Luego de la llegada de 200 personas deportadas de Estados Unidos a Costa Rica existe una gran incertidumbre de organizaciones de derechos humanos sobre la manera en que estas fueron transportadas y recibidas en el país, así como el mecanismo con el que serán devueltas a sus países de origen.
Este martes 25 de febrero llegó a Costa Rica un segundo vuelo con 65 personas migrantes deportadas de los Estados Unidos. Este se suma al recibido el jueves pasado con 135 personas y es parte del apoyo que le da el gobierno costarricense a la estrategia de repatriación que realiza EEUU. Sin embargo esta medida ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos humanos. Estos advierten sobre la falta de transparencia en el proceso y la incertidumbre sobre las condiciones en las que estas personas son acogidas en el país.
El coordinador de fronteras del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica (SJM), Roy Arias, expresó en entrevista para el programa Casa Abierta que no han tenido acceso a información y tampoco tienen la posibilidad de supervisar las condiciones en las que llegan estas personas al Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) de la frontera Sur.
“Llegaron al país, se podría decir como en una situación de aislamiento. No hay acceso a poder verificar cuál es el estado en el que vienen, cuál es la situación en la que están”, señaló. Asimismo Arias manifestó que estas personas no tienen antecedentes penales, pero son sometidas a una criminalización injusta.
¿Cuál va a ser el rol de Costa Rica?¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Cuál va a ser el trato que se les va a dar en este país? Son muchas de las preguntas que nos hacemos”- Roy Arias, coordinador de fronteras del Servicio Jesuita para Migrantes de Costa Rica en entrevista para desayunos de Radio Universidad.
El Ministerio de Seguridad explicó en un comunicado de prensa que estas personas son atendidas en las instalaciones del CATEM por personal policial y médico. El objetivo de esto es garantizar su seguridad y salud y que realizan entrevistas y coordinan estudios médicos para luego organizar su salida del país.
Sin embargo, en criterio de Arias, el proceso se ha dado de manera improvisada. “Estamos hablando de poblaciones de orígenes muy diversos con idiomas muy diferentes, con aspectos culturales también heterogéneos. No tenemos el acceso muy claro a como se está llevando a cabo esto, o si van a seguir llegando vuelos de personas deportadas desde los EEUU”.
Además, uno de los puntos de preocupación es el tiempo de permanencia en el CATEM y la capacidad del Estado para brindar asistencia humanitaria. «No tenemos claro cuánto tiempo van a estar recluidas en el CATEM y tampoco sabemos realmente la capacidad que pueda haber de asistencia humanitaria hacia esas personas”, afirmó Arias.
El coordinador de fronteras del SJM dijo que lo único de lo que están seguros es de que parte del acompañamiento que se está haciendo está en manos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y que son responsables de ver su situación médica, valorar su estatus migratorio, junto con la Policía de Migración de Costa Rica y el Ministerio de Seguridad.
IMPACTO SOCIAL Y NECESIDAD DE ACCIÓN
Adriana Calzada pertenece a la Comunidad Intercongregacional de la frontera sur. Esta se estableció desde 2024 y su objetivo es tener presencia en la zona para acompañar a la población migrante. Calzada relató cómo la incertidumbre ha marcado la situación en la frontera sur en las últimas semanas.
“Las personas que estamos en la atención a la población, tenemos poca información sobre las condiciones y poco acceso a la atención, y poco acceso, quiero decir, ninguno. Nosotras quisieramos ir a atender pero ahorita estamos de manos atadas sin poder ir y atender a esta población”, explicó Calzada.
Además, Calzada hizo hincapié en el impacto emocional y social del proceso de deportación, indicando que muchas personas llegan sin un destino claro. «Cuando iban hacia el norte, había un sueño y una posibilidad que inyectaba esperanza. En este retorno, todas las condiciones siguen iguales, pero el sueño ya no está«, explicó, destacando la necesidad de abordar la situación con sensibilidad y respeto por la dignidad humana.
Las organizaciones exigen mayor información sobre la situación en el CATEM, así como la posibilidad de brindar acompañamiento a las personas migrantes deportadas. Sobre esto, el Servicio Jesuita para Migrantes emitió un comunicado a inicios de febrero en donde exigió al gobierno costarricense el respeto a la dignidad de las personas migrantes.
En este documento solicitan el acceso a información pública sobre “las condiciones en las que estas personas están ingresando al país, la atención y protección que se les prestará, el tiempo de reclusión que deberán soportar”. También piden tener claridad sobre los mecanismos que utilizarán para trasladarlos a sus países de origen y “¿De qué formas se respetará la normativa internacional que ha suscrito Costa Rica en materia de Refugio y Derechos Humanos?”.
Sin embargo hasta el momento, estas organizaciones no han podido tener acceso al CATEM ni a la información sobre las condiciones en las que están llegando estas personas a nuestro país. “Estamos seguros de que estas personas quisieran hablar con la prensa, con organismos, tener una atención del Estado, del PANI, del INAMU, o sea de las diferentes instituciones que tenemos acá. Pero hoy día, lamentablemente, no han tenido oportunidad de hablar y explicar quiénes son”, enfatizó Arias.
Ante este contexto, instan a las autoridades y a la comunidad internacional a prestar atención a la crisis migratoria y a garantizar que la respuesta sea humanitaria y respetuosa de los derechos fundamentales de todas las personas.
Este viernes 28 de febrero a las 11 a.m. seguiremos analizando este tema en el programa Casa Abierta de la Radio 870 UCR.