Desde el 2019, la Sala Constitucional ordenó a diferentes entidades tomar acciones para limpiar las fuentes de agua contaminadas con agroquímicos, no obstante, tres años después no se han tomado medidas, según denunciaron comunidades.
Comunidades de los cantones de Río Cuarto y San Carlos, en la provincia de Alajuela, denunciaron que todavía existe contaminación de fuentes de agua con agroquímicos, a pesar de que desde hace tres años la Sala Constitucional ordenó a varias entidades tomar acciones para el saneamiento.
Personas de las Asadas de esas comunidades dieron esta información ante la Comisión Permanente de Ambiente. El diputado Ariel Robles señaló a los cultivos de piña como responsables de la contaminación por el uso de plaguicidas que fueron encontrados en las muestras de agua.
Además, representantes de las Asadas señalaron secretismo en los resultados de los análisis que se realizan.
En entrevista con Interferencia de Radios UCR, Margarita Alvarado, administradora del Acueducto Comunal de Veracruz de San Carlos, comentó que unas ocho Asadas han dejado de brindar el servicio de agua potable debido a órdenes sanitarias.
En el 2018, el Centro de Investigaciones en Contaminación Ambiental (CICA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) dio a conocer un estudio en el cual detectó la presencia de bromacil en las fuentes de agua. A partir de ello, en el 2019 pobladores de comunidades de la zona Norte acudieron a la Sala Constitucional por inminente riesgo a la salud y el daño causado al recurso hídrico.
La Sala Constitucional ordenó entonces a las autoridades del Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), al Área Rectora de Salud de Grecia y a los jerarcas del Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que “en forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de residuos de plaguicidas objeto de este amparo”. Sin embargo, hasta ahora las comunidades no conocen que se hayan tomado medidas, dijo Alvarado.
“Únicamente estamos alertados sobre la presencia del bromacil, para conocer características como el desplazamiento de la molécula y el origen exacto de la contaminación necesitamos un estudio hidrogeológico, no obstante, desde el 2018 no disponemos de los recursos ni del apoyo para realizarlo”, explicó Alvarado.
Interferencia consultó al AyA sobre las acciones tomadas, pero al cierre de esta publicación, no hubo respuesta.
Henry Picado, vocero de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y miembro de la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB), comentó que el bromacil es un producto utilizado en el cultivo de piña cuyo uso fue prohibido en el 2018, por lo que su presencia puede ser consecuencia del uso ilegal del agroquímico.
Añadió que, históricamente, las empresas responsables de contaminar los mantos acuíferos con agroquímicos no han tenido consecuencias ni han colaborado con el abastecimiento de agua potable.
Un estudio realizado en el 2015 por la Facultad de Medicina de la UCR determinó que la exposición al bromacil puede impulsar el desarrollo de tumores en la tiroides y el hígado, por lo que es considerado como un factor cancerígeno.
Picado comentó que aún se desconoce de manera oficial al responsable de la contaminación y afirmó que el Laboratorio Nacional de Aguas no se ha pronunciado sobre este tema.
Secretismo de los datos
En el 2018, administradores de los acueductos locales reclamaron a las autoridades no haber sido alertados previamente sobre la contaminación del agua, a pesar del riesgo que significa. Esto luego de que se les informó oficialmente sobre la situación cuando se publicó el informe de la UCR. El inicio de este estudio se dio en el 2015 y, desde entonces, ya había alertas sobre la contaminación encontrada.
Según Alvarado, ya desde el 2011, en otro estudio, se había encontrado contaminación por herbicida, “por lo que se tomaron medidas como el aumento del área de protección de las nacientes a 200 metros. Pero, luego de la incursión del cultivo de la piña no se realizó un monitoreo como tal hasta el 2015 cuando el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) contrató a la UCR para estudiar los mantos acuíferos”, explicó la administradora de la Asada de Veracruz de San Carlos.
Mientras que el vocero de la Fecon señaló la necesidad de transparencia sobre los datos cuando se atenta contra la salud pública. Según dijo, el estudio ordenado por el SFE y que realizó CICA se había mantenido en privado hasta que se filtraron los resultados.
Los resultados fueron publicados luego de que el entonces diputado del Frente Amplio, José María Villalta, interpuso un recurso de amparo en contra de la confidencialidad de los datos recopilados. Además, en la Asamblea Legislativa se abrió la investigación para determinar las responsabilidades políticas derivadas del secretismo de las mediciones.
Impacto comunal
Aproximadamente 6.000 personas se han visto afectadas por la falta del servicio de agua y la negación de permisos de construcción o apertura de negocios, debido a la contaminación del agua y esto ha provocado un freno en el desarrollo local, según indicó la administradora de la Asada de Veracruz de San Carlos.
Alvarado detalló que las Asadas, en colaboración con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el AyA, hicieron una inversión de ¢600 millones para transportar agua desde otras comunidades. Sin embargo, resaltó que las medidas tomadas tienen una garantía de 15 años, por lo que es necesario trabajar en la descontaminación de las fuentes originales.
Actualmente, algunas Asadas han comenzado la gestión para retirar las medidas sanitarias y restablecer el servicio de agua potable, ya que han conseguido niveles mínimos en la presencia de moléculas de bromacil en los últimos tres análisis, según informó Alvarado.
Entrevista completa sobre el tema: