En resumen: El Gobierno de Rodrigo Chaves fabricó palabras que le atribuyó a la Contraloría General de la República (CGR) sobre las alianzas estratégicas, una figura que el Ejecutivo desea emplear para que inversionistas privados construyan una terminal de cruceros en terrenos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) en Limón.
En el discurso de rendición de cuentas de mayo, el presidente de la República criticó que la Contraloría está “amenazando” la inversión porque ha recordado que “no debemos aprovechar recursos del sector privado a través de Alianzas Estratégicas que la ley permite”. Esa cita textual es una invención del Gobierno.
Debido a un recurso de amparo interpuesto por Doble Check, Casa Presidencial tuvo que reconocer que la supuesta cita entre comillas atribuida a la CGR en el informe de Chaves fue una “interpretación” propia de dos recordatorios que el ente contralor le envió a JAPDEVA sobre el reglamento de alianzas estratégicas que la junta aprobó el año pasado.
La normativa actual prohíbe expresamente la construcción de obra pública por medio de alianzas estratégicas, y así lo reafirmó la CGR en los oficios enviados a JAPDEVA. Es falso que la Contraloría le haya impedido una alianza que la ley permite, como adujo Casa Presidencial.
Además, la Contraloría no ha revisado el proyecto de la terminal de cruceros de Limón porque el Poder Ejecutivo aún no lo ha presentado de manera formal. Los oficios de CGR se limitan al reglamento de alianzas estratégicas de JAPDEVA que aprobó el actual Gobierno.
El Ejecutivo promueve un referéndum para el proyecto de Ley Jaguar (expediente 24.468). Entre otros cambios, esa iniciativa pretende ampliar las competencias de las alianzas estratégicas “para desarrollar inversiones de infraestructura […] y cualquier otra actividad relacionada con las competencias de JAPDEVA”. Según la Contraloría, eso cambia sustancialmente la definición de la alianza estratégica.
Cita en informe de labores
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha dicho que una “interpretación arbitraria” de la Contraloría General de la República (CGR) está “atrasando” y “amenazando” la propuesta del Ejecutivo de construir una terminal de cruceros en Limón. Así lo destacó en su último informe anual de labores el 2 de mayo ante la Asamblea Legislativa.
La administración Chaves Robles ha expresado su intención de construir una marina y terminal de cruceros en la ciudad de Limón, en terrenos públicos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). El Gobierno pretende que inversionistas privados hagan esa obra por medio de una alianza estratégica, un mecanismo exceptuado de los procedimientos ordinarios de la Ley General de Contratación Pública.
En el discurso ante el Congreso, el presidente incluyó una supuesta cita textual, entre comillas, de la Contraloría sobre la terminal de cruceros.
“Sobre este proyecto, que generará una inversión inicial por más de $850 millones y dará empleo a 20.000 personas, la Contraloría nos recuerda que: ‘No debemos aprovechar recursos del sector privado a través de Alianzas Estratégicas que la ley permite’”, dijo Chaves.
Chaves también mostró la supuesta cita de Contraloría en la presentación visual que acompañaba a su informe.
“Nos dice [la CGR] que, en su opinión, debemos usar una licitación pública que implica endeudar al Estado, o cortar los presupuestos de educación, seguridad e infraestructura. En su opinión, es mejor seguir hipotecando el futuro de la juventud al endeudar más al país”, añadió el mandatario.
Casa Presidencial no precisó origen de la cita
Doble Check le pidió a Casa Presidencial que precisara el origen de las palabras atribuidas a la Contraloría sobre la marina de Limón. Inicialmente, Casa Presidencial señaló dos documentos donde esa cita textual no existe.
El Ejecutivo se remitió a los oficios de Contraloría DFOE-DEC-2218 (de septiembre del 2023) y DFOE-DEC-2717 (de marzo del 2024). “La Contraloría emite un recordatorio a JAPDEVA al respecto del Reglamento de Alianzas Estratégicas que ha sido elaborado para tal fin, y afirma que viola las normas de contratación pública al crear nuevas excepciones a las legalmente establecidas”, indicó Casa Presidencial sobre los documentos el 4 de junio.
Sin embargo, tales oficios carecen de la cita textual incorporada al informe de labores del presidente. Doble Check le señaló ese hecho a Casa Presidencial e insistió en que señalara la ubicación exacta de las palabras atribuidas a la Contraloría, pero no se obtuvo ninguna respuesta.
Gobierno debió admitir fabricación
Casa Presidencial reconoció eventualmente que las palabras que Rodrigo Chaves le atribuyó a la Contraloría en su rendición de cuentas fueron una “interpretación” propia. El Ejecutivo tuvo que admitir esa falsa atribución por un recurso de amparo que Doble Check interpuso ante la Sala Constitucional.
El 24 de junio, Doble Check planteó un recurso de amparo contra el entonces ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez; y Arnold Zamora, director de prensa y actual ministro de esa cartera. El amparo reclamaba la falta de una aclaración sobre la fuente de la cita que el Gobierno le endosó a la CGR sobre la marina de Limón.
El Gobierno dio una respuesta el 2 de julio, después de recibir la notificación judicial por el recurso de amparo.
“La frase resaltada en negrita consiste en una interpretación, que resume lo dicho por la Contraloría General de la República en las advertencias emitidas en ambos oficios”, indicaron los funcionarios ante la Sala.
La Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo el 19 de julio porque Casa Presidencial incumplió su deber de entregar la información pública solicitada en diez días hábiles.
Normativa no permite obra pública con alianzas
Es falso que la normativa actual permita la construcción de obra pública por medio de alianzas estratégicas. La Contraloría no le ha impedido una alianza que la ley permite, como adujo Casa Presidencial.
