En resumen: El ministro de Seguridad, Mario Zamora, exculpa al Gobierno de la inseguridad actual y la atribuye a los recortes en plazas policiales de las dos administraciones pasadas. Sin embargo, los números de Zamora narran una historia incompleta: el ministro solo cuenta las plazas que se eliminaron en varios años de los otros gobiernos, y excluye las que se sumaron.
Desde febrero, Zamora ha sostenido que las administraciones pasadas debilitaron la fuerza policial al eliminar 1.446 plazas. Con ese argumento, el jerarca ha intentado explicar la crisis de homicidios como una herencia ajena y no como un problema de gestión actual.
Doble Check comprobó que la cifra de 1.446 plazas corresponde únicamente a eliminaciones registradas en los presupuestos de 2015, 2021 y 2022. Sin embargo, el ministro omitió un dato clave: entre 2017 y 2019, se crearon casi 2.500 nuevos puestos policiales, según las leyes de presupuesto admitidas en esos años.
Los aumentos en la fuerza policial se concentraron en la administración de Luis Guillermo Solís Rivera (2014-2018), responsable de un crecimiento neto de 2.022 plazas. En cambio, la administración Alvarado Quesada (2018-2022) registró una disminución neta de 909 puestos. Según Randall Vargas, exviceministro de Seguridad de dicha administración, ese recorte se debió a presiones presupuestarias derivadas de la crisis económica por la pandemia de COVID-19 y al tope de gasto por la regla fiscal.
Aunque el ministro Zamora atribuye la crisis de homicidios a la falta de personal, el Ministerio de Seguridad no solicitó recursos para crear nuevas plazas en el presupuesto del 2023. La fuerza policial se mantuvo con la misma cantidad de funcionarios en el periodo en que el país alcanzó su récord histórico de 905 homicidios. No fue hasta el 2024 cuando el Ejecutivo y el Congreso incorporaron nuevos fondos para aumentar el número de policías.
Doble Check consultó al Ministerio de Seguridad por qué el ministro y la institución omitieron la creación de plazas en su denuncia contra sus antecesores, pero no se obtuvo una respuesta oportuna.
La denuncia de 1.446 plazas menos
Desde comienzos de este año, Mario Zamora ha sostenido que la actual crisis de homicidios tiene su origen en una supuesta reducción de 1.446 plazas policiales durante las dos administraciones anteriores.
El 19 de febrero, en una conferencia en Buenos Aires de Puntarenas, el ministro de Seguridad afirmó que “durante los cinco años previos, los homicidios fueron creciendo cada año”. Según Zamora, una de las razones de ese deterioro fue que “el Ministerio de Seguridad Pública eliminó 1.446 plazas policiales de su presupuesto”.
Zamora repitió la denuncia el 10 de septiembre en su comparecencia ante la comisión especial de Seguridad y Narcotráfico en la Asamblea Legislativa. En una discusión con el diputado frenteamplista, Jonathan Acuña, el ministro expresó: “Hemos indicado que el país sufre un cáncer, un cáncer que se generó… no se generó de la noche a la mañana. Cuando tenemos una reducción, en un momento histórico, de 1.446 plazas, se congelan 2.300 plazas, hay una liberación de golondrinas que permite que más de 8.000 personas que debían estar en escenarios de prisión estén en la calle, se hace un cóctel explosivo”. Este mensaje lo repitió el 30 de septiembre en una publicación en redes sociales del Ministerio de Seguridad para anunciar el aumento en la inversión presupuestaria para el 2026.
La cifra también fue usada por la diputada oficialista, Pilar Cisneros, el 21 de agosto. La jefa del oficialismo en el Congreso citó el dato en la misma comisión de Seguridad y Narcotráfico para cuestionar al expresidente Luis Guillermo Solís Rivera. Durante ese intercambio, Solís respondió que su administración había fortalecido la fuerza policial, e instó a revisar los datos contenidos en las leyes de presupuesto para confirmar que hubo un aumento en el número de plazas durante su mandato.
Desde marzo, Doble Check solicitó al Ministerio de Seguridad Pública los respaldos documentales de la denuncia de Mario Zamora. La institución remitió hasta octubre una certificación firmada por la jefa del Departamento de Remuneraciones y Compensaciones y el jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Presupuesto de Salarios, en la que se consignan únicamente las eliminaciones de puestos; el documento omite los aumentos registrados en los presupuestos nacionales. Esta información también sirvió de base para que Diario Extra publicara una noticia en donde solo consigna el dato de reducciones.
Presupuestos reportan sumas, no solo restas
Las leyes de presupuesto ordenadas por año cuentan una historia distinta a la narración de Mario Zamora.
En 2013, Costa Rica tenía 14.701 puestos policiales. Al año siguiente, bajo la administración Chinchilla Miranda, se registró una leve reducción: 14.560 plazas, 141 policías menos que el año previo. Esa reducción coincidió con el presupuesto aprobado en el último año en que Zamora fue ministro de Seguridad de la administración Chinchilla Miranda (2010-2014).
