En resumen: La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, le dijo a una comisión legislativa que ella podría entregar una “bitácora diaria de la coadministración de la Contraloría”, refiriéndose a supuestas decisiones excesivas de esa institución que recibe el Gobierno. Ante un recurso de amparo de Doble Check, la ministra reconoció que no puede sustentar esa afirmación porque “es una información que como tal no tenemos”.
Fernández hizo esa crítica el 19 de noviembre para insistir en que la Asamblea Legislativa tramite una tercera versión de la llamada Ley Jaguar, en la que el Gobierno solo quiere mantener el cambio a un artículo de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR). La jerarca añadió que “por ejemplo, la Contraloría le indicó a la municipalidad de Alajuelita cómo tiene que diseñar su acueducto”.
Doble Check solicitó detalles sobre las decisiones en que la ministra considera que la CGR coadministra el Estado, lo cual excedería las competencias del ente contralor. Casa Presidencial solo contestó que “se le recomienda solicitar esa información cada [sic.] una de las instituciones y ministerios de la república”.
Tras la notificación judicial de un recurso de amparo que Doble Check interpuso por esa respuesta, la ministra Fernández envió una declaración jurada a la Sala Constitucional en la que reconoce que no puede respaldar su señalamiento.
La ministra justificó que su cuestionamiento “debe interpretarse de manera figurativa”. “En este caso no se puede brindar lo solicitado, a causa de una imposibilidad, dado que es una información que como tal no tenemos, sino que puede ser directamente consultada en la página de la Contraloría”, dijo Fernández el 13 de diciembre.
Laura Fernández se refirió al portal de documentos de la CGR sin precisar ningún caso. La ministra solo brindó el número de oficio del “Informe de auditoría sobre el servicio de alcantarillado pluvial en la municipalidad de Alajuelita”, sin explicar cuál criterio en ese documento es coadministración de la CGR.
Aún así, dicho informe (DFOE-LOC-IAD-00007-2024) no contiene órdenes específicas de la Contraloría sobre cómo la municipalidad Alajuelita debe hacer un acueducto; la CGR solo dispuso que la alcaldía debe elaborar sus propios procedimientos para diagnosticar el estado del alcantarillado pluvial del cantón y su gestión.
Crítica para pedir avance de Ley Jaguar
La ministra de la Presidencia, Laura Fernández, acudió el 19 de noviembre a la comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa para solicitar que el Congreso modifique y tramite una nueva versión del proyecto de “Ley Jaguar para el Impulso del Desarrollo de Costa Rica” (expediente 24.467), que el Poder Ejecutivo desea someter a referendo.
Fernández le pidió al Congreso que elimine del proyecto de ley dos artículos que la Sala Constitucional calificó como inconstitucionales en octubre. El Ejecutivo pretende que la Asamblea acepte llevar a consulta popular una tercera versión de la Ley Jaguar para que el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR) diga que esa institución “no podrá sustituir o abarcar” tareas de la administración pública activa.
La ministra expuso la necesidad de esa reforma con un señalamiento que el Gobierno repitió durante este año: que la Contraloría cogobierna el Estado diariamente, excediendo sus funciones constitucionales.
“Hay todos los días, todos los días; yo les podría, si ustedes quieren, dar una bitácora diaria de la coadministración de la Contraloría. Diariamente, a nosotros nos notifican, a los alcaldes les notifican, a las instituciones descentralizadas les notifican, actividades que no son las que la Constitución mandó a la Contraloría a realizar”, señaló Fernández.
La jerarca de Presidencia agregó que “por ejemplo, la Contraloría le indicó a la municipalidad de Alajuelita cómo tiene que diseñar su acueducto, como si eso no fuera una potestad de la autonomía municipal”.
Fernández admite que no tiene información
Doble Check le pidió a Casa Presidencial el fundamento de la crítica que hizo Laura Fernández sobre la coadministración diaria de la CGR. Ante un recurso de amparo, la ministra de la Presidencia reconoció finalmente que “es una información que como tal no tenemos”.
Desde el 21 de noviembre, Doble Check le pidió a Casa Presidencial la siguiente información: 1) lista y descripción de hechos que la ministra de la Presidencia cataloga como coadministración de la Contraloría, 2) referencias sobre el caso de la municipalidad de Alajuelita que dio como ejemplo y 3) detalle de casos en que las instituciones hayan impugnado las supuestas acciones de coadministración.
El 5 de diciembre, el Ministerio de Comunicación respondió únicamente: “Desde el ministerio de la presidencia se le recomienda solicitar esa información cada [sic.] una de las instituciones y ministerios de la república”.
Doble Check presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional ese mismo día, argumentando que el Gobierno incumple la garantía de transparencia y acceso a información al endilgarle a la ciudadanía la tarea de buscar el sustento de sus propias afirmaciones. El recurso sigue en trámite en la Sala bajo el expediente 24-034374-0007-CO.
