En Costa Rica se está viviendo una crisis de salud mental que cada año aumenta. Las autoridades de salud han registrado que durante el 2022 alrededor de 439 personas se quitaron la vida, además, existen más de 12.000 personas esperando una cita en psiquiatría y hay un surgimiento del consumo de psicoactivos sin receta, según el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).
Parte a la respuesta de esta crisis, es la Ley Nacional de Salud Mental, aprobada el pasado 17 de octubre, de manera unánime en segunda ronda de votaciones en la Asamblea Legislativa.
Todas estas son consecuencias directas de la gran problemática en relación con la salud mental. Problemática y necesidad que no ha tenido respuesta por parte del Gobierno.
Existe una clara necesidad de atención médica, una inversión a nivel cultural, social, institucional y gubernamental que atienda las crisis de salud mental de manera preventiva, reactiva y reparativa.
La diputada de Liberación Nacional, Diana Álvarez es quien ha sido la vocera y quien ha impulsado la creación de esta ley. Álvarez, se refiere a la importancia de esta ley, al mencionar que ”el hecho de que ahora el país diga es una prioridad y es una prioridad desde la política, es un hito importante para ir desmitificando todas estas cosas y darles el lugar que no se les había dado por el Estado”, recalcó Álvarez.
La intención de esta ley es que se logre desarrollar atención en salud mental a nivel macro, enfocándose en lo comunitario. Esto desde el ámbito político permite que la atención a la salud mental tenga una pertenencia en el tiempo como tema de interés en el país.
La diputada caracteriza esta ley como una herramienta más para la ciudadanía, para la demanda de una atención a las temáticas y los derechos de la salud mental por parte del estado.
Sin embargo, la posición de los expertos en el área de salud y la académica está definida por el cuestionamiento y la duda, específicamente por el alcance y la efectividad de lo propuesto con esta ley. El psicólogo Andrés Dinartes Bogantes recalca que la validez del modelo basado en derechos humanos busca incluir la participación de las personas que requieren dicha atención.
Esta preocupación por el abordaje de una temática tan extensa y con múltiples factores a considerar, conlleva que cuestione la inmensa magnitud de la realidad a la que esta ley se enfrenta.
“Nos quedamos cortos en cuál va a ser su ámbito de acción. Empezando también porque es una ley que se crea sin generalmente dotar de algún tipo de presupuesto para poder generar toda la estructura comunitaria”, acotó Dinartes.
A esta preocupación se le suma el cuestionamiento del plan de ejecución y los recursos necesarios, en contraste con los recursos disponibles. Especialmente, para que el estado y la Caja Costarricense del Seguro Social logren ejecutar lo que propone la ley.
Como destaca el psiquiatra Dr. Javier Contreras Rojas “estos instrumentos a veces se quedan cortos ante la complejidad de la situación que estamos viviendo”.
Contreras mencionó que esta legislación tiene una relevancia en el plano político, pero el cuestionamiento sobre su implementación recae en el plano real, práctico o social.
Esta Ley de la Salud Mental debe ser percibida como un avance, un paso adelante para mejorar la calidad de vida de las personas con estas condiciones. A su misma vez, el debate, las dudas y cuestionamiento de su planificación nacen por el accionar necesario para que estas propuestas tengan una acción y un impacto real en la problemática; que no se queden solo en el papel.
Se debe entender que para impulsar la protección de la salud mental hay que considerar la magnitud de esta, y constantemente ir construyendo de manera interdisciplinaria la legislatura para hacerle frente a todo lo que implica.
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