La electricidad en este país centroamericano viene del agua, el viento, el sol y los volcanes, recursos que yacen en su propio territorio. Tener una matriz limpia le ha permitido sortear el actual incremento en los precios internacionales del petróleo.
La invasión rusa a Ucrania ha provocado debacles económicos y aumentos de la inflación. El precio del petróleo escaló como consecuencia del conflicto y el efecto se siente en países de todas las latitudes, con tarifas eléctricas que se han encarecido y consecuencias sociales incluso en naciones desarrolladas. Esto, sin embargo, no ha tocado a Costa Rica, donde los precios de la electricidad se han mantenido estables a pesar de la incertidumbre que se vive a nivel mundial.
¿Cómo ha logrado esta nación centroamericana sortear el vaivén de los precios internacionales? La clave yace en una matriz basada en fuentes renovables, lo cual le brinda seguridad energética y autonomía en su suministro eléctrico.
“Muchos países aún no salen del todo del impacto económico provocado por la pandemia y ahora los golpea este aumento en el precio de los combustibles, lo cual les dispara las tarifas eléctricas. En el tema de generación de electricidad, Costa Rica se está defendiendo gracias a las renovables. Eso es importante para que la industria tenga costos más estables y se pueda reactivar la economía”, afirma Erick Rojas, vicepresidente de la Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones (CEDET).
En 2021, Costa Rica generó el 99,91% de su electricidad mediante fuentes renovables, mientras que en el primer semestre del 2022 –según datos del Centro Nacional de Control de Electricidad (CENCE)– esa participación fue del 98,58%.
Estos datos contrastan con lo que sucede a nivel mundial. Según el Global Electricity Review, informe publicado por el think tank Ember, la demanda mundial de electricidad aumentó un 5,4% en 2021. El 59% de esa demanda se cubrió quemando carbón, mientras que el 29% con generación eólica y solar.
La seguridad de las renovables
La apuesta tica por las renovables viene desde finales del siglo XIX, cuando se utilizó la hidroelectricidad para iluminar la ciudad de San José, su capital, y así sustituir las lámparas de canfín (así se le conoce al queroseno en Costa Rica y Nicaragua). Desde la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), a mediados del siglo XX, se empezó a diversificar la matriz eléctrica para incorporar otras fuentes y hacerla resiliente.
Actualmente, en un año promedio, el 67% de la matriz corresponde a hidroelectricidad, mientras que el restante 33% se logra mediante geotermia, biomasa (principalmente bagazo de caña), eólica y solar.
“En los últimos 10 años, los países centroamericanos han venido imitando el modelo de Costa Rica y diversificando su matriz eléctrica con energías renovables. A la larga, esta es una vía más segura y menos riesgosa ante situaciones como las que hoy estamos viendo con los precios del petróleo”, comenta Rojas.
Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá aún dependían, entre enero y junio de 2022, de los combustibles fósiles para generar su electricidad (entre 28% y 41%). En todos ellos, el búnker (combustible que proviene de la primera etapa del proceso de refinación) y el diésel se utilizan para alimentar buena parte de su suministro, a lo que se suma el carbón en Guatemala y el gas natural en El Salvador.
Para tratar de dimensionar cómo el vaivén de los precios del petróleo está impactando las tarifas eléctricas residenciales de los países centroamericanos, Kenneth Lobo –director de Planificación y Sostenibilidad del Grupo ICE– recurre a los precios promedio de la energía. Eso sí, hace una aclaración: las matrices eléctricas de estas naciones combinan renovables y combustibles fósiles.
Con un consumo promedio de 200 kilovatios por hora, al mes (unos 12.448 colones o 20 dólares), la tarifa residencial viene disminuyendo en Costa Rica en el orden del 2,63% desde 2010. En cambio, El Salvador y Honduras muestran incrementos del 25% y el 31%, respectivamente, en el período 2010-2022.