La primera caída significativa de puestos de policías llegó en 2015, en el primer presupuesto gestionado por la administración Solís Rivera: se eliminaron 434 plazas. Sin embargo, a partir de 2017, la Policía sumó 1.558 nuevos puestos en un solo año, alcanzando 15.684 plazas. Al cierre de 2018, Seguridad contaba con 16.582 plazas policiales, y para 2019 el número llegaba a 16.618, el nivel más alto entre 2013 y 2025.
Esa expansión se produjo durante uno de los mandatos que el ministro Zamora acusa de haber debilitado la seguridad.
Hubo un declive de policías posteriormente en la administración Alvarado Quesada, que restó 743 plazas en 2021 y dos centenares en 2022, año que cerró con 15.673 funcionarios policiales. Aún así, tal disminución fue menor que el crecimiento previo.
El Gobierno de Rodrigo Chaves mantuvo el número de policías sin variación en 2023, el año con más homicidios en la historia del país. Solo después de ese récord, en 2024, se aprobaron 603 nuevas plazas, llegando a un total de 16.275 puestos. La mitad de ese aumento provino de la insistencia de diputados opositores al Gobierno, quienes aprobaron un incremento presupuestario para Seguridad y aseguraron la contratación de 300 nuevos agentes de policía.
En 2025, se agregaron solo tres puestos más, por lo que la fuerza policial representada en el presupuesto de este año es de 16.278 oficiales.
El Ministerio de Hacienda presentó un proyecto de ley para el presupuesto del 2026 que sí plantea un aumento significativo de 1.131 nuevas plazas policiales. El proyecto está en fase de discusión en la Asamblea Legislativa.
Aumento neto en la administración Solís Rivera
En julio de 2014, pocos meses después de asumir la presidencia, Luis Guillermo Solís firmó una directriz de contención del gasto público. La medida estaba orientada a frenar el crecimiento del déficit fiscal y ordenaba que las instituciones solo podían llenar hasta 15% de las plazas vacantes, y que el resto debía permanecer sin ocupar, incluso de manera interina.
Doble Check no pudo confirmar si esa directriz influyó directamente en la eliminación de 434 plazas policiales en el presupuesto de 2015, aunque la coincidencia temporal sugiere que pudo haber incidido en la política de personal del Ministerio de Seguridad.
Gustavo Mata, quien asumió el mando del Ministerio de Seguridad a finales de 2014, indicó a Doble Check que las limitaciones presupuestarias para la contratación de nuevos agentes provocaron que, incluso, él considerase renunciar si no se asignaban recursos adicionales para la fuerza policial. Con una flexibilización presupuestaria en octubre de 2016 y la reactivación del impuesto a las sociedades anónimas, se logró financiar la contratación de miles de oficiales y revertir parcialmente el rezago.
La recuperación de plazas en los años siguientes, principalmente en 2017 y 2018, coincide con el efecto de ese nuevo financiamiento.
Reducción en la administración Alvarado Quesada
El descenso en el número de plazas de policías en los presupuestos de 2021 y 2022 tiene varias explicaciones coyunturales, explicó a Doble Check el entonces viceministro de Seguridad, Randall Vega.
El 2020 fue el primer año de aplicación de la regla fiscal, que impuso un tope al crecimiento del gasto público y limitó la posibilidad de crear nuevos puestos en el Ministerio de Seguridad. También, se sumaron los gastos extraordinarios de la pandemia de COVID-19: readecuación de delegaciones, compra de equipos de protección y otras erogaciones que desviaron fondos del presupuesto de Seguridad.
Vega explicó que esa combinación de factores dejó al ministerio con poco margen para ampliar su personal. En 2021, el panorama se agravó: la crisis internacional en las cadenas de suministro generó inflación y encareció las inversiones presupuestadas, elevando los costos operativos del ministerio, añadió el entonces viceministro.
Además, ese mismo año, Hacienda cambió una práctica que había permitido a los ministerios mantener plazas activas aunque no tuvieran contenido presupuestario pleno: hasta entonces, bastaba con asignar fondos para un mes de salario para conservarlas vigentes en la planilla. A partir de 2021, la Autoridad Presupuestaria prohibió esa modalidad por considerarla contraria a la técnica presupuestaria, recordó Vega.
Esa decisión obligó a Seguridad a solicitar la eliminación de cientos de plazas que carecían de financiamiento para todo el ejercicio económico, lo ocasionó la rebaja en el total de puestos en los presupuestos de 2021 y 2022.
Según Vega, esta no fue una reducción deliberada de la fuerza policial. “No fue una torpeza operativa ni una decisión política, sino una consecuencia de las condiciones económicas y de las nuevas reglas fiscales que nos limitaron por completo”, dijo el exjerarca.