Las medidas sanitarias por la COVID-19 parecen haber reducido los indicadores de delitos contra la propiedad durante el 2020 en Costa Rica y muchos otros países del mundo. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito advierte, eso sí, que esta tendencia se podría revertir a largo plazo: los delitos podrían experimentar un alza alentados por las presiones socioeconómicas provocadas por la emergencia sanitaria.
Interferencia conversó al respecto con Randall Brenes, oficial de Desarrollo Humano y Gobernabilidad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Costa Rica. El especialista instó a las autoridades nacionales a no perder de vista el problema de la desigualdad en el país.
“Hay que poner mucha atención a la exclusión del sistema educativo, a la exclusión de las oportunidades laborales, a las de los servicios esenciales de las personas, y observar que si bien la política social no es la política de seguridad ciudadana, sí tiene unas correlaciones que hay que reconocer y visibilizar”, dijo Brenes.
El oficial del PNUD expresó que la crisis de la COVID-19 trajo un nuevo problema de salud, pero no inventó ninguno de los problemas que ha experimentado Costa Rica en el último año, como la desigualdad, la pobreza y el desempleo.
“Lo que trajo la COVID fue desvestir todos estos problemas en toda su intensidad. Y si se exacerban las causas de la desigualdad y la violencia, se van a exacerbar sus resultados”, dijo el analista.
Brenes destacó la importancia de la Policía en temas de seguridad ciudadana, pero destacó la importancia de trabajar conjuntamente en política pública de prevención y en la coordinación con políticas sociales.
El especialista destacó un vicio común en la atención de problemáticas complejas en el país, como lo es el trabajo con promedios nacionales, lo que invisibiliza los problemas regionales. Para Brenes, la prioridad debería centrarse en territorializar la política pública y atacar la desigualdad entre regiones.
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