El Gobierno de la República ignoró las advertencias que la Contraloría General de la República (CGR) realizó desde junio pasado sobre el proceso mediante el cual se pretendía contratar a Radiográfica Costarricense (Racsa) para la operación de escáneres detectores de drogas en puertos y fronteras.
Así lo señaló el ente contralor este miércoles 20 de diciembre cuando ordenó frenar el proceso de contratación debido a encontrar «acciones contrarias a lo advertido» que constituyen «yerros graves», señala un comunicado de prensa.
«El uso de la excepción de contratación entre entes derecho público parte del supuesto de que el ente público contratista es idóneo y que además debe y puede brindar el servicio contratado, lo cual es jurídicamente incompatible con la figura de la alianza estratégica», señaló la CGR.
Además, indicó que «las excepciones a los procedimientos ordinarios de contratación no pueden ser utilizados como mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en la Ley General de Contratación Pública».
La Contraloría apuntó como uno de los errores graves la ausencia de un estudio de mercado que garantice que el mejor uso de los fondos públicos.
Además, resaltó que todas las instituciones vinculadas a este proceso tenían conocimiento de lo advertido por la Contraloría desde junio y que pudieron «llevar a cabo los procedimientos correspondientes al amparo del principio constitucional de licitación».
El ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Víctor Carvajal, a cargo del proceso, comunicó que presentarán apelaciones.
Advertencias de CGR y caso narco
El 13 de junio de este año, la CGR advirtió al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, que era improcedente contratar de forma directa a Racsa y que debía realizarse un concurso público.
En noviembre, el Servicio Fitosanitario del Estado (dependencia del MAG) abrió un proceso en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) para contratación de escáneres, en la figura de contratación entre entes de derecho público, es decir, siempre sin concurso público. Para este momento, el presidente Rodrigo Chaves había designado al ministro del MAG, Víctor Carvajal, para liderar este proceso.
No obstante, la contratación se declaró infructuosa el 27 de noviembre, a pesar de que Racsa sí mostró interés.
De hecho, Racsa formó un consorcio con las empresas Corp Low Risk, Distrivet Sociedad Anónima y Propinsa para operar los escáneres. No obstante, Corp Low Risk era una empresa sin operación comercial anterior.
Unos días antes, un operativo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía, conocido como Caso Corona, dejó en evidencia que integrantes de una organización que exportaba cocaína a Europa, se jactaban de tener influencia para participar en el negocio de los escáneres con Racsa.
El sospechoso identificado como Francisco Montes Fonseca dijo que «Braulio» les iba a conseguir cita con Racsa.
Se trataba de Braulio Venegas Dijeres, quien era presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) y a quien el presidente le pidió la renuncia precisamente el 27 de noviembre por su relación con Montes, a quien incluso le había gestionado citas con Incofer y lo había acompañado a una reunión, según publicó La Nación.
Después, La Nación dio a conocer que fue también Venegas quien enlazó a Racsa con la empresa Corp Low Risk Costa Rica S. A., presidida por el abogado Carlo Magno Burgos Vargas, de 34 años.