“El Salvador y Honduras se han visto afectados en el último año justamente por las variaciones en los costos internacionales de los combustibles”, explica Lobo. “Un país que tenga una matriz eléctrica con un componente importante de combustibles fósiles (búnker y diésel, principalmente) y no tenga un contrato de largo plazo garantizado con un precio fijo ya establecido, pues se verá afectado por estos incrementos, porque el costo de la compra de los combustibles se refleja en la tarifa.”
Según Lobo, algunos países en el mundo incurren en préstamos y otros mecanismos financieros para subsidiar la tarifa residencial y así no afectar a la mayor parte de la población.
“Tener una matriz eléctrica renovable y tener la posibilidad de electrificar muchos de los consumos energéticos, esto pensando en una transición energética en transporte e industria, nos daría a los costarricenses una gran seguridad, porque no nos veríamos impactados por estas situaciones que ocurren a nivel internacional, ya que se tendrían definidos costos de operación que no se verían impactados en el corto y mediano plazo, potenciando así la transición energética del país y aprovechando recursos con los que ya contamos”, concluye.
El daño colateral de la guerra
Los precios del petróleo vienen en aumento desde 2021. La razón: la recuperación tras dos años de impacto económico debido al Covid-19. “Los países miembros de la OPEP+, cártel que controla un 55% de la oferta de petróleo mundial, han preferido aumentar la producción a un ritmo moderado, en comparación con el rebote de la demanda global, para asegurarse unos precios altos tras un 2020 desastroso para sus arcas fiscales”, señala Eszter Wirth, profesora de Economía Internacional (ICADE) de la Universidad Pontificia Comillas de España, en un artículo publicado en The Conversation.
Aun si quisieran incrementar la explotación de hidrocarburos para satisfacer dicha demanda, esto no sería viable debido a la escasez de inversiones para la exploración de nuevos yacimientos desde antes de la pandemia. “Los bajos precios hidrocarburíferos registrados entre 2015 y 2019, unidos a los planes de descarbonización de muchos países occidentales, desincentivaron estas inversiones”, explica Wirth.
Ante este panorama, la opción para los países cuyas matrices eléctricas son dependientes de los combustibles fósiles es la importación de gas natural. Según datos de la Agencia Internacional de Energía (IEA, por sus siglas en inglés), el consumo de gas natural repuntó 4,6% en 2021, más del doble del descenso registrado en 2020.
“El fuerte crecimiento de la demanda en 2021 estuvo impulsado por la recuperación económica que siguió a los cierres del año anterior y por una sucesión de fenómenos meteorológicos extremos. La oferta no mantuvo el ritmo, lo que, combinado con cortes inesperados, provocó una tensión en los mercados y un fuerte aumento de los precios”, detalla la IEA en un informe sobre el mercado del gas natural.
Asimismo, recalca: “es probable que los precios excepcionalmente altos del gas (y por extensión de la electricidad) tengan un impacto más allá de los mercados del norte y de la temporada actual, con algunos efectos en cadena tanto en los mercados maduros como en los emergentes importadores de gas ya visibles”.
Aquí es donde el mercado empieza a mostrar sus cartas: mientras los países asiáticos están dispuestos a pagar más por la materia prima provista por los productores de Oriente Medio, otras regiones –como Europa– recurren a su proveedor más cercano, es decir, Rusia. “Un 35% del gas natural empleado en Europa continental es ruso y llega a través del gasoducto de Gazprom (que atraviesa Ucrania)”, apunta Wirth.
Para aderezar aún más la situación, en febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania con el objetivo de desestabilizar a la ex república soviética y, con ello, impedir la incorporación de este país (como pasó con otras naciones de Europa del Este) a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a lo que el gobierno ruso viene oponiéndose desde la década de 1990. También está Crimea, que pertenece a Ucrania desde 1954, zona de gran interés estratégico para Rusia.
