En 2019 el mensaje del Informe Estado de la Nación era que los rezagos de décadas ya no dejaban margen de error; en el 2020 pandémico se mostró un desplome y la pregunta era cuánto durarían sus efectos. Ahora la alerta habla de problemas que impactarán por décadas en la sociedad y de la escasa capacidad de la política para dar soluciones.
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Un deterioro de repercusiones históricas se manifiesta en Costa Rica y amenaza con marcar las primeras décadas de su bicentenario. La aceleración de las desigualdades acumuladas en el siglo XXI agravadas por la emergencia de la pandemia coloca al país ante destrozos que parecen permanentes en el modelo de “casa común” para los más de cinco millones de personas que la habitamos.
Este es el cuadro que presenta el nuevo Informe Estado de la Nación 2021, ilustrado en su portada por un cristal quebrado que, aunque lo menciona el documento, evoca al síndrome de la ventana rota sobre la aceleración del deterioro de una propiedad donde no se arreglan las partes destruidas.
“El país está embarcado en un acelerado proceso de construcción de un riesgo de proporciones históricas: que durante estos años se produzcan regresiones, más o menos permanentes, en los logros históricos de Costa Rica en desarrollo humano, debido a la falta de respuestas frente a la ampliación de la ya profundas desigualdades económicas y sociales prepandémicas, el debilitamiento de su Estado de bienestar y de las políticas de sostenibilidad ambiental”, se lee en el capítulo inicial del documento que analiza las tendencias y el momento en la economía, el desarrollo social y la política, aún reconociendo que la pandemia no se ha superado.
El informe, a cargo de un grupo de investigación del Programa Estado de la Nación (PEN), dice en su valoración general que el peligro crece ante la desconexión de la población frente a los representantes políticos y la limitación de las soluciones desde los poderes representativos, a pesar de la abundancia de opciones electorales como las que participan en las elecciones de febrero del 2022.
Pese a los esfuerzos del aparato estatal por evitar estragos por la pandemia entre 2020 y 2021, la economía retrocedió tres años y los empleos perdidos alcanzaron la cifra de 237.000, una cantidad igual a lo generado en los ocho años anteriores y una proporción que jamás se había registrado en el pasado. El problema adicional es que los efectos fueron muy desiguales y también es desigual la recuperación que ya se evidencia en las cifras oficiales. En general los menos golpeados son los que más pronto se recuperan.
No llueve parejo
Distintos efectos se registran entre sectores productivos, grupos demográficos y regiones del país, con peores consecuencias para la parte de la economía menos conectada con el exterior y con empresas o trabajadores de menor sofisticación. “El golpe productivo y de empleo inducido por la pandemia afectó con más fuerza a las regiones fuera del Valle Central, lo cual podría profundizar aún más las brechas en la desigualdad territorial”, indica el informe antes de mostrarlo con base en el comportamiento de las patentes comerciales.
La región Chorotega (provincia de Guanacaste) presentó la mayor contracción con -12,3%, frente a un -1,2% en la región Central-GAM, por el probable efecto del parón en la industria turística durante la pandemia. La región Brunca (sur del país) y Huetar Caribe (Limón) son la segunda y tercera más afectadas en el año pandémico 2020, en coincidencia con la acumulación de pobreza en esas regiones del país.
La población perteneciente a clases sociales vinculadas a empleos poco calificados y con baja educación fue la más afectada por la crisis, en especial el grupo de los pequeños propietarios (78% registró perjuicios), seguidos por los trabajadores no calificados (46%) y obreros industriales (46%). Profesionales y medianos empresarios experimentaron menos daño, un 26% de ellos.
Los sectores de ingresos medios fueron los más afectados por la caída del ingreso mensual, que en el promedio nacional se cuantificó en c125.000 menos en 2020 que en 2019, una caída real del 12,5%. Los hogares más pobres pudieron atenuar el golpe con ayudas estatales, con el riesgo de que esas están condicionadas a las posibilidades financieras del aparato público, también impactadas por la crisis.
La pobreza llegó a superar el 26% de la población al aumentar cinco puntos respecto del momento previo a la pandemia, pero hasta el momento no ha retornado a ese nivel, pues la última medición señaló un 23%, por encima del 20% en que se encontraba estancado el país en los últimos años.
