En resumen: El presidente de la República, Rodrigo Chaves, redujo el último informe Estado de la Educación a una cantaleta de solo “gaste más plata”. Aunque el informe señala la necesidad de invertir 8,5% del Producto Interno Bruto (PIB) en educación, también reconoce que la inversión es inviable de golpe y plantea un camino gradual para alcanzarla al 2040, con objetivos escalonados a lo largo de quince años para llegar a la meta constitucional.
En una conferencia de Presidencia a inicios de septiembre, Chaves no se refirió a las propuestas concretas del informe y evitó referirse a las críticas de fondo sobre cobertura, calidad o gestión de la educación en Costa Rica. El presidente únicamente descalificó al Programa Estado de la Nación (PEN), autor del documento, y lo acusó de realizar un análisis en su propio beneficio, ya que insinuó que un aumento en el rubro educativo aumentaría su financiamiento.
El más reciente Estado de la Educación advierte que, con apenas 5% del PIB destinado al sector este año, el país necesitaría sumar 3,5 puntos porcentuales adicionales para cubrir rezagos básicos en infraestructura, becas, transporte y currículo completo. El análisis recomienda un aumento paulatino, con inversiones anuales que rondarían entre 0,11% y 0,35% del PIB, de modo que la expansión sea compatible con la regla fiscal y con la limitada capacidad de gestión del propio Ministerio de Educación Pública (MEP).
Doble Check le pidió a Casa Presidencial que detallara la posición del Gobierno sobre los planteamientos del Estado de la Educación, pero no se obtuvo respuesta.
El presidente arremete contra el PEN
El 28 de agosto, el Programa Estado de la Nación presentó su más reciente informe Estado de la Educación. Además del diagnóstico bianual que repasa la cobertura, calidad y financiamiento del sector educativo, esta edición incorporó una propuesta con sugerencias específicas para el sector de cara a los próximos 15 años.
Días después, en la conferencia del 3 de septiembre, Rodrigo Chaves fue consultado por Diario Extra sobre la responsabilidad del Ejecutivo ante las fallas señaladas por el análisis. Acompañado por su ministro de Educación, quien no intervino en la respuesta, el presidente esquivó el fondo de los señalamientos y dirigió sus ataques directamente al PEN.
Chaves intentó equilibrar su postura enumerando lo que considera logros de su gestión: la reducción de órdenes sanitarias en escuelas, avances en infraestructura, la ampliación de la conectividad en zonas remotas y la regularización de plazas docentes, entre otros. Sin embargo, en lugar de referirse a las críticas, el mandatario prefirió atacar a la institución de donde provenían.
“El Estado de la Educación lo único que dice es ‘gaste plata, gaste plata, gaste plata, más plata, más plata’. ¿Por qué será?”, cuestionó Chaves.
El presidente insinuó que el informe realizó su análisis con la mirada puesta en el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), ya que el PEN se financia a través del Consejo Nacional de Rectores (CONARE). “Resulta que el 8,5% [del PIB], que es lo que defiende el Estado de la Educación, incluye el FEES, el feestín [sic.]. ¿Y quién es el dueño del Estado de la Educación? El Estado de la Nación. ¿Y quién es el dueño del Estado de la Nación? CONARE, los cinco rectores [de las universidades públicas]”, dijo.
Propuesta tergiversada
Rodrigo Chaves caricaturizó el Estado de la Educación al reducirlo a una cantaleta de “gaste plata”. La única cifra que recogió fue la de 8,5% del PIB, presentada como si se tratara de una exigencia inmediata. El presidente omitió que el Estado de la Educación plantea alcanzar esa meta gradualmente, con incrementos controlados hacia el 2040. Al borrar la gradualidad de la propuesta, el presidente transformó un plan financiero de largo plazo en un argumento fácil de descartar.
El informe no pide abrir de golpe la billetera del Estado. Su propuesta es una ruta de 15 años, con incrementos que nunca superarían 0,5 puntos porcentuales del PIB por año mediante un “acuerdo nacional”. El Estado de la Educación incluso reconoce que un aumento abrupto en la inversión educativa no es posible actualmente.
“Un acuerdo nacional buscaría no tanto que se le demande a cada Ministro de Hacienda dotar al MEP del 8% del PIB para educación en un solo año (que aunque es el mandato constitucional, no es financiera ni administrativamente posible dado el estado de situación fiscal actual), sino que se le exija evidenciar su compromiso con un crecimiento presupuestario gradual y sostenido año con año hasta alcanzar el mandato, lo que constituye una respuesta práctica a una disyuntiva extremadamente compleja: la desinversión en educación compromete el desarrollo futuro del país, pero no hay recursos para cumplir con la norma constitucional”, señala el informe.
El PEN advierte que ese pacto debe fijar objetivos medibles e indicadores transparentes para evaluar el uso de los recursos y comprometer al Ejecutivo con políticas de Estado en educación y desarrollo social. El cálculo arranca con un aumento de ₡61.117 millones adicionales en 2026 (equivalente a 0,11% del PIB) y llega en 2040 a ₡380.384 millones, con una proyección de 0,31% del PIB.
La investigación señala que la mejora financiera debe ir acompañada de una mejora en la gestión; el PEN advirtió que, aunque el 8% del PIB estuviera disponible inmediatamente, el MEP no ha demostrado las capacidades para administrarlo de manera adecuada. La promesa constitucional choca con fallas administrativas de planificación, presupuestación y contrataciones, así como de control del uso de los fondos.
¿Para qué 8,5% del PIB?
El artículo 78 de la Constitución Política obliga al Estado a invertir, como mínimo, un 8% del PIB en educación. Esta meta nunca se ha cumplido, aunque se acercó en 2017 con 7,5%. Desde entonces, la asignación ha sido decreciente hasta llegar a 5% este año.
El Estado de la Educación calculó que el sistema educativo necesitaría al menos 8,5% del PIB para atender sus principales rezagos. Entre las prioridades figuran universalizar la alimentación escolar, que hoy está limitada en secundaria; garantizar becas Avancemos para todos los estudiantes en pobreza, y extender el transporte gratuito a unos 6.000 alumnos que lo requieren.
El informe también plantea recuperar la inversión en mantenimiento de escuelas, ampliar la conectividad de banda ancha en todos los centros educativos, contratar más de 2.500 docentes de informática y equipar con bibliotecas a unas 3.000 instituciones que carecen de ellas. Además, recomienda un plan de capacitación para los 65.000 docentes activos, instaurar pruebas de idoneidad para futuros educadores y atender de inmediato 887 órdenes sanitarias pendientes, así como la promesa incumplida de dar el currículo completo a toda la primaria, que hoy apenas cubre a 16% del estudiantado.
Regla fiscal y decisiones políticas
El Estado de la Educación también advierte que, más allá de las restricciones de la regla fiscal, han sido las propias decisiones políticas del Ejecutivo las que han reducido la prioridad de la educación en el presupuesto.
El Ministerio de Hacienda debía limitar el crecimiento del gasto en función de la regla fiscal desde 2020 para contener el déficit del Estado, pero el Gobierno podía permitir que el presupuesto educativo creciera al ritmo máximo que la norma habilitaba. Esto no ocurrió, sino que la inversión asignada fue menor que la permitida.
El reporte concluye que “se utilizó la inversión educativa como variable de ajuste fiscal”. En otras palabras, en lugar de buscar nuevas fuentes de ingresos, el Ejecutivo concentró los recortes en educación y programas sociales, con consecuencias directas sobre la calidad, la equidad y el cumplimiento de mandatos constitucionales.