La Oficina Jurídica de la UCR advirtió que no le dieron toda la información para analizar este caso, por eso, inicialmente concluyó que se debía despedir a las funcionarias. Ahora, la UCR analiza si hay responsables.
Después de la reinstalación de las tres funcionarias de Casa Infantil Universitaria (CIU) que fueron despedidas tras fallar una prueba psicológica por síndrome de “burnout” o de trabajadora quemada, la Universidad de Costa Rica (UCR) confirmó a Interferencia de Radios UCR que está analizando si existen responsabilidades en este caso.
La Oficina Jurídica (OJ) de la UCR inicialmente determinó que fallar la prueba de idoneidad para esos puestos significaba el despido. Sin embargo, posteriormente cambió su criterio e indicó que, cuando recibió la primera consulta sobre cómo proceder ante la reprobación de las evaluaciones, ni el documento enviado por la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIVE) ni el oficio elaborado por la Oficina de Orientación (superiores jerárquicos de la funcionaria) detallaban que la causa de haber perdido la prueba era que tenían el síndrome de “burnout”.
Según la OJ, esta omisión de información fue clave en el resultado del primer análisis jurídico. “Evidentemente, este factor omitido en la consulta inicial incidió de manera determinante en el análisis realizado”, agregó en la opinión jurídica del 23 de mayo de 2024, de la cual este medio tiene copia.
Ante la consulta de este medio a la Rectoría sobre si la UCR había abierto un proceso de investigación contra las personas funcionarias que supuestamente ocultaron información relevante para la toma de decisiones en este caso, se respondió lo siguiente:
“El caso se encuentra actualmente en etapa preliminar para determinar si existen responsabilidades. Sin embargo, dado que esta etapa del proceso es confidencial y únicamente las partes involucradas tienen acceso al expediente, nos es imposible ampliar información al respecto”.
A finales de mayo, la Oficina de Orientación de la Universidad de Costa Rica echó para atrás su decisión de cesar a una de las funcionarias y anuló el despido de la trabajadora de la CIU, lo mismo ocurrió con las otras dos funcionarias afectadas. La oficina reconoció que el despido era nulo, ya que la condición de salud de la funcionaria fue causada por el entorno laboral.
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Asimismo, la Oficina Jurídica además había determinado que el despido de las funcionarias fue “discriminatorio” y que, por lo tanto, las tres funcionarias debían ser reinstaladas.
Previamente, Interferencia dio a conocer que tres funcionarias de la CIU fueron despedidas sin responsabilidad patronal después de reprobar la prueba de idoneidad psicológica requerida para sus puestos. La evaluación determinó que las trabajadoras sufrían de síndrome de “burnout”, lo que, según el informe, las inhabilitaba para continuar trabajando en centros infantiles.
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Salud afectada por entorno laboral
El despido de las trabajadoras, cuyos nombres se mantienen en reserva por su solicitud, se efectuó el 14 de marzo de este año. Dos de ellas estaban a punto de cumplir 20 años de servicio en la UCR, específicamente en la CIU, y tenían propiedad. La tercera funcionaria llevaba seis años en la institución.
Las afectadas explicaron a Interferencia de Radios UCR que el entorno laboral, el estrés y las tensiones con su jefatura contribuyeron al deterioro de su salud mental y a los resultados negativos en las pruebas psicológicas. A pesar de esto, la UCR había procedido con el despido sin asumir responsabilidad patronal y sin iniciar ningún proceso para abordar la situación.
En el informe sobre las pruebas de idoneidad de una de las funcionarias, el psicólogo a cargo mencionó que una de las funcionarias: “Tiene altas cualidades, sin embargo, actualmente tiene una preva emocional depresiva consecuente con el síndrome de quemado, lo cual implica que todos los indicadores se ven afectados y modificados, por los motivos anteriores no es apta. Se pide que lleve un proceso”.
Además, desde el año 2022, la funcionaria había recibido atención médica en el Área Médica de la Oficina de Bienestar y Salud de la UCR. Un médico registró que, desde entonces, la afectada ha mostrado síntomas de depresión, ansiedad y somatización. Estos hallazgos coinciden con los informes de profesionales en psicología y terapia ocupacional, quienes observaron signos de depresión que podrían estar relacionados con el estrés laboral.
Por esta razón, para la OJ “es claro que la condición de salud mental de la funcionaria se vio afectada por la situación laboral; su desgaste y depresión tiene origen en condiciones de clima organizacional que, al momento de su evaluación, 08 de enero de 2024, se mantenían”, según consta en la opinión jurídica.
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En una resolución del 30 de mayo, donde se anula el despido de una de las funcionaria, la Oficina de Orientación indicó: “tomando en consideración que la funcionaria se encuentra imposibilitada de realizar labores que impliquen el cuido de menores, esta Jefatura procederá con la emisión las medidas administrativas requeridas para reubicar a la la funcionaria de la manera más expedita posible, en resguardo a sus derechos laborales”.
En el mismo documento solicitó a la Oficina de Recursos Humanos que proceda de inmediato con la reubicación y el traslado correspondiente de la funcionaria, teniendo en cuenta tanto su experiencia técnica como su estado de salud actual.
Además, que en coordinación con la Unidad de Salud Ocupacional y Ambiental, se proceda con la emisión de disposiciones en materia de salud ocupacional, la realización de actividades de prevención y promoción de la salud ocupacional, que contemplen la capacitación y sensibilización en dicha materia, y se desarrolle un plan de salud ocupacional en respuesta al burnout de la funcionaria.
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