presidencia que detallara la fecha exacta en que la funcionaria dejó su cargo, pero no hubo respuesta.
Parece que Castro confundió a esa abogada con su hermana, Vivian Castillo Calvo (35 años), quien es fiscalizadora de la División Jurídica de la CGR desde el 2013. Esa funcionaria formó parte del equipo de Contraloría que elaboró la consulta a la Sala.
La jefa inmediata de la abogada Vivian Castillo Calvo es Rosa Fallas lbáñez, Gerente Asociada de la División Jurídica. La CGR descartó que la abogada esté vinculada al despacho de la contralora o a la división de Fiscalización Operativa y Evaluativa, cuya gerente es Amelia Jiménez Rueda.
No es la primera vez que Juan Diego Castro esparce falsedades sobre la abogada María Fernanda Castillo Calvo. En el 2021, Castro difundió en redes sociales que a ella la “nombró” el entonces presidente, Carlos Alvarado (2018-2022), como una de sus “principales asesoras”. En realidad, Castillo era abogada del Ministerio de la Presidencia desde mayo del 2010 y su puesto no estaba ligado con el despacho presidencial.
Nota del editor: Esta verificación fue actualizada el 19 de julio del 2024 para consignar la justificación que Juan Diego Castro ofreció en redes sociales después de la publicación de este chequeo.