Organizaciones de mujeres denunciaron ante el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer incumplimientos del Estado en materia de derechos Lgbtiq+ y aborto legal. Además, cuestionaron al Inamu y a la Defensoría de los y las Habitantes.
La organización defensora de derechos de las personas Lgbtiq+, Mulabi, exigió al Estado costarricense que las personas intersex no sean sometidas a cirugías genitales sin su previo consentimiento libre e informado. Este es uno de las derechos que reclamaron colectivas y grupos de sociedad civil de mujeres ante el Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Comité Cedaw, por sus siglas en inglés), el pasado 13 de febrero.
Natasha Jiménez, representante de Mulabi, denunció ante el Comité de la Cedaw que el sistema de salud costarricense cataloga la intersexualidad como “genitalidad ambigua” o “desórdenes del desarrollo sexual» y no con el término correcto.
Además, la organización señaló que las personas médicas intentan “normalizar” los cuerpos de personas intersexuales con hormonas y cirugías irreversibles que, en ocasiones, no tienen fines de salud sino meramente estéticos o cosméticos, según explicó, Jota Vargas Alvarado, abogada especialista en género y derechos humanos.
Alvarado indicó que ese tipo de cirugías no «asignan» un sexo, si no que lo que hacen es mutilar los cuerpos para que encajen dentro de una corporalidad socialmente aceptada como masculina o femenina.
Por su parte, Jiménez, dijo que en los casos donde las personas intersexuales costarricenses no conservan sus características anatómicas originales «es porque –cuando los descubren, generalmente en la infancia– el sistema de salud interviene para ‘corregir’, ‘normalizar’ y ‘disciplinar’ lo que considera ‘deforme e ‘inconveniente'».
Este tipo de intervenciones, según la Mulabi, tienen consecuencias para la integridad física, psicológica y reproductiva y son una clara violación del artículo 12 de la Convención que establece que los estados deben adoptar medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la atención médica.
Para organización, una forma de corregir esta situación implicaría crear políticas para la atención de personas intersex que les permita decidir por sí mismas en el futuro cuál será el mejor camino a seguir, ya que son sus vidas las que están siendo afectadas. Además, que las cirugías de asignación sexual no sean la primera opción.
Otros de los señalamientos que hicieron las organizaciones de mujeres al grupo de personas expertas de la Cedaw es el incumplimiento de los derechos laborales de las mujeres trans, la necesidad de ampliar legislación sobre interrupción del embarazo y el papel en la defensa de los derechos humanos de la Defensorías de las y los Habitantes así como del Instituto Nacional de la Mujeres (Inamu).
La Cedaw es un tratado internacional de derechos humanos que busca que los estados implementen acciones para reconocer y proteger los derechos de todas las mujeres y fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979. Costa Rica firmó la convención en el 1980 y la ratificó en el 1986 y es así como la Cedaw se convirtió en ley de la República (Ley N° 6968).
Para verificar el cumplimiento de la convención, la Cedaw tiene un comité conformado por personas expertas que supervisan la aplicación de este tratado. Esto lo hace a través de procesos de revisión y es ahí donde se abre un espacio para que organizaciones y colectivas de mujeres de forma independiente, informen al comité el cumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos de las mujeres, asumidos por el Estado costarricense.
Además de ser ley de la República, la Cedaw tiene un rango supraconstitucional, al igual que el resto de los tratados internacionales, es decir, está por encima de la Constitución Política, según explicó la abogada especialista en derechos humanos, Larissa Arroyo. Este rango implica que el país debe cumplir con lo establecido en el tratado.
Incumplimiento de derechos Lgbtiq+
En un informe alternativo sobre la situación de las mujeres Lbtiq+ en Costa Rica, Mulabi denunció también ante el Comité Cedaw que en el país no hay estudios o información estadística concluyente sobre población intersex.
“La Caja Costarricense del Seguro Social carece de datos sobre personas tratadas por ‘desórdenes del desarrollo sexual’, e incluso, al ser consultada sobre ellos, brindó información sobre ‘Egresos hospitalarios debidos a trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con el desarrollo y con la orientación sexual’”, se indicó en el informe.
Ante esta situación, Mulabi solicitó al Estado y al Comité que en el Hospital Nacional de Niños se consideren otras opciones más allá de las cirugías de asignación sexual a la hora de tratar a niños y niñas intersex. Además, que se generen grupos específicos para los padres y madres para que se les asesore y oriente con el fin de que cuenten con las herramientas necesarias para manejar la situación de la mejor manera y donde lo que prime sea el beneficio de la persona intersex.
Entre otros incumplimientos del Estado en materia de derechos de las personas Lgbtiq+ que señaló la organización, está la falta del protección de las personas trans en el Código de Trabajo, pues en el artículo 404 ninguna de las causales de discriminación incluye la discriminación por identidad de género, pese a que las personas trans siguen siendo discriminadas en los espacios de trabajo, tanto públicos como privados, denunció Mulabi.
