En resumen: El Poder Ejecutivo afirmó que movió recursos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para cubrir un faltante en el pago de licencias de cuido para responsables de pacientes en fase terminal y de menores de edad gravemente enfermos, pero el presupuesto cuenta otra historia. Los ₡2.700 millones que faltaban vinieron de una moción legislativa que ajustó una reducción prevista en la emisión de títulos valores de la deuda interna.
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, intentó atribuir falsamente al Gobierno esa diligencia de la Asamblea Legislativa, haciendo eco de declaraciones públicas de su ministra de Ciencia y Tecnología y de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). El mandatario dijo en Noticias Repretel que el Gobierno había “mandado al Congreso un presupuesto extraordinario donde, de plata del MOPT, destinamos y le pedimos la autorización de gasto para estas 1.200 familias”.
El Gobierno se felicitó por gestiones ajenas. La iniciativa para incorporar el dinero faltante para los subsidios a las personas cuidadoras provino del diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio. La moción que presentó el diputado para cubrir los ₡2.700 millones no provino del MOPT, sino de un ajuste a la partida de los títulos valores de deuda interna, y también fue respaldada por tres diputados de Liberación Nacional en la Comisión de Hacendarios el 15 de octubre.
Casa Presidencial no respondió oportunamente las consultas de Doble Check sobre el origen de la versión que han dado Chaves y su gabinete sobre el pago a cuidadores de personas en estado terminal.
El relato del Gobierno sobre las licencias de cuido
A inicios de noviembre, la presión pública aumentó sobre el Ejecutivo por la falta de financiamiento de los subsidios para personas responsables de pacientes en fase terminal y de menores de edad gravemente enfermos.
La CCSS había agotado desde agosto los recursos para estas licencias de cuido, que son financiadas por el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF). La ley limita ese financiamiento a 0,5% del presupuesto del fondo. Ante esta carencia, las personas cuidadoras pidieron ayuda a la Asamblea Legislativa, en particular al diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña.
El diputado impulsó dos iniciativas ante ese tope: 1) una reforma de ley para permitir que el faltante se cubriera con recursos del Presupuesto Nacional y 2) una moción para incorporar el dinero faltante de este año al Tercer Presupuesto Extraordinario, que estaba en discusión en la Comisión de Hacendarios. Esa moción prosperó, y el presupuesto extraordinario se aprobó en plenario a finales de octubre con una reserva de ₡2.700 millones para cubrir el faltante de las licencias de cuido.
Sin embargo, la reforma legal propuesta por la Acuña solo quedó aprobada en primer debate, pues el trámite del proyecto coincidió con el fin del período de sesiones ordinarias, cuando la Asamblea controla la agenda de proyectos. El Gobierno se negó a convocar el proyecto de reforma en las sesiones extraordinarias que iniciaron el 1.º de noviembre. Esta negativa se mantuvo aun después de que la Contraloría General de la República (CGR) confirmara que la reforma era necesaria para liberar el tope y autorizar el gasto adicional.
En medio de ese desacuerdo y con manifestantes en Casa Presidencial que pedían la convocatoria del proyecto, el Gobierno intentó destacar su papel en la búsqueda de fondos que se incorporaron al Tercer Presupuesto Extraordinario.
En una conferencia de prensa el 7 de noviembre, la presidenta ejecutiva de la CCSS, Mónica Taylor, dijo que el Ejecutivo había buscado recursos en ministerios con subejecución, “como, por ejemplo, el MOPT”, para trasladarlos a la Caja. Taylor sostuvo que el Gobierno “desde el día uno” había intentado encontrar “otra fuente de financiamiento” para cubrir las licencias.
La ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, reforzó el mensaje en esa conferencia y añadió que la Asamblea, mediante la moción al presupuesto extraordinario, terminó “pasando por ley la ubicación de esos dineros”, pero insistió en que el Ejecutivo había “corrido” para completar todas las acciones bajo su competencia en menos de una semana.
El 10 de noviembre, Rodrigo Chaves reiteró esa versión en una entrevista a Noticias Repretel. El presidente afirmó que el Gobierno había “mandado al Congreso un presupuesto extraordinario donde, de plata del MOPT, destinamos y le pedimos la autorización de gasto para estas 1.200 familias”. Chaves repitió ese mensaje en la conferencia semanal del 12 de noviembre, en donde volvió a decir que la reforma a la ley de FODESAF que estaba pendiente de segundo debate es innecesaria. Chaves urgió a la Contraloría General de la República (CGR) a aprobar el presupuesto asignado a las licencias: “Ahí está el presupuesto que le quitamos al MOPT”, indicó el mandatario.
La CGR terminó aprobando un presupuesto extraordinario parcial para la CCSS el 12 de noviembre porque la Sala Constitucional ordenó garantizar el pago a las familias cuidadoras en una serie de fallos recientes. Bajo esas circunstancias, la Contraloría avaló la incorporación de ₡2.700 millones de FODESAF para cubrir el faltante de las licencias de cuido de este año.
Incorporación al presupuesto vino del Congreso
La ruta para cubrir el faltante de las licencias de cuido quedó registrada en video mucho antes de que el Gobierno se atribuyera la iniciativa: ocurrió el 8 de octubre, en la comisión de Asuntos Hacendarios durante la comparecencia del ministro de Trabajo, Andrés Romero, jerarca de la cartera que administra FODESAF. Romero advirtió que el fondo había llegado al tope legal de 0,5%, una restricción que impedía asignar más recursos para licencias de cuido este año.
En la misma sesión, Jonathan Acuña reaccionó con dos propuestas: impulsar una moción al Tercer Presupuesto Extraordinario para reponer los fondos acabados desde agosto y presentar una reforma a FODESAF para habilitar por ley la transferencia y evitar que la situación se repitiera.
La comisión de Hacendarios aprobó la moción el 15 de octubre con las firmas de Acuña y de los diputados liberacionistas: José Joaquín Hernández, Sonia Rojas y Luis Fernando Mendoza. Con esa modificación incorporada, el Tercer Presupuesto Extraordinario llegó al plenario y fue votado el 27 de octubre, ya con los ₡2.700 millones destinados a cubrir a las personas cuidadoras.
Así, la solución legislativa quedó definida días antes de que el Gobierno la presentara como una iniciativa propia.
Fondos no salieron del MOPT
La versión del Gobierno es que los ₡2.700 millones que faltaban para las licencias de cuido salieron de una partida subejecutada del MOPT. Sin embargo, los registros legislativos descartan que la reasignación tuviera relación alguna con esa cartera.
La moción aprobada el 15 de octubre en la Comisión de Hacendarios tomó los recursos de la partida de emisión de títulos valores de la deuda interna. Jonathan Acuña explicó a Doble Check que su moción acortó un ahorro que ya estaba incluido en el presupuesto extraordinario: en lugar de reducir la emisión de deuda interna al monto original, la moción disminuyó ese recorte en ₡2.700 millones, que fueron destinados a FODESAF para el pago de las licencias.
Contrario a lo afirmado por el Ejecutivo, no hubo traslado de recursos desde un ministerio con subejecución: los recursos salieron del propio diseño del presupuesto extraordinario que estaba en trámite en la Asamblea Legislativa.