Catorce países han ratificado el acuerdo. La lista no incluye a Costa Rica a pesar de que nuestro país tuvo un rol de liderazgo en las negociaciones. La Asamblea Legislativa tiene hasta el martes 31 de enero para ampliar el plazo del proyecto de ley.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, podría quedar archivado en Costa Rica el martes 31 de enero, a pesar de que nuestro país fue uno de sus principales promotores.
Este acuerdo se firmó en el 2018, en un proceso liderado por Costa Rica y Chile, y busca garantizar el derecho de todas las personas al acceso de información y participación significativa en materia ambiental, así como la protección de defensores de los Derechos Humanos en este tema. Sin embargo, para su puesta en marcha, era necesaria su ratificación en cada país. Hasta ahora, 14 países han ratificado el acuerdo, pero la lista no incluye a Costa Rica a pesar de haber tenido liderazgo en las negociaciones.
En febrero de 2020, la anterior Asamblea Legislativa lo aprobó en primer debate con 44 votos a favor y cero en contra, sin embargo, a raíz de comunicados de cámaras empresariales, algunos diputados cambiaron de parecer. Además, la Sala Constitucional obligó que el proceso reiniciara desde cero, argumentando que se debía consultar a la Corte Suprema de Justicia, pues el proyecto podría suponer gastos adicionales al funcionamiento del Poder Judicial. Posterior a esto, la votación no se repitió y el plazo cuatrienal está por finalizar, ya que el proyecto fue presentado el 1 de febrero de 2019.
Nicolas Boeglin, experto en Derecho Internacional, señaló en entrevista con Interferencia de Radios UCR que “no ha habido manera de organizar un solo debate con la Uccaep (Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado) y todas esas cámaras que andan repartiendo de manera muy hacendosa comunicados en contra del Acuerdo de Escazú”.
No ha habido manera de organizar un solo debate con la Uccaep y todas esas cámaras que andan repartiendo de manera muy hacendosa comunicados en contra del Acuerdo de Escazú”. Nicolas Boeglin, experto en Derecho Internacional.
El presidente Rodrigo Chaves ya había manifestado meses atrás que no cree que el Acuerdo de Escazú sea beneficioso para el país, pues todo lo que incluye está contemplado en nuestra legislación, según dijo. Además, Chaves añadió que “el sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del gobierno”.
Ante eso, Boeglin indicó que en nuestra legislación no se encuentra nada parecido al artículo 9 del acuerdo, el cual protege a los defensores del ambiente y podría evitar situaciones como las ocurridas con los líderes indígenas Jehry Rivera y Sergio Rojas, quienes fueron asesinados durante procesos de recuperación de tierras de las comunidades indígenas.
Boeglin añadió: “No tenemos nada tampoco para acceder a información técnica en materia ambiental. Una y otra vez, los ecologistas, las organizaciones, incluso las municipalidades tienen que lidiar en los tribunales para tener acceso a un dictamen técnico de un estudio de impacto ambiental”.
Para Boeglin, Costa Rica le estaría dando la espalda a dos pilares de su política exterior tradicional, como son los Derechos Humanos y de ambiente. Destacó que esa sería una situación sin precedentes y la calificó como “atípica, anormal e insólita”, pues en el derecho internacional público no es común que un país lidere negociaciones de cara a un acuerdo y no lo ratifique.
Dentro de la actual Asamblea Legislativa, solo los diputados de la fracción del Frente Amplio han buscado una prórroga para el periodo de discusión del proyecto. En caso de que el periodo no se amplíe, el proyecto será archivado.
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