El actual ambiente político, consecuente de las elecciones del primero de mayo, la actual fractura en la Asamblea y el inicio del segundo año del gobierno Chaves, trae a colisión muchas interrogantes sobre la relación de la administración actual y los movimientos sociales.
Este último año bajo el gobierno de Chaves, se han manifestado una gran cantidad de movimientos sociales de grupos diversos y multisectoriales en protesta a la agenda legislativa propuesta. En estos últimos tres meses, hemos observado diferentes manchas multidisciplinarias que abarcan distintas propuestas; en marzo varios sectores se levantaron contra las políticas agrarias; en abril, la fuerza pública contra la política laboral del ministerio de Seguridad y este primero de mayo, la protesta contra la política laboral.
Estos aspectos no son los únicos que generan descontento, como demuestra la reciente encuesta del CIEP (Centro de Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica) la inseguridad, el costo de la vida, la situación económica y el desempleo son las principales preocupaciones de la ciudadanía que en combinación genera una pérdida de confianza en el gobierno actual y también se vuelven parte del combustible a las protestas sociales.
La realidad es que la mayoría de los proyectos o temas dentro de la agenda legislativa en cualquier momento pueden ser elementos desencadenantes para una protesta social. Esta realidad del actual ambiente político es explorada por la ANEP (Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados), demostrando el creciente sentimiento del pueblo sobre las promesas incumplidas del presidente generadas en la campaña electoral.
“El gobierno y los grupos de poder están apostando a una confrontación social, a una explosión social que de hecho ya ha dado sus primeros asomos. Con la protesta de los agricultores y con la protesta de los policías, pero que ha venido sumando una serie de inconformidades por parte de los sectores laborales y, sobre todo, de gran parte de la ciudadanía.”, Walter Quesada, ANEP
Esta inconformidad y desconfianza creciente de los ciudadanos es correlacionada a las problemáticas del costo de la vida y la nueva propuesta de la jornada laboral flexible, que vendría a afectar a los jóvenes y mujeres de hogar. Este tema y la insistencia del gobierno con propuestas polémicas ha generado un sentimiento hacia el gobierno por las iniciativas que pareciera empobrecer más a la clase trabajadora, beneficiar a un grupo específico, resultando lo anterior en la concentración de riquezas en pocas manos; lo que está generando este clima complicado en el ámbito de sectores sociales.
Este ambiente tan dividido genera la interrogante del rol del diálogo, dentro y fuera de la asamblea, entre los gobernantes y el pueblo. La movilización de los sectores sociales da a entender que no existe una apertura al diálogo por parte del gobierno.
Esto es ejemplificado por el caso del sector productivo y la Ruta del Arroz, como menciona Inés Mora, del sector agrícola: “realmente tratamos de buscar un diálogo, un acercamiento con el gobierno. No lo hemos podido lograr. Hemos invitado al presidente, al ministro y aquí estamos esperando la respuesta de ellos.”
La falta de apertura al diálogo es un fallo en el manejo de las problemáticas sociales, pero más grave aún, un fallo en la búsqueda de soluciones, ya que se ignora a los grupos directamente afectados; como menciona Quesada que “se han olvidado de que hay sectores que tenemos posibilidad de opinar, tenemos propuestas, tenemos ideas de cómo debe ser el país que queremos para todos y para todas…”
Esta realidad de gobiernos totalmente cerrados a la conversación y al diálogo, sin disposición de abrir espacios para la discusión sobre los diferentes problemas que aquejan a la sociedad costarricense, y agudizada por una presidencia que descalifica y minimiza a las voces de otros sectores sociales; presenta una apuesta a la negociación conflictiva que escala a una confrontación social en las calles.
Conozca más sobre el tema en este programa de Desayunos Radio Universidad.