El conflicto bélico ha tenido implicaciones a nivel energético. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y la Unión Europea respondieron a la invasión con sanciones económicas. Sin embargo, la posibilidad de que Rusia reaccione mediante una reducción en el suministro de gas a al Viejo Continente no deja de impactar el mercado.
Asimismo, esta dependencia del gas ruso por parte de los europeos ha levantado voces que denuncian que ese dinero, pagado por energía, igualmente está financiando la guerra, aunque existan sanciones económicas. Según Razom We Stand, grupo detrás de la coalición Stand With Ukraine, los países de la Unión Europea han gastado más de 90.000 millones de euros en combustibles fósiles rusos desde la invasión en febrero pasado.
En una carta dirigida a la Comisión Europea, los activistas señalan: “De todos los buques que transportaban combustibles fósiles rusos en julio, el 62% eran propiedad de compañías navieras registradas en la Unión Europea. Al tener un papel dominante en la logística marítima y los seguros, Europa tiene la capacidad de limitar drásticamente el comercio mundial de petróleo ruso, cortando de hecho un importante flujo financiero que alimenta al régimen de Putin”.
Un análisis, realizado por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA), reveló que los ingresos de Rusia -derivados de las exportaciones de petróleo, gas y carbón en los seis meses transcurridos desde que invadió Ucrania- han superado el coste total del conflicto.
Poniéndolo en números: los ingresos de Rusia por las exportaciones de combustibles fósiles han alcanzado los 158.000 millones de euros entre febrero y agosto de 2022, en comparación con los 100.000 millones de euros que se calcula que ha costado la guerra a los rusos.
Según el informe de CREA, el mayor importador ruso de combustibles fósiles fue la Unión Europea (85.000 millones de euros), seguida de China (35.000 millones), Turquía (11.000 millones), India (7.000 millones) y Corea del Sur (2.000 millones). Asimismo, se calcula que los ingresos por exportación de combustibles fósiles aportaron unos 43.000 millones de euros al presupuesto federal ruso, contribuyendo a financiar la guerra en Ucrania.
Dentro de la Unión Europea, los mayores importadores fueron Alemania (19.000 millones de euros), Países Bajos (11.100 millones de euros), Italia (8.600 millones de euros), Polonia (7.400 millones de euros), Francia (5.500 millones de euros), Bulgaria (5.200 millones de euros), Bélgica (4.500 millones de euros) y España (3.300 millones de euros).
“El aumento de los precios de los combustibles fósiles a nivel mundial hace que Rusia siga obteniendo unos ingresos récord, a pesar de la reducción de los volúmenes de exportación. Para combatirlo, los gobiernos deben imponer aranceles o límites de precios a las importaciones procedentes de Rusia y acelerar las medidas de ahorro energético. Hay que prestar especial atención a la reducción del consumo de petróleo y gas acelerando el despliegue de energías limpias y la electrificación mediante bombas de calor y vehículos eléctricos», mencionó Lauri Myllyvirta, analista principal de CREA y uno de los autores del informe, mediante un comunicado.
La urgencia de la transición
La descarbonización de la economía está incluida en las metas climáticas presentadas por los países ante el Acuerdo de París, y la transición hacia fuentes renovables es clave para la consecución de dichas metas.
Según el Informe UNECE sobre la situación de las energías renovables en 2022 – elaborado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), REN21 y la Agencia Alemana de la Energía (DENA)–, las instalaciones anuales de electricidad renovable deben triplicarse de aquí a 2030 si el mundo quiere lograr la carbono neutralidad (o cero neto) en 2050.
Pero, más allá de la descarbonización, el documento destaca la importancia de la transición para garantizar la seguridad energética: “desempeñará un papel cada vez más importante en las estrategias nacionales de energía y desarrollo, especialmente a la luz de la situación de seguridad regional, cada vez más difícil”.
