Costa Rica se enfrenta a una encrucijada donde la preocupación por la seguridad pública, marcada por el aumento de asesinatos, narcotráfico y violencia, se contrapone a la necesidad de mantener un equilibrio en la política social. En este sentido, se ha visto un incremento presupuestario significativo destinado a fortalecer el sector de seguridad y el sistema judicial. Sin embargo, este impulso se ve contrarrestado por recortes en sectores importantes y políticas sociales, lo que podría exacerbar la crisis a largo plazo.
Uno de los aspectos más preocupantes es la reducción de subsidios y los recortes en áreas vitales como salud, cultura y juventud, y educación que resultan vitales para que una sociedad se desarrolle íntegramente y tenga limitaciones para mejorar la desigualdad.
Natalia Morales Aguilar, economista e investigadora principal del Capítulo 02: equidad e integración social del informe Estado de la Nación, abordó cómo la creciente desigualdad de ingresos y otras disparidades en la sociedad han contribuido significativamente a la situación de violencia actual, pero que esta desigualdad está reflejada no solo en la disparidad de ingresos, sino también en otras áreas, como el acceso desigual a oportunidades básicas, especialmente entre grupos de diferentes niveles socioeconómicos.
La disminución en la inversión social y una economía que no genera suficientes oportunidades de empleo e ingresos son factores clave en este problema, llevando al reclutamiento por parte del crimen organizado, especialmente de personas jóvenes.
En el último informe del Estado de la Nación, Morales destacó que la violencia y la inseguridad ciudadana se manifiestan de diversas maneras. Uno de los aspectos más preocupantes es el aumento sostenido de los homicidios durante más de una década, que había sido previamente contenido. Sin embargo, para el año 2023, la situación se deterioró significativamente principalmente por la influencia del crimen organizado y el narcotráfico.
Además de este grave problema, también se evidencia una problemática de delincuencia común, así como un preocupante aumento de la violencia intrafamiliar. Este último aspecto, podría ser un factor importante para comprender la violencia generalizada que afecta a todos los sectores de la sociedad.
Ante lo anterior, Laura Arias Guillén, abogada y supervisora Regional de la Defensa Pública, mencionó que a partir de los datos del Estado de la Nación, se descubrió que la mayoría de las personas que viven en la pobreza en Costa Rica tienen entre 18 y 35 años, y la población encarcelada por delitos comunes como el narcomenudeo y los delitos contra la propiedad, alrededor del 78% de ellos también están en el rango de edad de 18 a 35 años.
Las cifras anteriores pueden indicar que muchas de las personas que se ven involucradas en la delincuencia común y posteriormente reclutadas por el crimen organizado, fueron previamente víctimas de políticas de recortes o austeridad. Estas políticas pueden haber contribuido a su exclusión del sistema educativo y es probable que provengan de hogares marcados por la violencia y la disfunción familiar.
Estas personas están en una etapa crucial de construcción de sus proyectos de vida, pero en lugar de ello se encuentran enfrentando sanciones penales en entornos carcelarios que a menudo carecen de condiciones mínimas satisfactorias.
Soluciones de las cuales se habla actualmente como una mega cárcel o la creación de nuevas tipologías delictivas, son soluciones reactivas que no atiende a las condiciones particulares, que no solucionan el conflicto, afirmó Arias. Esto, visto con las nuevas tendencias de apostar por un mandato de “mano dura”, como el de El Salvador, y los alcances de la bukelización en centroamérica, donde el discurso de reprimir y encarcelar están volviéndose cada vez más populares, crea un futuro incierto donde se deje de prestar atención a los sectores sociales tan importantes, para traer una solución inmediata pero temporal.
Que la desigualdad y el crimen crezcan, donde el delito principal sea sobre la propiedad y que la población mayormente encarcelada por este delito sea joven, demuestra un Estado que ha fallado en dar oportunidades para todas las personas de igual forma.
Para abordar de manera efectiva el problema de la delincuencia y la falta de seguridad, es esencial adoptar un enfoque más integral que aborde las desigualdades fundamentales que perpetúan la marginación social, y que se comprenda que el recorte en otros sectores tienen efectos significativos en la organización de la sociedad donde sus consecuencias se manifiestan drásticamente en la sociedad y principalmente en aquella población más vulnerables.
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