El deterioro de la economía y los ingresos de la población llevó a que casi la mitad de los hogares, un 48%, enfrentara en 2020 dificultades para conseguir el alimento necesario, con especial incidencia en las regiones Pacífico Central, Huetar Norte y Chorotega.
Tampoco escampa parejo
La productividad del país y el empleo se han recuperado poco a poco en 2021. La economía tardó 16 meses en recuperar el nivel que tuvo antes de la pandemia, pero el equipo investigador señala que persisten y se distancian dos mundos en la economía nacional: las zonas francas que en setiembre de 2020 ya se habían recompuesto totalmente y el sector tradicional (régimen definitivo), que no lo había logrado aún en agosto del 2021.
Aunque es positivo el dinamismo de las empresas establecidas en régimen tributario especial (zonas francas), estas representan solo una pequeña parte de la economía y encadena menos que el promedio del resto de actividades económicas, advierte el Estado de la Nación.
Esto provoca que el desempleo siga aún más alto que en marzo de 2020, cuando de por sí ya era problemático, aunque ahora con un agravante: más de 100.000 personas han desistido de seguir buscando trabajo y por eso no entran en el porcentaje de gente desempleada. El contexto y las atenciones del hogar las han expulsado de la fuerza laboral y muchas de ellas son mujeres, “lo cual apunta a que las tasas de desempleo podrían ser aún mayores si estas personas se insertaran al mercado de trabajo”, señala.
El mayor hallazgo del equipo del PEN sobre el tipo de recuperación de la economía es que la actividad pospandemia es groseramente asimétrica. “Tal estado de cosas no es casualidad. Los estudios realizados permiten vincular estas asimetrías a desigualdades estructurales no resueltas que el país venía arrastrando en su estilo de desarrollo desde antes de la pandemia”, en referencia a las dos décadas en que creció la desigualdad social en el país.
Esto deriva en que las mujeres con pocos años de estudio de todas las edades, así como la juventud, fueron los grupos con mayores dificultades para acceder a un empleo, al margen de otro problema acumulado: la brecha salarial promediada entre mujeres y hombres fue 10% en contra de ellas durante las últimas dos décadas.
La dificultad adicional radica en el debilitamiento de las capacidades del país para resolver los rezagos y los nuevos desafíos en desarrollo humano, advierten el Informe.
La política se queda corta o es parte del problema
“En el marco de la crisis sanitaria, Costa Rica está experimentado un fuerte desgaste de las capacidades políticas e institucionales de su sistema político y su Estado para implementar políticas públicas que atiendan problemas estructurales como la alta desigualdad y el empobrecimiento, la dualidad estructural de su economía, los problemas para el financiamiento sostenible del Estado de bienestar y de las políticas de gestión ambiental”, dice.
Las instituciones están “severamente afectadas” en su potencial de impulsar políticas anticíclicas; es decir, medidas que intenten frenar las tendencias de la economía. La inversión pública y el gasto social se contrajeron por la estrechez fiscal, dada la caída de ingresos en una proporción de 11,6% en 2020.
Además, persisten o crecen los obstáculos para que actores políticos y sociales lleguen a acuerdos que posibiliten políticas públicas que resuelvan los principales cuellos de botella del desarrollo nacional como ha insistido el PEN desde 2014.
Acuerdos acotados entre Gobierno y algunas fuerzas políticas opositoras, el proceso de diálogo de finales del 2020 y otros esfuerzos conciliatorios fueron destacados en el Informe, pero advierten que no resuelven los problemas estructurales generadores de la insostenibilidad del estilo de desarrollo conocido para Costa Rica, reconocida por el bienestar social de la mayoría.
El curso de las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa dominada por grupos opositores lo ha determinado desde el 2018 la crisis fiscal, la atención sanitaria y social de la emergencia pandémica, además de la agenda de incorporación de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), reseña el Informe.
“Pese a su importancia para el manejo de la situación inmediata, las medidas no atienden las debilidades no resueltas del estilo de desarrollo del país como el financiamiento del Estado de bienestar, el fortalecimiento de las políticas de gestión ambiental o la dualidad del aparato productivo y su desarticulación con la generación de empleo”, advierten.
