Un experto de la ONU señaló que las mal llamadas “terapias de conversión” son un negocio muy “lucrativo” para algunos grupos y recomendó su completa prohibición. En esta nota detallamos quiénes sacan provecho económico y cómo afecta a las víctimas.
El experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género para la Organización de Naciones Unidas (ONU), el abogado costarricense Víctor Madrigal-Borloz, recomendó la prohibición global de las “terapias de conversión”.
El especialista señaló que esta prohibición debe incluir “la definición clara de las prácticas prohibidas, asegurar que los fondos públicos no se usen para apoyarlas, prohibición de anuncios publicitarios, establecer castigos por incumplimiento e investigar los reclamos respectivos, creando mecanismos para proporcionar acceso a todas las formas de reparación a las víctimas, incluido el derecho a la rehabilitación”.
En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en julio de 2020, Madrigal-Borloz planteó que estas intervenciones “son profundamente dañinas”. El experto explicó que se basan en la idea médicamente falsa de que las personas sexualmente diversas están enfermas, “infligen dolor y sufrimiento severos, y resultan en daños psicológicos y físicos de larga duración”, señaló Madrigal-Borloz.
Según el experto, “terapia de conversión” es un término general para describir “intervenciones de una naturaleza muy amplia, pero que tienen en común la creencia de que la orientación sexual o la identidad de género de una persona puede y debe cambiarse”.
“Dichas prácticas apuntan (o pretenden apuntar) a cambiar a las personas de gays, lesbianas o bisexuales a heterosexuales y de transgénero o género diverso a cisgénero”, explicó Madrigal-Borloz.
‘Son un negocio lucrativo’
En su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Madrigal-Borloz señaló además que estas intervenciones son “un negocio muy lucrativo para los proveedores en todo el mundo”.
Madrigal-Borloz evidenció que existen proveedores privados y públicos de atención de salud mental, organizaciones religiosas, curanderos tradicionales y agentes estatales realizando estas prácticas y sacando provecho económico. Pero los promotores también incluyen miembros de la familia y la comunidad, autoridades políticas y otros agentes.
El especialista aseguró que, en ocasiones, además del pago de una cuota o compensación económica también pueden existir acuerdos entre familiares y líderes religiosos, para que los primeros den algún tipo de contribución al grupo, iglesia o institución sin establecer un vínculo directo o explícito con la “terapia de conversión” ofrecida.
“Las organizaciones religiosas y las autoridades religiosas, en particular, operan en un espacio rodeado de líneas borrosas, asesorando a la familia y a la víctima y, a menudo, promoviendo o brindando las prácticas solas o en asociación con otros”, explicó el especialista.
El experto también planteó que los métodos utilizados para implementar estas intervenciones “conducen a dolor y sufrimiento psicológico y físico”. Agregó que el impacto provocado en los individuos, a los que se somete a estas supuestas “terapias” incluye “una pérdida significativa de autoestima, ansiedad, síndrome depresivo, aislamiento social, dificultad para la intimidad, odio a sí mismo, vergüenza y culpa, disfunción sexual, ideación suicida e intentos de suicidio y síntomas de trastorno de estrés postraumático”.
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Además señaló que estas prácticas “violan la prohibición de la tortura y los malos tratos”, pues toman su punto de partida en la creencia de que las personas sexualmente diversas o de género son de alguna manera inferiores, moral, espiritual o físicamente, que sus hermanos heterosexuales y cisgénero y deben modificar sus orientación o identidad para remediar esa inferioridad.
“Por lo tanto, cualquier medio y mecanismo que trate a las personas LGBTQ+ como seres humanos menores son degradantes por su propia definición y pueden constituir tortura dependiendo de las circunstancias, es decir, la gravedad del dolor físico y mental y el sufrimiento causado. Finalmente, estas prácticas también violan el derecho a la salud, incluida la libertad de tratamiento médico no consensuado”, indicó el experto de la ONU.