En el caso más grande, en el que se denuncia una aparente evasión fiscal por ¢11.000 millones, Hacienda ya no puede hacer nada en la vía administrativa porque está prescrito, por eso la entidad lo envió a la Fiscalía para una investigación penal.
El Ministerio de Hacienda anunció este jueves que remitió a la Fiscalía información sobre tres supuestos grandes casos de evasión fiscal. Las autoridades de Hacienda manifestaron que, a partir de ahora, todas las posibles defraudaciones al fisco que superen los ¢230 millones serán enviadas al Ministerio Público.
“Esos recursos le pertenecen a los costarricenses. Son los recursos con que se dan becas o dan subsidios a las personas, por lo que no vamos a permitir que siga habiendo impunidad en fraude fiscal”, dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Acosta añadió: “Creemos que la cárcel es el lugar donde deben estar los evasores, y ahí es donde nosotros vamos a seguir estos procesos”.
Hacienda explicó que uno de los casos, remitidos al Ministerio Público desde diciembre, es sobre una evasión por alrededor de ¢11.000 millones realizada por una entidad bancaria costarricense entre los años 2008 y 2015.
Esta denuncia ingresó de manera anónima vía la aplicación web “Denuncie ya”, según indicaron en Hacienda.
Creemos que la cárcel es el lugar donde deben estar los evasores». Nogui Acosta, ministro de Hacienda.
“Una entidad ligada a un banco costarricense hizo una maniobra fraudulenta con la cual defraudó al fisco con ¢11.000 millones. Esta maniobra representó para los costarricense 1.297 soluciones de vivienda que no se hicieron, más de 23.000 becas de Avancemos que no se dieron”, expuso el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Según el director de Tributación Directa, Mario Ramos, por la cantidad de dinero defraudado, esta sería la denuncia más grande presentada en Hacienda.
Las autoridades explicaron que la maniobra empleada consistió en triangulación de fondos entre sociedades costarricense-panameñas que pertenecen a la misma persona física y que utilizarían la figura de holding en el país vecino.
En este caso, esta empresa presuntamente envió $65 millones a su holding en Panamá, pero paralelamente, la entidad financiera del vecino país realizó un préstamo por $65 millones a la empresa en Costa Rica, con una tasa del 6,5%. La entidad financiera panameña tomó como garantía los $65 millones enviados a la holding.
Según Hacienda, esta triangulación le genera un “escudo fiscal» en favor de la empresa costarricense a la hora de pagar los intereses a la entidad financiera panameña. Pero las autoridades de Hacienda plantean que, además, la salida de utilidades de la empresa nacional hacia Panamá permite el traslado de recursos a los socios sin el pago de impuestos a los dividendos en Costa Rica.
El director general de Tributación, Mario Ramos, planteó que en este caso lo correcto hubiese sido que, si la empresa tenía dividendos para repartir entre sus socios, debió haber pagado el 15% del impuesto a los dividendos y esto hubiera generado un tributo a cancelar según lo dispuesto en la Ley de Impuesto sobre la Renta.
Al ser un caso que se registró entre 2008 y 2015, Hacienda ya no tenía las potestades para realizar una investigación tributaria, ya que por ley este tipo de casos prescriben a los cuatro años en la sede administrativa. Pero en la sede penal la prescripción es hasta los 10 años, por ende el caso fue remitido por Hacienda a la Fiscalía.
El ministro de Hacienda se negó a revelar el nombre de la empresa involucrada y solo accedió a compartir la información del número de expediente abierto en la Fiscalía, pero al momento de la publicación de esta nota, todavía no lo ha enviado a la prensa.
Los otros casos trasladados a la Fiscalía
Además de la denuncia presentada en contra de la entidad financiera costarricense, el director de Tributación Directa anunció que recientemente trasladó a la Fiscalía una investigación hecha sobre la declaración de renta de una empresa inscrita ante Hacienda como una sociedad anónima dedicada a la venta de legumbres.
A la hora en que las autoridades revisaron la declaración de renta de esta empresa, presentada en el año 2018, se encontraron con que la sociedad anónima declaró haber tenido 3.700 millones en costos y gastos. Según el director de Tributación esta empresa se negó a colaborar cuando se le pidió información para respaldar los gastos de operación que declararon.
“No aportaron ningún solo comprobante de las compras hechas por ¢3.700 millones”, manifestó Ramos.
El funcionario de Hacienda indicó que esto generó una diferencia del impuesto renta de ¢1.136 millones para el período 2018.
El otro caso expuesto por Hacienda se refiere a una empresa inscrita para la venta de automóviles que en su declaración de renta del año 2016 reportó una renta bruta por hasta ¢7.700 millones y tras la revisión hecha por las autoridades se determinó que el 86% de sus ingresos provenían de la venta de teléfonos celulares.
Hacienda rechazó la declaración presentada por esta empresa, ya que no existen los respaldos de la compra o importación de los teléfonos, esto generó un nuevo cálculo de los tributos a pagar por la empresa. Las autoridades reclaman un presunto impuesto determinado en ¢1.001 millones el impuesto general sobre las ventas y en ¢2.202 del impuesto sobre la Renta.
Las autoridades exhortaron a la población a utilizar los mecanismos de denuncia en caso de conocer casos de evasión fiscal.
“Nueva estrategia”
En la conferencia de prensa convocada por Hacienda, se explicó que las autoridades buscarán atacar la evasión fiscal con una nueva estrategia que incluye la creación de una unidad de auditores especializados para trabajar ese tipo de fraudes. En total 15 funcionarios de Hacienda trabajarían en la investigación de casos para el traslado de pruebas al Ministerio Público.
“Esto es un delito penal, si seguimos en la sede administrativa no vamos a tener culpables, vamos a tener arreglos o pagos, y esto es un robo a los costarricenses”, indicó Acosta.
El director general de Tributación Directa, Mario Ramos, planteó que esta nueva estrategia se centrará en determinar las maniobras y quiénes están detrás de estas acciones.
Ramos señaló que se brindarán nuevas herramientas a los auditores para que desarrollen capacidades de investigación y a la vez que se realizará coordinación con la Policía de Control Fiscal (PCF) y con el Ministerio Público para la investigación en la vía penal.
El ministro Acosta reconoció que si bien la estrategia incluye el traslado de casos a la Fiscalía aún no existe un acercamiento formal entre instituciones para el trabajo en conjunto.
La evasión fiscal se da cuando se ejecutan acciones para evitar el pago de impuestos. El fraude fiscal es el delito que se castiga con penas de cárcel por la evasión en el pago de tributos.
“Esto es un llamado de atención al Ministerio Público de que estamos aquí, de que vamos a colaborar y que coordinemos acciones. En este sentido, el fortalecimiento es un proceso continuo y esperaríamos la colaboración de la Fiscalía en este particular y en todos los que vengan”, indicó Acosta.
El Ministerio de Hacienda confirmó que hay 23 denuncias activas por fraude fiscal, por un monto de ¢27.405 millones.
Además, que antes del 15 de febrero se presentarán tres denuncias nuevas por un monto de ¢6.370 millones
La evasión fiscal se da cuando se ejecutan acciones para evitar el pago de impuestos. El fraude fiscal es el delito que se castiga con penas de cárcel por la evasión en el pago de tributos.