El Estado social de derecho se puede entender como un concepto jurídico y político que implica la construcción de un Estado que busque un bienestar para los habitantes de un país. Sin embargo, si fue construida, también puede ser derribada, y actualmente en Costa Rica se ha estado golpeando a esta forma de organización política.
Para Gerardo Hernández, politólogo y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, el Estado social de derecho es un Estado que en el marco de la legalidad y en el marco de las garantías de las libertades procura la igualdad de oportunidades, garantías y realización de los derechos humanos.
Después de la Guerra Civil de 1948, hubo una época muy fecunda en términos de creación institucional, es decir con las reformas hubo consecuencias en la sociedad. En Costa Rica disminuyeron los niveles de pobreza, se avanzó hacia una mejor distribución de la riqueza, se creó una sociedad más equitativa, el sistema productivo se diversificó, se afianzó la democracia liberal representativa, y se logró una estabilidad.
Sin embargo, se ha estado creando una amenaza constante para este Estado social de derecho. Este desafío tiene sus raíces en la década de los setenta, un periodo marcado por crisis económicas y fiscales a nivel mundial, donde se debatió sobre la capacidad de poder seguir satisfaciendo demandas, aumentando la necesidad de distintos recursos.
Para Hernández, en respuesta a esta situación, surgió la visión neoliberal de la gobernabilidad conservadora, postura que abogaba por reducir las funciones del Estado, disminuir la presión fiscal y permitir que el mercado fluyera de manera más eficiente, otorgando mayor iniciativa a las libertades individuales. Con lo anterior comienza un cambio en el discurso, donde ya no se habla de inversión social sino de gasto y se debe reducir el gasto como un objetivo por sí mismo.
Los panoramas nacionales e internacionales cambiaron y con la globalización parece que aún más. Si las sociedades iban evolucionando, era importante que el Estado también lo hiciera, al existir la posibilidad de que nuevas demandas o nuevas ideas, de la sociedad, surgieran.
Hernández abordó cómo en la actualidad se escuchan discursos que desprecian el rol del Estado en la sociedad y la importancia de que se resguarden derechos fundamentales que no son abstracciones, sino elementos constitutivos de la vida que impactan en lo individual, familiar, comunitario, y demás.
«El Estado, los servicios públicos, los derechos, tenemos que defenderlo porque incide en nuestra vida, individual y comunitaria», Gerardo Hernández.
De esta forma, surgió la duda de si se rompió el pacto social que una vez fue establecido con tanto fervor en la Constitución Política de 1949. Rosaura Chinchilla Calderón, abogada y jueza del Poder Judicial, amplió sobre el tema, pues considera que sí hubo una ruptura en dicho pacto fáctico y lo que quedó como reflejo es el desmoronamiento del marco institucional y normativo, donde se sostiene aún por las luchas de diferentes grupos.
Dichas amenazas se ven en los esfuerzos que se deben hacer para continuar defendiendo las distintas funciones y separaciones entre los entes del Estado. Ya sea para entender qué tiene permitido hacer el Ejecutivo, o defender a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o la educación pública.
Una observación de estas amenazas remite a que los problemas no se están viendo a profundidad, sino que se buscan tapar de forma superficial. Por ejemplo, se puede hablar de un auge en la tentación al autoritarismo como respuesta a la delincuencia, donde los tomadores de decisiones están dando resultados que no buscan resolver la causa de raíz, sino tapar la problemática rápidamente, por medio de más cárceles, más policías, o un hombre autoritario, ejemplificado en la creciente popularidad del “Bukelismo”, en El Salvador.
Con relación a esto, Chinchilla abordó cómo no se estudia el desempleo y la precarización de las condiciones educativas en la delincuencia juvenil, con el fin de atacar las causas. Afirmó, que cuando se habla de la disminución del Estado, nunca se habla de la disminución del Estado en términos represivos, al contrario en términos represivos se promueve su aumento.
Las amenazas actuales requieren esfuerzos para comprender y defender las funciones y separaciones entre los entes del Estado, puesto que una sólida democracia se va a relacionar estrechamente con un Estado social de derecho que busque el bienestar integral de los habitantes de Costa Rica y que aspire a la protección de sus derechos.
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