“Las energías renovables podrían ayudar a los países a diversificar su suministro energético y a protegerse de las fluctuaciones de los precios del gas natural y del petróleo”, se lee en el informe. Sus autores argumentan que la guerra entre Rusia y Ucrania podría actuar como catalizador de la transición energética hacia fuentes renovables en algunos países, con tal de ser menos dependientes y vulnerables al vaivén de los precios.
“Las consecuencias sociales, económicas y sobre la competitividad empresarial de los precios elevados de la energía son también significativas en el corto plazo. Reducen la renta disponible de los hogares y empeoran los resultados de las empresas. Esto da lugar a una fuerte presión social y política sobre las autoridades legisladoras y reguladoras para tomar medidas que mitiguen dichos efectos”, escribió Jorge Fernández Gómez, coordinador del Lab de Energía de Orkestra – Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto, en un artículo para The Conversation.
Y agregó: “en definitiva, la crisis de precios actual pone de relieve, además, que la solución a medio y largo plazo consiste en desplegar medidas que permitan avanzar en la transición energética, acelerando la penetración de las energías renovables –lo cual reducirá la dependencia de los combustibles fósiles–, desarrollando redes energéticas inteligentes y resilientes”.
Pero, siguen los subsidios
Según datos de la IEA y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los gobiernos de 51 países casi duplicaron su apoyo a los combustibles fósiles hasta alcanzar los 697.200 millones de dólares en 2021, frente a los 362.400 millones de dólares en 2020. Y se prevé que las subvenciones al consumo aumenten aún más en 2022 debido al aumento de los precios de los combustibles y del uso de la energía.
Este apoyo se deriva de transferencias presupuestarias y exenciones fiscales vinculadas a la producción y uso de fuentes fósiles. En las economías del G20, y según el análisis de la OCDE, el apoyo total a los combustibles fósiles aumentó a 190.000 millones de dólares en 2021, frente a los 147.000 millones de dólares de 2020.
Por su parte, la IEA calculó las subvenciones a los fósiles comparando los precios en los mercados internacionales y los precios pagados por los consumidores, los cuales se mantienen artificialmente bajos mediante la regulación directa de los precios y las fórmulas de fijación de los mismos, los controles o impuestos en las fronteras y los mandatos de compra o suministro nacionales.
En este sentido, y tras analizar 42 economías, la IEA constató que las ayudas a los consumidores aumentaron hasta 531.000 millones de dólares en 2021, más del triple que en 2020, precisamente impulsadas por el aumento de los precios de la energía.
“La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha provocado un fuerte aumento de los precios de la energía y ha socavado la seguridad energética. Sin embargo, el aumento significativo de las subvenciones a los combustibles fósiles fomenta el despilfarro en el consumo y no llega necesariamente a los hogares de bajos ingresos”, declaró el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann, en un comunicado. “Tenemos que adoptar medidas que protejan a los consumidores de los impactos extremos de las fuerzas cambiantes del mercado y de la geopolítica, de manera que nos ayuden a mantener el camino hacia la neutralidad del carbono, así como la seguridad energética y la asequibilidad.”
En esta línea, ambas organizaciones piden que se eliminen las ayudas ineficientes a los combustibles fósiles y se reorienten los fondos públicos hacia el desarrollo de alternativas bajas en emisiones, mejoras en la seguridad y eficiencia energética.
“Las subvenciones destinadas a apoyar a los hogares con bajos ingresos suelen favorecer a los hogares más ricos que utilizan más combustible y energía, por lo que deberían sustituirse por formas de apoyo más específicas”, señalaron.
Una cuestión de soberanía y bienestar
Un aspecto que no suele mencionarse es que las renovables, al gestionarse en el propio territorio, permiten a los países planificar tanto la generación como la distribución de la electricidad según sea la demanda. Esto, a su vez, refuerza la seguridad energética.
“En Costa Rica, nosotros podemos garantizar que nos abastecemos con la electricidad que producimos directamente en el país e independientemente de las condiciones internacionales, es decir, contamos con la garantía del servicio eléctrico. Eso brinda mucha seguridad para efectos de la industria y la inversión extranjera”, destaca Kenneth Lobo.
