La inseguridad en Costa Rica se siente en las calles, y en el ambiente ciudadano que está al tanto del aumento de criminalidad, pero también se escucha, de manera que los medios de comunicación colapsan el campo mediático con noticias de homicidios, crimen organizado, asaltos, robos, entre otros. Esto se ve también a partir de un estudio del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), el cual reveló cómo durante el 2023 la población posicionó la inseguridad y la delincuencia como el mayor problema en el país, superando el desempleo y el costo de vida por mayoría.
Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la totalidad de homicidios para el 2021 fue de 588, para el 2022 consistió en 654, y para el 2023 fueron 907. Estos reflejan un aumento significativo en los números, los cuales a pesar de no ser el único indicador que se debería considerar al abordar la inseguridad, son valiosos porque no solo se trata de un acto ilícito, sino también de uno violento.
Ante lo anterior, es necesario el rol estatal y una buena capacidad de respuesta institucional, que se comprometa para combatir esta crisis de inseguridad. Pero antes de ello, es importante comprender que esta problemática puede tener causas subyacentes en la desigualdad y la pobreza, las cuales también necesitan ser abordadas paralelamente con la inseguridad. Dicho esto, en muchos casos la respuesta más obvia es robustecer y agrandar el aparato judicial, por ejemplo endureciendo penas y creando nuevos mecanismos de enjuiciamiento.
Actualmente, la Asamblea Legislativa tiene una agenda clara en combatir la inseguridad y delincuencia. Ante esto se han impulsado 10 proyectos de ley en esta materia. Entre los cuales está el expediente 22.834, el cual busca reforzar el instituto de recuperación de activos en la Jurisdicción Contenciosa Administrativa mediante el fortalecimiento de las medidas anticipadas para asegurar bienes y activos vinculados a delitos de narcotráfico. Este proyecto busca crear una medida cautelar para bienes de capitales emergentes, es decir, incrementos del capital que pueden ser considerados de origen ilícito.
La Contraloría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio Público, podrían presentar la denuncia y solicitar al Juzgado Contenciosos Administrativo y Civil de Hacienda que realice una medida cautelar. Asimismo, se estaba abordando que el monto del incremento del capital puede ser igual o mayor de cincuenta mil dólares.
Ante esta propuesta, Federico Campos, abogado penalista, abordó que con dicho texto, se violenta la presunción de la inocencia, donde sin una demostración de culpabilidad se dispone de las cosas como si la persona hubiera resultado culpable sin haber sido juzgada.
Otra propuesta es el expediente 23.746, que busca extender plazos para cancelar registros judiciales después de una sentencia, incluso para delitos con penas menores de 3 años. Además, permite que las certificaciones de antecedentes penales incluyan todos los registros de los últimos diez años, si las condenas son de seis meses o más, y deberán ser considerados al otorgar beneficios como ejecución condicional de la pena, arresto domiciliario, servicios comunitarios, prisión preventiva y fijación de la pena.
Para Campos, esto podría extender las posibilidades para que esta persona no se pueda reinsertar en la sociedad, de forma que al ver un antecedente penal le negaran un puesto de trabajo. Además, de que también puede afectar que se concreten arreglos que pueden beneficiar no solo a quien delinquió sino también a la víctima.
Debido a los diez proyectos de ley para combatir la criminalidad, que van con fuerza en la Asamblea, esta viene destacando un rol protagonista en el tema. Sin embargo, es importante resaltar que no se están promoviendo de la misma forma proyectos de reinserción social que proyectos para combatir la desigualdad, fenómenos que también impulsan la delincuencia.
Campos visibilizó una ineficiencia en el Poder Judicial, en sus labores criminalísticas propiamente, de manera que al no poder solventar las problemáticas se hace más grande la labor del legislativo pero con el fin de que se les abra el abanico de posibilidades. Estas normas que pueden facilitar más sus labores pueden también perjudicar más a la sociedad civil que no está cometiendo un crimen, o bien afectar el proceso de reinserción social de la persona que ya cumplió con su procesamiento.
Vea la entrevista completa en el programa Desayunos de Radio Universidad