En resumen: Cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia acumulan más de 700 expedientes por resolver en sus despachos, de un total de 22 jueces. Esos casos son una excepción, y no reflejan una tendencia generalizada en la máxima corte del país.
Doble Check verificó la mora judicial de la Corte Suprema con datos oficiales, ante un cuestionamiento de la diputada oficialista, Pilar Cisneros. La legisladora señaló que “a nosotros, como diputados, nos debería dar vergüenza […] seguir reeligiendo a magistrados que tienen una mora judicial de mil expedientes”.
Ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia registra una mora judicial de 1.000 expedientes, como dijo Cisneros, pero sí hay cuatro magistrados con un acumulado de 700 a 876 expedientes. Solo siete magistraturas tienen más de 400 casos pendientes.
Jorge Olaso Álvarez, magistrado de la Sala Segunda de Casación Laboral y de Familia, era el integrante de un alto tribunal con la mayor carga de trabajo: 876 expedientes asignados a marzo de este año, según la Corte Suprema de Justicia.
Tres de las cuatro salas que componen la Corte Suprema resolvieron más casos que los ingresados en el periodo 2020-2024, según los registros oficiales. Solo la Sala Tercera de Casación Penal resolvió 3.169 de los 3.441 asuntos recibidos en esos años.
“Una limpia del Poder Judicial”
El 13 de diciembre pasado, Pilar Cisneros justificó la necesidad de que el oficialismo obtenga 40 curules en las elecciones de 2026 para hacer “una limpia del Poder Judicial”.
En una entrevista con El Mundo CR, la jefa del oficialismo en el Congreso aseguró que contar con esa mayoría legislativa permitiría “sacar a la Sala IV de la Corte [Suprema de Justicia]”, desvincular al Ministerio Público del Poder Judicial, reordenar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), impulsar una reforma integral del Estado y eliminar el gasto “innecesario” en las instituciones públicas.
La legisladora indicó que, con esa cantidad de curules, se propondrían “una limpia del Poder Judicial”.
“Le puedo asegurar que muchos magistrados cuestionados o tienen una mora judicial enorme en su despacho y que no es capaz de dar justicia pronta y cumplida, no va a ser ratificado. A nosotros, como diputados, nos debería dar vergüenza, pero vergüenza con el costarricense, seguir reeligiendo a magistrados que tienen una mora judicial de mil expedientes”, afirmó.
Ante consultas de Doble Check, Pilar Cisneros justificó su afirmación alegando que el magistrado Sánchez (quien sería reelegido) había dicho ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa que tenía “más de 800 expedientes por resolver”.
Los expedientes por resolver en cada despacho
Es incorrecto que alguna magistratura acumule mil expedientes en su despacho, según los datos de la Corte Suprema de Justicia a marzo de este año, pero cuatro de 22 magistrados tenían más de 700 expedientes a su cargo.
Solo siete magistraturas registraban más de 400 casos pendientes. Sin embargo, esas cargas máximas de expedientes por resolver no son una tendencia generalizada en la Corte.
Los magistrados conocen, según su especialidad, los recursos de casación en última instancia de los casos judiciales del país. Su función es revisar si las decisiones de tribunales inferiores se ajustaron a derecho. En las manos de cinco magistrados por Sala (I, II y III) y siete en la Sala Constitucional, se decide el desenlace de los expedientes judiciales: tras su fallo no existe otro recurso adicional contra la decisión.
Jorge Olaso Álvarez, magistrado de la Sala Segunda de Casación Laboral y de Familia, era el integrante de un alto tribunal con la mayor carga de trabajo: 876 expedientes asignados a marzo de este año, según la Corte Suprema de Justicia. El expediente con mayor antigüedad fue asignado a su despacho en el 2018.
El volumen de casos en trámite de magistrados como Jorge Olaso, Luis Porfirio Sánchez y Julia Varela refleja una situación propia de la Sala Segunda, donde los cinco magistrados —incluidos Orlando Aguirre Gómez (497) y Roxana Chacón Artavia (434)— superan los 400 casos. Esta condición no se repite en ninguna de las otras tres salas de la Corte Suprema. Solo en la Sala Constitucional hay dos magistrados con cargas similares: Fernando Castillo (795) y Jorge Araya (404).
Estos son los datos de cada Sala de la Corte Suprema de Justicia:
Sala Primera: El circulante de la Sala de Casación Civil y Contencioso Administrativo el año pasado era de 1.882 casos, aunque esa cifra es mayor a la cantidad de casos reportados por magistrado. El Poder Judicial explicó que esa diferencia se debe a que el total de la Sala incluye asuntos en fase de admisión y otros casos que no requieren una resolución de fondo. Los magistrados con mayor carga eran Iris Rojas Morales (355) y Luis Rivas Loaciga (329), mientras que Carlos Zamora Campos Damaris Vargas Vásquez manejaban 123 y 86 casos respectivamente. Entre 2020 y 2024, esta sala resolvió 11.178 asuntos frente a 8.246 que ingresaron.
La Sala destacó que su circulante de expedientes por resolver escaló a su punto más alto en 2019 (7.326) por la entrada en vigencia del Código Procesal Civil un año antes, pero que ha logrado “una reducción sostenida en el volumen de expedientes gracias a esfuerzos continuos por resolver más casos de los que ingresaron”.