Para el director de Planificación y Sostenibilidad del Grupo ICE, la seguridad energética es especialmente relevante en el proceso de digitalización a las puertas de la cuarta etapa de la Revolución Industrial.
“La cuarta Revolución Industrial va a pasar necesariamente por la transición energética y los usos finales de la energía”, dice y añade: “las casas se van a transformar, por ejemplo. Muchas viviendas que actualmente cocinan con gas van a terminar pasándose a una cocción por inducción que es mucho más rentable, produce menos emisiones y es menos peligrosa”.
El acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que esta facilita el acceso a educación, empleo y servicios de salud. “La energía eléctrica es un servicio esencial, necesario prácticamente para todas las actividades”, enfatiza Lobo. Y que provenga de fuentes renovables tiene sus ventajas.
“Las energías renovables tienen el potencial de aportar múltiples beneficios socioeconómicos a los países. La transición a estas fuentes puede ayudar a reducir la brecha de género en la participación en el sector energético, ya que la proporción de mujeres empleadas en las renovables es notablemente superior a la del petróleo y el gas. La pérdida de puestos de trabajo en el sector de los combustibles fósiles podría compensarse con el aumento de puestos de trabajo en el sector de las energías renovables. El mayor descenso del empleo relacionado con la descarbonización y la transición a una economía verde se espera que se produzca en el sector extractivo (minería de carbón y extracción de petróleo y gas), y el mayor aumento en el sector de la fabricación de energía solar y eólica”, apunta el informe de UNECE, REN21 y Dena.
En el caso costarricense, las renovables han promovido la creación de cooperativas y empresas municipales que, en un principio, buscaban autoabastecerse pero terminaron llevando electricidad a las zonas rurales y, con ello, estas personas han podido disfrutar de la educación, los servicios de salud e Internet, entre otros.
Erick Rojas es uno de ellos. El actual vicepresidente de CEDET es oriundo de una zona lechera donde, hace más de 30 años, el ordeño de las vacas se hacía a mano. Gracias a la electricidad, su padre pudo modernizar la lechería y contar con tanques de enfriamiento para conservar el producto. “Esa modernización le permitió a mi familia desarrollarse y mandarnos a nosotros a estudiar”, comenta.
Actualmente, CEDET está conformada por dos empresas municipales y cinco cooperativas que brindan electricidad a más de un millón de costarricenses gracias a la operación de 21 centrales hidroeléctricas, dos parques solares y tres eólicos.
Asimismo, en zonas remotas, las renovables permiten la producción eléctrica con fines de autoconsumo. Mediante paneles solares y sistemas de baterías, Grupo ICE -que es una empresa estatal- llevó electricidad no solo a casas ubicadas en sitios fuera de la red nacional de distribución sino también a escuelas e instalaciones de guardaparques; esto como parte del Plan de Electrificación Rural.
No en vano, las renovables han permitido que la cobertura eléctrica nacional alcance el 99,4% del territorio. Otros indicadores que están relacionados indirectamente con ello es la tasa de alfabetización del país (98%) y la cobertura de los servicios de salud con 103 áreas ubicadas en el primer nivel de atención así como 10 clínicas mayores, 13 hospitales periféricos y siete regionales en el segundo nivel. En cuanto al tercer nivel, el país cuenta con tres hospitales nacionales y cinco especializados en gerontología, mujeres, niños, psiquiatría y rehabilitación.
Costa Rica no las tiene todas resueltas
A tono con las medidas de descarbonización, la administración del presidente Alvarado Quesada (2018-2022) propuso un proyecto de ley que planteaba prohibir la exploración y explotación del petróleo y el gas natural en territorio nacional (expediente N°20.641). Pero, este no logró los votos necesarios entre los diputados para continuar su discusión y trámite.