Tras recibir la notificación judicial del amparo, Laura Fernández dio una respuesta adicional a Doble Check, que amplió a la Sala Constitucional bajo juramento el 13 de diciembre. En primer lugar, Fernández dijo que su señalamiento “debe interpretarse de manera figurativa” y que, por eso, “no es posible atender lo solicitado en los términos planteados”.
“Figurativo” es el adjetivo de algo “que es representación o figura de otra cosa”, según el diccionario de la Real Academia Española. A inicios de diciembre, Casa Presidencial también justificó que el presidente de la República habló en “sentido figurado” al decirle a personas damnificadas en el Pacífico que diputados querían evitar la entrega de víveres donados por El Salvador o desecharlos. Tal afirmación carecía de fundamento.
La jerarca también hizo una mención general, sin detalles, de la plataforma de consulta de disposiciones de la CGR. “Estos documentos permiten evidenciar las acciones de supervisión y seguimiento realizadas por dicho órgano, mediante los cuales se evidencia la ‘coadministración’ que efectúa”, dijo Fernández sin especificar ningún caso.
“Es importante recalcar que en este caso no se puede brindar lo solicitado, a causa de una imposibilidad, dado que es una información que como tal no tenemos, sino que puede ser directamente consultada en la página de la Contraloría General de la República”, reconoció Fernández ante la Sala sin precisar a qué acciones se refiere.
Laura Fernández afirmó que su ejemplo del gobierno local de Alajuelita se basa en el informe DFOE-LOC-IAD-00007-2024, que la Contraloría emitió en junio de este año. Aún así, la ministra no señaló cuáles criterios en ese oficio son coadministración y por qué.
Ese oficio es el “Informe de auditoría sobre el servicio de alcantarillado pluvial en la municipalidad de Alajuelita”. Doble Check no halló órdenes específicas sobre cómo la municipalidad Alajuelita debe hacer un acueducto. En las conclusiones y disposiciones del análisis, la CGR estableció que la alcaldía debe elaborar sus propios procedimientos para diagnosticar el estado del alcantarillado pluvial del cantón y su gestión. La ley orgánica de la CGR establece que una de las potestades de esa institución es hacer auditorías financieras y operativas a las entidades sujetas a supervisión.
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Abrir en una nueva pestaña Propuesta sin innovación
El Ejecutivo pretende que haya un referendo para modificar únicamente el artículo 12 de la ley orgánica de la CGR, para indicar que esa entidad “no podrá sustituir o abarcar asuntos que corresponden exclusivamente a las competencias propias de la administración pública activa”. Sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reafirmó que esa propuesta de la llamada Ley Jaguar “no constituye una innovación” por ser una “reiteración de normas” existentes.
Así lo recalcó el TSE el 13 de noviembre, al rechazar la recolección de firmas para un referendo de la Ley Jaguar que propuso Edgar Espinoza, cónyuge de la diputada oficialista, Pilar Cisneros. El tribunal basó su dictamen en el criterio del Departamento de Asuntos Técnicos de la Asamblea Legislativa, el cual destacó que la imposibilidad de que la CGR abarque o sustituya las competencias de la Administración “ya forma parte del ordenamiento jurídico del país”.
“La realización de este tipo de ejercicios de consulta ciudadana implica una inversión presupuestaria considerable (superior a los 3.000 millones de colones). De esta manera, debe existir una relación costo-beneficio positiva para la ciudadanía, para que se considere justificada esa inversión. Esta relación sería deficitaria si lo que se pretende es utilizar el mecanismo del referéndum para someter a la ciudadanía una propuesta que implica una ‘reiteración normativa’”, concluyó el TSE.
Aún así, días después, Fernández hizo el llamado al Congreso para que respalde la misma iniciativa y proponga la consulta popular ante el TSE, que es una vía alternativa a la recolección de firmas ciudadanas para un referendo.
En octubre pasado, la ministra Fernández también difundió falsamente que la Sala Constitucional “dijo que la Contraloría no puede seguir siendo un cogobierno”, refiriéndose al fallo donde el tribunal halló propuestas inconstitucionales en la segunda versión de la Ley Jaguar. Al contrario, la Sala reconoció en su primera resolución sobre la Ley Jaguar (expediente 24-017291-0007-CO) que “es claro que la Contraloría no es administración activa”.
El tribunal detectó que la mayoría de reformas que el Ejecutivo impulsaba en la Ley Jaguar implicaban “un resquebrajo claro y directo a todo el esquema constitucional de la CGR […] en claro retroceso y regresión de nuestra institucionalidad de control y vigilancia de la Hacienda Pública”. La Sala también declaró inconstitucionales los cambios que el Gobierno quería hacer a la Ley General de Contratación Pública y la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), ante consultas del TSE.
*La asistente de investigación de Doble Check, Ericka Alvarado, colaboró en la redacción del recurso de amparo contra los Ministerios de la Presidencia y de Comunicación tramitado en el expediente 24-034374-0007-CO.