Sala Segunda: La Sala de Casación Laboral y de Familia registra el mayor acumulado de casos en trámite en todo el Poder Judicial, con 3.523 casos pendientes para marzo de este año. Todos sus integrantes superan los 400 casos, y tres de ellos sobrepasan los 700 expedientes: Jorge Olaso Álvarez (876), Luis Porfirio Sánchez Rodríguez (855) y Julia Varela Araya (729), Orlando Aguirre Gómez (497) y Roxana Chacón Artavia (434). Además, había 132 expedientes por asignar o que requerían de un magistrado redactor. En el periodo 2020-2024, esta Sala resolvió 15.051 casos frente a 14.395 que ingresaron, pero la carga por persona es excepcionalmente alta en contraste con el resto de salas.
El circulante de casos en la Sala Segunda se elevó desde 2017 hasta llegar a un punto máximo de 5.180 expedientes por resolver en 2021. Desde entonces, el circulante ha mermado cada año.
Sala Tercera: La Sala de Casación Penal registra el menor volumen de casos pendientes de toda la Corte, con solo 450 casos en trámite entre todos los altos jueces. El magistrado con mayor carga, Gerardo Alfaro Vargas, tiene 111 expedientes, seguido de Sandra Zúñiga Morales y Patricia Solano Castro, con 107 y 100 casos respectivamente. El resto de los magistrados no supera los 75 casos. En la gestión entre 2022 y 2024, esta sala resolvió 3.169 de los 3.441 asuntos recibidos.
Sala Constitucional: La Sala Constitucional mantiene una carga de 2.531 asuntos en trámite, principalmente por su función estructural dentro del Poder Judicial. A marzo, Fernando Castillo registraba 795 expedientes porque, como presidente de la Sala, debía dar trámite a todos los casos que ingresaran. “De los 795 asuntos en trámite, 488 ingresaron en los últimos 12 días hábiles y están en etapa de revisión y análisis de admisión, y 562 asuntos del total no tienen más de dos meses de haber ingresado”, justificó el magistrado.
La Sala Constitucional destacó que la mayoría de casos en cada despacho lleva menos de tres meses de haber ingresado. Entre 2020 y 2024, esta Sala resolvió 145.295 asuntos, por encima de los 144.880 casos que recibió: eso representó más de 80% del total tramitado por las cuatro salas.
Mora judicial refleja leve recuperación
Según el más reciente Informe Estado de la Justicia, publicado en 2025 por el Programa Estado de la Nación, el Poder Judicial muestra una leve recuperación en sus indicadores de eficiencia de justicia pronta y cumplida entre 2021 y 2024, tras un deterioro entre 2018 y 2020.
Según el análisis, esta mejora a corto plazo se evidencia en un incremento de los casos resueltos (aproximadamente 10 % más que en 2016, en comparación con 2024) y una reducción en el volumen de expedientes pendientes, aunque este último continúa siendo más de 20%, superior al registrado hace ocho años.
En 2024, la litigiosidad equivale al 90% de la de 2016, con un aumento de alrededor del 10% en casos resueltos y un circulante adicional de 20%. Aunque hay una recuperación reciente (2021-2024) frente al periodo 2018-2020, no se evidencia una mejora sostenida a mediano plazo.
“La recuperación de corto plazo en los indicadores agregados de eficiencia o productividad institucional ha coincidido con una época de cierto resarcimiento de los recursos financieros y humanos del Poder Judicial. En un contexto de crecientes presiones al alza por los servicios judiciales, reales o potenciales, la escasa mejora en los recursos presupuestarios y humanos crea una apremiante situación que el Poder Judicial deberá atender con mejoras significativas en su accionar”, concluyó el informe.
Polémica reelección del magistrado Sánchez
Según datos de la Corte Suprema de Justicia, el segundo magistrado con mayor cantidad de casos en trámite es Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, de la Sala Segunda, con 855 expedientes asignados hasta febrero de 2025.
Sánchez fue reelecto por ocho años más en setiembre de 2024, en una polémica votación del Congreso, a pesar de ser el segundo integrante del alto tribunal con más causas pendientes.
Su continuidad en el cargo se concretó gracias al respaldo de diez diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), siete del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), seis de Nueva República y dos legisladoras independientes. Al no alcanzarse la mayoría calificada de 38 votos necesaria para bloquear su reelección, Sánchez pudo permanecer en el puesto.
Votaron en contra ocho congresistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), seis del Frente Amplio (FA), seis del PLN, cuatro del Partido Liberal Progresista (PLP) y uno del PUSC. Pilar Cisneros también se opuso.
Entre los argumentos presentados por quienes rechazaron su reelección, destacó la considerable carga laboral que enfrenta en su despacho, lo que genera dudas sobre su capacidad para atender con eficacia el volumen de expedientes asignados.
Jorge Olaso, compañero de Sánchez en la Sala Segunda, es quien más casos pendientes posee: 876, según datos del Poder Judicial. Sin embargo, Olaso no estuvo en la polémica pues su nombramiento aún no ha vencido.
Nota del editor: Esta verificación fue realizada por Sebastián Sánchez Ramírez, estudiante de Comunicación Colectiva y Derecho de la Universidad de Costa Rica, como parte del curso de Administración de Proyectos en Comunicación.