Más bien, en el marco de la actual gestión de Chaves Robles (2022-2026), el presidente ejecutivo de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), Juan Manuel Quesada, instó a los diputados a considerar al gas natural como una fuente de transición para así “dinamizar el modelo energético del país y reducir las tarifas”.
Otra área donde pudiera verse un retroceso es en la electrificación del transporte. Aprovechando su matriz eléctrica basada en renovables, en Costa Rica se incluyó la electrificación del transporte público y privado como medida de descarbonización.
En transporte público, desde el año pasado, se ejecuta un proyecto piloto con tres buses eléctricos, los cuales están generando datos demostrativos para impulsar este modelo a nivel masivo. Incluso, otros países están a la espera de los resultados del ensayo tico.
Ya se cuenta con los primeros resultados: entre marzo y mayo de 2021, los buses eléctricos que operaron en una ruta urbana que transporta a 514 pasajeros por día mostraron un costo operativo cinco veces menor a los autobuses que utilizan combustible fósil. Para las unidades de diésel, el costo diario promedio de combustible fue de 49.501,5 colones (unos 80,38 dólares) mientras que para el bus eléctrico fue de 7.898,6 colones (unos 12,83 dólares).
Pese a ello, a finales de septiembre de 2022, los legisladores dieron su visto bueno para extender la vigencia de los buses diésel de hasta 20 años de antigüedad, medida que pudiera retrasar la transición energética en este sector. La propuesta de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa ahora deberá analizarse y discutirse en el plenario.
En cuanto a transporte privado, Costa Rica cuenta con la Ley de Incentivos y Promoción del Transporte Eléctrico (N° 9518), la cual establece una serie de medidas para favorecer la transición a vehículos eléctricos. Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a agosto de 2022, 5.813 vehículos eléctricos circulan por las calles. De estos, 3.468 son automóviles y 1.034 son motos.
Ante los actuales precios del petróleo, los dueños de estos vehículos eléctricos no se han visto tan afectados. Datos de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE), divulgados por CEDET, demuestran que el costo por kilómetro recorrido en un vehículo que utiliza gasolina es de 120 colones (0,19 dólares) mientras que el kilómetro de un carro eléctrico cuesta 10 colones (0,016 dólares).
Otro dato provisto por ASOMOVE: con 6.500 colones (unos 10,31 dólares), un vehículo eléctrico puede recorrer hasta 400 kilómetros. En cambio, con ese monto pagado en gasolina, el carro solo puede avanzar 40 kilómetros.
“Si se logra aumentar la demanda eléctrica, eso hace que los costos de las distribuidoras se diluyan entre más consumidores y, por ende, las tarifas bajan. Hay un doble beneficio porque el costo se divide no sólo entre quienes consumen energía eléctrica sino también entre quienes tienen vehículos eléctricos”, afirma Rojas.
No obstante, la mayoría de los vehículos en el país siguen siendo de gasolina y diésel. Según datos provenientes de la revisión técnica vehicular, más de 1,3 millones de vehículos circulan por las calles del país. Esta flota está compuesta en un 64% por automóviles, 13% por motocicletas y 13% por vehículos de carga liviana; el restante corresponde a vehículos de carga pesada, transporte público y equipos especiales. En cuanto al tipo de combustible, el 76% utiliza gasolina, 23% diésel y 1% otras fuentes de energía como electricidad.
Para Rojas, con la electrificación del transporte se gana en disminuir la contaminación y, por tanto, se mejora la calidad del aire con beneficios directos en la salud de las personas. También permite aprovechar aún más la matriz eléctrica renovable del país y darle seguridad energética a este sector para que sea resiliente ante las crisis internacionales.
El potencial de las renovables no es exclusivo de Costa Rica. La región latinoamericana está en capacidad de producir electricidad mediante el agua, el viento, el sol y los volcanes, recursos existentes en sus territorios.
Este artículo es parte de COMUNIDAD PLANETA, un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina, del que Interferencia forma parte.