Además, la Contraloría no ha revisado el proyecto de la terminal de cruceros de Limón porque el Poder Ejecutivo aún no lo ha presentado de manera formal. Casa Presidencial indicó a Doble Check que la iniciativa “se encuentra en etapas previas a la definición de la figura de negocio que se utilizará para lograr desarrollarla”.
El Ejecutivo quiere que JAPDEVA forme una alianza estratégica con inversionistas privados para construir la marina en Limón. “En dicha alianza estratégica, JAPDEVA únicamente aportaría el terreno para la construcción de la Marina y el aliado invertiría recursos económicos propios en la construcción y desarrollo del proyecto”, agregó Casa Presidencial.
El artículo 5 bis de la ley orgánica de JAPDEVA le permite a esa entidad “suscribir alianzas estratégicas y cualquier otra forma de asociación empresarial dentro o fuera del país, con entes o empresas que desarrollen actividades de inversión de capital, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras relacionadas con las actividades de JAPDEVA”.
La junta de JAPDEVA aprobó un reglamento para alianzas estratégicas el 13 de abril del 2023, y este fue publicado en el diario oficial La Gaceta (páginas 60-67). El documento describe a las alianzas estratégicas como “una forma de asociación empresarial mediante la cual JAPDEVA se une a una o más personas jurídicas […] para desarrollar un proyecto, negocio o servicio”, y añade que “las empresas participantes contribuyen continuamente en una o más áreas estratégicas clave, tales como tecnología, aporte de materia prima, infraestructura o financiamiento, entre otras”.
Ante una denuncia por esa publicación, la Contraloría le envió a JAPDEVA un recordatorio “sobre el cumplimiento de normativa en contratación administrativa”. Ese es el oficio DFOE-DEC-2218, uno de los documentos que el Gobierno señaló incorrectamente como el origen de la cita atribuida a la CGR.
En ese oficio, la Contraloría destacó que las leyes vigentes indican que “la alianza [estratégica] no puede constituirse en un medio para suplir a la Administración de bienes, servicios, o servicios de construcción; en tanto que la alianza no se constituye en un sujeto jurídico con personalidad para contratar dichos objetos”.
La CGR se basó en el artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública y su reglamento (artículo 13). Esas normas reconocen que las alianzas estratégicas están exceptuadas de los procedimientos ordinarios —como la licitación pública—, pero advierten que las alianzas “no podrán utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en la Ley General de Contratación Pública, todo lo cual la tornará irregular, en caso de que así se proceda”.
De ese modo, el área de fiscalización de la CGR le recordó a la junta directiva de JAPDEVA “su obligación de regular reglamentariamente, y recurrir a la figura de alianzas estratégicas conforme los límites establecidos por el ordenamiento, de tal forma que no podrá ser utilizada para suplir infraestructura, conforme las mismas normas que autorizan la excepción de alianzas estratégicas, y el marco normativo preexistente en cuanto a concesiones y alianzas público privadas”.
Segunda aclaración de Contraloría
JAPDEVA le pidió a la Contraloría aclarar los “límites y alcances” de ese recordatorio. La institución contestó en el oficio DFOE-DEC-2717 el 22 de marzo de este año y reafirmó que las leyes vigentes no contemplan el desarrollo de obra pública a través de alianzas estratégicas.
Ese es el segundo documento al que apuntó Casa Presidencial erróneamente, y fue redactado por el Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.
Según ese nuevo documento, JAPDEVA pidió que la “limitación objetiva sea definida de manera absolutamente clara por motivos de seguridad jurídica” porque, según la junta, “el artículo 5 bis de la Ley Orgánica [de JAPDEVA] no contiene limitación objetiva alguna, pues por el contrario es muy amplio”.
La Contraloría recordó que “cualquier excepción para el uso de la licitación pública es una materia de reserva de ley”, tal como lo indica la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
“La suscripción de una alianza estratégica implica comprometer la hacienda pública mediante un proyecto, pero no se constituye en un contrato excepcionado para la adquisición de bienes, servicios o servicios de construcción (obra pública) porque la ley lo prohíbe expresamente”, recalcó la CGR.
Así, la CGR concluyó que el reglamento que aprobó la junta de JAPDEVA del actual Gobierno “desarrolla una específica excepción al régimen ordinario, de tal manera que dicha expresión procedimental no puede entenderse como una alternativa para obviar y/o evadir el régimen ordinario dispuesto por la Ley General de Contratación Pública”.
¿Para qué sirven las alianzas, entonces?
En el segundo oficio para JAPDEVA, el ente contralor precisó que la figura de alianza estratégica fue establecida “para permitir el asocio con terceros en el logro de ventajas comparativas sin que pueda entenderse como un posible medio para evadir el ordenamiento relativo a obra pública”.
La Contraloría señaló a Doble Check que la definición actual está diseñada para entidades en competencia, similar a las alianzas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con empresas privadas en el mercado de telecomunicaciones.
“La procedencia del contrato de alianza estratégica, como una opción para la Administración, no exime de observar los sistemas de contratación pública y control interno, tal como se ha expuesto”, indicó la CGR en el oficio enviado a JAPDEVA en marzo.
El Poder Ejecutivo promueve un referéndum para el proyecto de Ley Jaguar (expediente 24.468), una iniciativa que, entre otras reformas, pretende ampliar las competencias de las alianzas estratégicas “para desarrollar inversiones de infraestructura […] y cualquier otra actividad relacionada con las competencias de JAPDEVA”. Según la Contraloría, eso cambia sustancialmente la definición de la alianza estratégica.
Nota del editor: La periodista Arianna Villalobos colaboró en la presentación del recurso de amparo contra los representantes del Ministerio de Comunicación el 24 de junio del 2024.