Actualmente en nuestro país, 14 mil jóvenes adolescentes quedan embarazadas cada año. Este representa uno de los problemas sociales más importantes al hablar de la protección de la niñez y adolescencia ya que este dato que recibimos como ‘sólo una cifra’ es la realidad de situaciones que repercuten en sus vidas, las de sus núcleos cercanos e incluso la de sus bebés, representando así una necesidad a la que nuestro país le debe dar atención.
Con el objetivo de reducir estos casos y teniendo en cuenta que el problema recae en proteger los derechos e integridad de menores de edad, en 2016 el Estado costarricense aprobó la Ley 9406 conocida como la Ley de Relaciones Impropias.
Esta ley formalmente proporciona acciones de carácter penal y de código de familia con el que se podrá velar por el óptimo desarrollo de esta población vulnerable en términos de su sano desarrollo así como la exploración de su vida sexual de manera segura.
¿DE QUÉ VA LA LEY DE RELACIONES IMPROPIAS?
“El derecho va detrás de la realidad social” – Dra.Sofía Cordero, abogada
La ley llega con tres principales objetivos que es reformar, adicionar y derogar normas para la protección de la adolescencia y lo hace desde dos ángulos principales.
El primero tiene relación con la reforma al código de familia con la que se prohíbe el matrimonio con menores de edad, entendidos como aquella población menor a los 18 años.
Este rubro es importante pues nuestro país incumplía el convenio internacional de 1989 con la Comisión de Derechos del Niño al permitir el matrimonio con menores, hasta 2016, siempre que alguno de sus padres diera el consentimiento a la unión. Fue una de las razones que potenció la derogación de la Ley incluso con el empuje de organizaciones internacionales.
El punto juega un papel especial como protector de la juventud al dejar de aplicar lo que se conocía como ‘emancipación’, escenario donde una persona menor se tornaba prácticamente mayor de edad jurídicamente y traía consigo la posibilidad de que sus padres se desligaran de sus responsabilidades legales para con ellos, que desafortunadamente resultaba conveniente para muchos.
Por otro lado, como reforma para el código penal se vuelve delito las relaciones sexuales con personas adolescentes menores a los 18 años. Por supuesto, está la noción de casos de embarazo juvenil entre pares, sin embargo, en la mayor parte la realidad refleja casos con significativa diferencia de edad entre, usualmente, una chica jóven y un hombre adulto. Cuestiones así guardan cercanía con relaciones de poder asimétricas, violencia de género, violaciones y similares a los que se busca darles un alto.
Hasta ahora el país ha tratado el tema a nivel de legislación y políticas públicas. Por ejemplo, con el Plan Estratégico de Salud de las Personas Adolescentes, el Plan de Acción del Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente, el Proyecto Mesoamericano de Prevención del Embarazo Adolescente al igual que programas de Educación Sexual y Afectividad Integral llevados a cabo por el Ministerio de Educación que a pesar de su controversialidad a nivel país responden a una fuerte necesidad.
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EL PANORAMA QUE DIBUJA EL EMBARAZO ADOLESCENTE
El embarazo adolescente es una problemática mundial, pero son Latinoamérica y el Caribe las regiones con una de las tasas de embarazo adolescentes más altas junto con África según la UNFPA; donde 70 de 1000 nacimientos los llevan a cabo jóvenes de entre 15 y 19 años.
Ocurre en todos los contextos aunque hay un especial impacto desde ámbitos como el bajo nivel educativo, la pertenencia a grupos de minorías étnicas, grupos marginados, niveles de pobreza, regiones rurales, entre otros.
Costa Rica ha cerrado la brecha de embarazos tempranos en un 10% durante el período de 1983 hasta 2021. Es aquí donde se da evidencia de los esfuerzos gubernamentales y legislativos, mas es responsabilidad de la sociedad costarricense atender colectivamente el problema para mitigarlo.
Está en nuestras manos proveer las condiciones para el pleno desarrollo de la juventud, promover que tengan proyectos de vida, generar espacios transparentes para que decidan sobre su sexualidad de manera informada y protegerles al denunciar situaciones anómalas de esta naturaleza. Requiere que como país nos unamos por el bien de la juventud.
Conozca más sobre el tema discutido en Consulta Legal de la Radio 870 en este enlace.