Pudo incidir la inestabilidad del Poder Ejecutivo, en la administración que más ha sufrido la caída de miembros del gabinete en los últimos 20 años. También la del Legislativo, con múltiples figuras que actúan al margen de sus partidos y que renuncian para sumarse a otros o declararse independientes.
“La alta inestabilidad en el Gabinete y en el Legislativo estrechó cada vez más el espacio para la negociación y las transacciones políticas entre ellos, especialmente en momentos en los cuales ya ha iniciado un nuevo proceso electoral”, cita el Informe.
¿Nos vemos en el 2040?
Se trata de una crisis de representación política que pone presión sobre el apoyo al sistema democrático que de manera robusta y tradicional ha caracterizado a Costa Rica, dada la posibilidad de que la población encuentre que el funcionamiento de la democracia no alcanza para resolver los problemas concretos de su entorno.
Se refiere no solo a lo inmediato, como el empleo y el ingreso del hogar, sino también a las repercusiones que se avecinan por la crisis en la educación pública detonada durante la pandemia y provocada por numerosos rezagos durante el siglo actual, al menos. Esto ha impactado en la calidad del aprendizaje y en la cobertura, con el agravante de la falta de conectividad a Internet en las casas más pobres. Otro factor de desigualdad, señalan.
La crisis educativa no es la primera que vive el país. Los investigadores recuerdan el impacto que tuvo la situación económica y las soluciones financieras de inicios de los años 80 sobre la formación de muchas personas que ahora, 40 años después, enfrentan dificultades laborales por su escasa formación.
Por eso la alerta del PEN: “Cuarenta años después, hay creciente evidencia de que, una vez más, el sistema político institucional está cometiendo el mismo error. En el nuevo contexto demográfico de Costa Rica —fin del bono demográfico y rápido envejecimiento poblacional— las consecuencias sobre el desarrollo futuro pueden ser, en esta ocasión, aún más severas”.
Alerta: elecciones sensibles en 2022 surcan un terreno dominado por grandes capitales financieros
La difícil situación social y económica del país topa con un proceso electoral que parece tan sensible como hace 40 años y este, a su vez, topa con un terreno de financiamiento electoral dominado por los grandes capitales financieros, que amenazan con capturar a los partidos políticos, de por sí débiles.
A esta conclusión llega el Informe del Estado de la Nación 2021 al analizar las condiciones en que se desarrollan los comicios presidenciales y legislativos del 6 de febrero.
Los vacíos de la legislación electoral en materia de financiamiento promueven que el endeudamiento sea la principal fuente de recursos para los partidos, ante la caída fuerte de donaciones asociada a la pérdida de simpatías políticas durante los últimos 30 años, y ante la escasez de compradores de “bonos” (certificados de cesión).
“La combinación de estos resultados ha creado serios problemas para los partidos políticos, ya que los expone a ser capturados por fuerzas y capitales, lícitos o ilícitos. Están cada vez más a expensas de pocos, pero grandes capitales financieros, estrujando su accionar y eventualmente comprometiendo la gestión gubernamental”, señalan los investigadores del Programa Estado de la Nación (PEN).
Esto representa un factor de preocupación porque pone en juego la supuesta independencia y razón de existir de los partidos políticos, único vehículo posible para alcanzar cargos de representación popular, independientemente del tipo de agrupación.
La debilidad de los partidos está asociada a la multiplicidad de estos, 26 de los cuales participan en la elección presidencial, la cantidad más alta en la historia del país, a pesar del momento complejo que también señala el PEN.
“Este país realizará elecciones en tiempos extraordinarios (por razones externas e internas). Hay que remontarse a 1982 para encontrar una elección democrática en una situación tan difícil”, dice el Informe en alusión a las elecciones posteriores a la crisis en la que gobernó Rodrigo Carazo, en las cuales resultó electo Luis Alberto Monge, en coincidencia con las guerras centroamericanas influidas por la Guerra Fría.
A favor se indica que Costa Rica goza de un robusto régimen de libertades, de la alta legitimidad del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la permanencia de una Estado democrático de derecho.
En contra, sin embargo, se señala la amenaza por la “prolongada crisis de representación política” y por las dificultades para que el sistema político institucional provea soluciones a los problemas que afectan directamente la vida de la población en el día a día, sobre todo con las consecuencias de la pandemia.
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