En resumen: El presidente Rodrigo Chaves defendió a su ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, al señalar que los femicidios en su administración no están “peor” que las estadísticas de Óscar Arias y Laura Chinchilla. Con esa comparación, el mandatario omite que la incidencia de ese crimen durante su mandato ya supera el registro de todo el gobierno de su predecesor.
En los 34 meses de mandato de Rodrigo Chaves se han registrado 94 femicidios, una cifra que ya supera los 90 casos ocurridos en los 48 meses completos del gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).
Chaves está en lo correcto al afirmar que el registro total fue más elevado durante la administración de Laura Chinchilla. La administración de Óscar Arias también registró tasas anuales de femicidio más altas que las ocurridas durante el gobierno de Chaves hasta ahora.
Sin embargo, no es posible comparar con precisión la suma de femicidios actuales y el total de la administración Arias Sánchez (2006-2010), ya que el delito de femicidio fue establecido hasta el 2007. Por ello, no es posible incluir su primer año de gobierno (2006) en una comparación precisa con administraciones posteriores.
Así, la administración de Chaves se perfila como la segunda con mayor incidencia de femicidios en sus primeros tres años de mandato desde que existe ese tipo penal.
Ante consultas de Doble Check, Presidencia indicó que su conferencia abordó lo que considera una alta impunidad en casos de femicidio y no pretendía hacer comparaciones históricas.
Defensa del presidente
Durante la conferencia de Casa Presidencial del 5 de marzo, Rodrigo Chaves afirmó:
“Nosotros no estamos culpando a nadie aquí, repartiendo culpas gratuitamente. Estamos demostrando la hipocresía de las diputadas y diputados que me pidieron la renuncia de la señora ministra porque los femicidios están muy mal… y estuvieron peor en el gobierno de Óscar Arias y en el de Laura Chinchilla”.
El presidente de la República hizo esa comparación en respuesta a los llamados de partidos políticos y organizaciones de derechos humanos que exigieron la destitución de la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, debido al incremento de femicidios en las primeras semanas del 2025. Las críticas se intensificaron a finales de febrero e inicios de marzo, luego de que múltiples colectivos feministas y 30 diputados de oposición acusaran a Quesada de no actuar con suficiente eficacia ni contundencia ante la creciente violencia contra las mujeres.
La ministra de la Condición de la Mujer también participó en la puesta en escena de Casa Presidencial, así como el exministro de Seguridad y abogado, Juan Diego Castro. Ambos relevaron de responsabilidad al Ejecutivo, y acusaron a la Asamblea Legislativa y al Poder Judicial por lo que caracterizaron como una elevada impunidad en los casos de violencia contra las mujeres.
Casa Presidencial indicó a Doble Check que el propósito central de la conferencia fue señalar una elevada impunidad en casos de violencia contra las mujeres, subrayando la diferencia entre el número de denuncias y condenas.
Doble Check previamente ha advertido sobre los problemas metodológicos de asumir que la diferencia entre denuncias interpuestas y condenas refleja directamente impunidad. Presidencia también atribuyó a Juan Diego Castro la comparación con las administraciones de Óscar Arias y Laura Chinchilla.
Aumento de femicidios en gobierno de Chaves
Se han registrado 94 femicidios durante la administración de Rodrigo Chaves. Ese total ya supera la suma de casos del gobierno anterior.
El número de femicidios durante los 34 meses de gobierno de Rodrigo Chaves ya superan los 90 sucesos ocurridos durante toda la administración Alvarado Quesada (2018-2022). Así lo evidencia una suma de los registros mensuales del Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial.
Han sucedido 13 femicidios entre enero y marzo de este año, una escalada similar a la ocurrida en el mismo periodo de 2023 (14 casos). Además, aquel fue el año más violento en los registros policiales, con 902 homicidios, según la Memoria Anual del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Los datos oficiales solo se registran por mes desde el 2016, por lo que solo hay cifras anuales para las administraciones previas.
La segunda administración de Óscar Arias (2006-2010) registró tasas anuales de femicidio más altas que las registradas en el gobierno actual. Por ejemplo, hubo una tasa de 1,5 mujeres víctimas de femicidio por cada 100.000 mujeres en 2008, y la tasa aumentó a 1,75 en el año siguiente. No obstante, no se puede establecer una comparación apropiada con gobiernos posteriores porque no se cuenta con el dato del 2006, porque no se había tipificado el femicidio en Costa Rica.
En Costa Rica, el Observatorio de Violencia de Género reconoce estadísticamente dos tipos principales de femicidio. El primero, tipificado inicialmente en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres (LPVM), castigaba únicamente los asesinatos cometidos por parejas o cónyuges actuales. Desde junio de 2021. La norma también incluye relaciones previas como noviazgo o convivencia casual.
El segundo tipo, conocido como femicidio ampliado, visibiliza muertes de mujeres motivadas por razones de género, basándose en la Convención Interamericana contra la Violencia hacia la Mujer (Convención de Belém do Pará). Ese tipo no estuvo plasmado en la legislación nacional hasta agosto de 2021, cuando se estableció el femicidio en otros contextos, tipificado en el artículo 21 bis de la LPVM. Esa reforma incluye muertes de mujeres dentro de relaciones familiares hasta tercer grado de consanguinidad, así como vínculos de confianza, autoridad o poder.
El siguiente gráfico muestra la tasa promedio de femicidios ocurridos durante los primeros tres años de cada administración desde el 2007. Esta medición constituye una aproximación debido a que, al no existir datos mensuales anteriores a 2016, no fue posible determinar los femicidios ocurridos en los meses de enero a abril de los años en que hubo cambio de gobierno. En el caso específico de la administración Chaves, tampoco se incluyeron los datos de los meses de enero y febrero de 2025 —meses con alta incidencia de femicidios— con el propósito de mantener una comparación anual homogénea.
Así, la administración actual se perfila como la segunda con mayor incidencia de femicidios desde que se tipificó ese delito, por debajo del gobierno de Laura Chinchilla. La administración de Chinchilla registró el récord histórico de femicidios, con un pico de 42 casos en el 2011.
El Organismo de Investigación Judicial había publicado datos de femicidio anteriores al 2007 en su memoria anual del 2013. No obstante, el Observatorio de Violencia de Género recomienda que su consulta sea únicamente ilustrativa.
Respuesta judicial
Más allá de la comparación brindada por Chaves, el Programa Estado de la Nación (PEN) planteó un llamado al Poder Judicial para mejorar sustancialmente el acceso a la justicia para las mujeres frente a la amenaza persistente de femicidio.
Recientemente, el PEN subrayó que el Poder Judicial enfrenta desafíos en el manejo de casos relacionados con violencia de género. En 2024, se reportaron 197 denuncias por intentos de femicidio, 32.194 denuncias por delitos sexuales y violencia contra las mujeres ante el Ministerio Público, y más de 77.000 casos ingresaron a los juzgados especializados en violencia doméstica. Esta situación representa un 15% del total de casos nuevos que el Poder Judicial atiende cada año.
El Estado de la Nación propone medidas concretas para mejorar la capacidad de respuesta institucional: por ejemplo, establecer vías más accesibles para la denuncia, fortalecer el acompañamiento legal y psicológico gratuito para las víctimas, y aplicar protocolos policiales y judiciales con perspectiva de género.
Además, el PEN enfatiza la necesidad urgente de mejorar la coordinación interinstitucional y asegurar recursos suficientes para la atención integral de las mujeres en riesgo de violencia feminicida.