En resumen: El ministro de Justicia, Gerald Campos, afirmó que su propuesta de comprar carpas para albergar temporalmente a privados de libertad sería nueve veces más barata que construir una nueva prisión. Esa comparación es engañosa: las carpas estarían destinadas a privados de libertad de baja peligrosidad, mientras que la prisión citada por el ministro sería para máxima seguridad. Además, Justicia no presentó evidencia que respalde el costo de la prisión hipotética que mencionó Campos.
En una publicación en redes sociales, Campos alertó que una nueva prisión le costaría al Gobierno ₡47 millones por privado de libertad. Aún así, la prisión más costosa que se ha construido en el país en los últimos años costó alrededor de ₡18 millones por persona. El ministerio justificó que aquella inversión —del 2017— no fue una prisión de alta seguridad y que los costos de construcción han aumentado desde entonces. No obstante, la entidad no brindó el detalle de ningún cálculo que justificara la cifra dada por el ministro de Justicia.
Doble Check le consultó a Justicia cómo justifica la comparación entre el costo de una cárcel de alta contención y el de un proyecto destinado a personas en baja contención, pero no se recibió una respuesta oportunamente.
La iniciativa de montar carpas para atender la sobrepoblación carcelaria fue revelada por la prensa nacional en julio pasado. El 7 de agosto, la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa denegó el dinero para su compra ante la falta de estudios técnicos que respaldaran la inversión.
Propuesta de carpas
La propuesta de alojar a personas privadas de libertad en carpas trascendió el 12 de julio en el diario La Nación tras el despido del exviceministro de Justicia, Exleine Sánchez, quien habría calificado la iniciativa como “un grave error”. Ante la controversia, Casa Presidencial publicó un video en Facebook y en Instagram en el que el ministro de Justicia defiende las carpas.
“Este Gobierno se mueve y no va a esperar a que Cuesta de Moras resuelva. Por eso, me correspondió ir con una delegación a España a conocer el sistema penitenciario y las eventuales soluciones que podemos implementar de manera pronta; en lugar de tener que invertir más de ₡47 millones por privado de libertad para la construcción de una cárcel nueva que duraría tres años en hacerse, conocimos un modelo que nos costaría menos de ₡5 millones por privado de libertad y que se podría implementar en aproximadamente seis meses después de adjudicado, respetando toda la normativa internacional en cuanto al manejo de privados de libertad”, indicó el ministro, Gerald Campos.
La cifra del costo de una nueva cárcel fue repetida por Carolina Castro, viceministra de Gestión Estratégica, durante la sesión de la Comisión de Asuntos Hacendarios del 6 de agosto.
Incoherencia entre inversiones
La discrepancia más evidente en la comparación que ha presentado el ministro Campos está en las necesidades que cada iniciativa cubriría. El jerarca contrastó el precio de albergar a personas privadas de libertad en condiciones de baja seguridad con el supuesto valor de un entorno de máxima seguridad.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el ministro Campos defendió la implementación de módulos de contención en carpas como “un plan piloto donde vamos a ubicar privados de libertad que estén apunto de cumplir la pena, que hayan cometido delitos menores, que hayan tenido un comportamiento adecuado y que hayan demostrado la decisión de insertarse otra vez en la sociedad”.
Sin embargo, la cárcel que el ministro comparó con las carpas sería una instalación de alta seguridad, cuyos costos son más altos. Así lo confirmó a Doble Check el Ministerio de Justicia. El ministerio entregó el presupuesto de una cárcel para mediana y alta contención cuyo costo por residente sería de ₡23 millones, menos de la mitad del costo mencionado por el ministro.
Doble Check solicitó el cálculo del precio específico que Gerald Campos destacó para una cárcel permanente (₡47 millones por privado de libertad), pero Justicia no lo entregó.
La construcción de módulos individuales de concreto —que no equivalen a una prisión completa— tendría un costo de ₡8,3 millones por recluso, según las cifras de Justicia. Esta cifra se alinea en términos generales con la información verificada por Doble Check en las memorias institucionales del ministerio. Por ejemplo, la construcción de módulos en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro (antes conocido como La Reforma) tuvo un costo cercano a ₡11 millones por residente, trayendo a valor presente los montos reportados en el informe del 2016.
Falta de evidencia
A pesar de reiterados intentos, el Ministerio de Justicia no entregó a Doble Check evidencia detallada de cómo Gerald Campos estimó que una prisión costaría ₡47 millones por privado de libertad, incluso siendo de alta contención.
La cárcel más cara que se ha construido en el país en los últimos años ha sido la Unidad de Adaptación Integral (UAI) Reinaldo Villalobos, en La Guácima de Alajuela, que tuvo un costo aproximado de $22,8 millones (alrededor de ₡13.150 millones en ese momento). Dicho centro penal tiene una capacidad de 704 privados de libertad, lo que implica un costo de alrededor de ₡18 millones por persona (alrededor de ₡20,3 millones a valor presente).
Al preguntar a Justicia por esa disparidad, el ministerio no ofreció números, sino una justificación narrada. La institución justificó que la UAI alberga residentes de baja contención, lo que requiere una infraestructura menos reforzada. En contraste, una prisión de alta contención demanda construcciones con altos estándares de seguridad, como paredes de concreto de mayor grosor, vidrios antibalas, y pasarelas de vigilancia, entre otros elementos. Además, el ministerio mencionó que los costos de construcción han aumentado significativamente, lo que impacta directamente en el presupuesto necesario para las obras.
Doble Check solicitó el cálculo del precio que destacó el ministro para una cárcel permanente, pero Justicia no lo entregó. En su lugar, el ministerio entregó el presupuesto de una cárcel para mediana y alta contención cuyo costo por residente sería de ₡23 millones, menos de la mitad del costo mencionado por el ministro.