Además, la organización señaló el riesgo de que no sea aprobado el proyecto de ley 20.970 que busca prohibir las supuestas «terapias de conversión” por la cantidad de mociones que han presentado diputados conservadores.
Por lo anterior, Mulabi pidió al Estado considerar tortura cualquier forma que busque modificar o anular la orientación sexual o la identidad de género de las personas Lbtiq+. También instó al Ministerio de Trabajo a realizar estudios sobre denuncias y procesos administrativos en los centros de trabajo públicos como privados sobre los actos de discriminación basados en orientación sexual o identidad de género y generar políticas encaminadas a promover el empleo de la población trans.
Cuestionamientos al quehacer de instituciones
El Grupo de Trabajo de Agenda Cedaw, integrado por organizaciones, colectivas y grupos de sociedad civil de mujeres, feministas, lideresas y activistas, también hicieron sus denuncias ante el Comité Cedaw y cuestionaron el trabajo del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) y de la Defensoría de las y los Habitantes.
En el caso del Inamu, el grupo de trabajo, representado por la abogada Larissa Arroyo, denunció que el distanciamiento con las organizaciones de mujeres y la desarticulación de esta institución han causado el debilitamiento y casi desaparición de los mecanismos de consulta y participación de la sociedad civil. Incluso, señaló que para la presentación que realizaron ante el Comité Cedaw, no tuvieron acceso oportuno a toda la información estatal.
Además, en el informe que entregó este grupo de trabajo al comité, indicó que Costa Rica cuenta con una Política Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia contra las
Mujeres (Planovi), sin embargo, denunció que la administración del actual gobierno ha lanzado iniciativas que no están incluidas en la política nacional mencionada, “haciendo que se pierda la visión integral con la cual se elaboró la política”.
Con respecto a la Defensoría de las y los Habitantes, el grupo de trabajo denunció que en los últimos cuatro años, la institución restringió el apoyo institucional a la sociedad civil y que incluso, dentro de la Defensoría hubo hostigamiento a las personas funcionarias que querían apoyar los procesos de trabajo sobre derechos Lgbtiq+, de las mujeres, de personas que viven con VIH y sobre derechos sexuales y reproductivos en general.
El grupo también señaló que, a pesar de haber solicitado de manera reiterada el apoyo de la Defensoría y otras instituciones estatales desde el 2017, el país no cuenta con un mecanismo y protocolo de protección a defensoras de derechos humanos.
“No solo no hay garantía de acceso a la justicia, particularmente para las mujeres y peor aún aquellas en condiciones de vulnerabilidad y además, el sistema de justicia costarricense reproduce prácticas discriminatorias y revictimizantes en contra de las víctimas de violencia, incluyendo la violencia estatal, como ocurre con las mujeres indígenas”, dijo Arroyo al comité.
Aborto legal
Otros de los temas que señalaron las organizaciones costarricenses fueron el incumplimiento de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por parte del Estado. La organización Centro de Derechos Reproductivos recordó que el Comité Cedaw ha recomendado al Estado de Costa Rica en sus últimas observaciones la necesidad de “contemplar el aborto como un procedimiento legal”, situación que aún no ha ocurrido.
Alejandra Colle, representante del Centro de Derechos Reproductivos indicó que la única reacción estatal a estas recomendaciones ha sido la expedición de la norma técnica de aborto, “que cuenta con múltiples falencias”.
Según Colle, la falta de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de mujeres y niñas tiene graves consecuencias sobre ellas como perjuicidos físicos, embarazos no deseados, mortalidad materna, estrés postraumático, depresión y suicidio.
“Un ejemplo claro de ello es el caso de una niña de 12 años que en el año 2017 resultó embarazada como consecuencia de las violaciones sexuales que sufrió por parte de su padre biológico por más de 10 años. Aunque la niña manifestó estar deprimida y no querer continuar con el embarazo, su familia recibió presiones por parte de sectores conservadores y fundamentalistas de la zona para que no buscara interrumpir el embarazo”, relató Colle.
Además, la activista denunció la falta de información que permita contrastar la cantidad de interrupciones de embarazo solicitadas frente a las que efectivamente terminaron siendo aprobadas y practicadas.
En vista de lo anterior, la organización solicitó al Comité Cedaw que escale la recomendación al Estado de Costa Rica a legalizar el aborto, solicitando un régimen de aborto compatible con las recomendaciones actualizadas de la OMS y que adopte rápidamente medidas para abordarlo como un tema de salud pública y no desde el derecho penal.
Todas estas denuncias serán revisadas por el Comité Cedaw y el 20 y 21 de febrero le tocará al Gobierno entregar un informe sobre el cumplimiento de la convención al comité. Con estos insumos y la información proporcionada por la sociedad civil, el Comité Cedaw emitirá una serie de recomendaciones a Costa Rica en materia de derechos de las mujeres.