Más del 75% de las personas electas para curules poseen experiencia política, ya sea en la misma Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo, en municipalidades o en militancia con partidos políticos. Además, 14 de ellos han atravesado o atraviesan investigaciones penales, varias derivadas de su función pública.
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57 nuevas caras llegarán a la Asamblea Legislativa este primero de mayo para ocupar las curules desde las cuales tomarán decisiones que le afectan a toda la población, pero, ¿quiénes son los nuevos diputados y las nuevas diputadas?
Interferencia de Radioemisoras UCR revisó sus currículos y otra información disponible para conocer sobre su experiencia política, sus profesiones y si han afrontando investigaciones penales.
Algunos rostros son prácticamente desconocidos, pero otros ya han tenido presencia en la vida política nacional sin importar si se trata de personas adultas mayores o de jóvenes. De hecho, más de 40 de estas personas se han dedicado en algún momento de su vida a la política.
Por ejemplo, siete ya ejercieron diputaciones en períodos anteriores: Carolina Delgado Ramírez, Luis Fernando Mendoza Jiménez, Paulina Ramírez Portuguez y Rodrigo Arias Sánchez, todas estas personas en el Partido Liberación Nacional (PLN). En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) han ocupado curules Horacio Alvarado Bogantes y Vanessa de Paul Castro Mora. Además, vuelve a la Asamblea Fabricio Alvarado Muñoz, quien fue diputado por Restauración Nacional y esta vez regresa con Nueva República. Alvarado también ha sido candidato presidencial en dos ocasiones.
Otro grupo de quienes conformarán ahora el Congreso, inició su carrera política como asesores de ministros, viceministros y ministros, así como asesores legislativos, regidores municipales y alcaldes. En todos esos puestos, destaca la trayectoria de las personas que formarán la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
Por su parte, en las diputaciones del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) predominará la experiencia en asesorías legislativas y en puestos municipales como regidores.
En el caso de la bancada de Nueva República, las curules serán ocupadas principalmente por quienes se habían desempeñado como asesores legislativos. Se diferencia la trayectoria de la diputada electa, Gloria Navas, quien en el pasado ejerció la función pública como jueza de Trabajo y fiscala del Ministerio Público.
Mientras que en la fracción del futuro partido oficialista, Progreso Social Democrático (PSD), la experiencia de sus diputados ha sido principalmente como asesores de Gobierno (en presidencia y ministerios), así como en candidaturas a alcaldías y diputaciones, y la militancia en otros partidos políticos como Nueva Generación, Acción Ciudadana y Unidos por Costa Rica.
Sin experiencia en los trajines de la política en esa fracción están la conocida periodista Pilar Cisneros y la empresaria María Martha Padilla, quien se ha dedicado a trabajar y a capacitar a empresas para su desarrollo.
En la acera del Frente Amplio (FA), cuatro de seis personas electas han trabajado para ese mismo partido en asesoría legislativa, como es el caso de Jonathan Acuña y futuro jefe de fracción de su partido, quien fue asesor de José María Villalta, el único legislador del FA en el periodo 2018-2022.
En esa misma fracción están personas jóvenes que ya cuentan con experiencia en política, realizando investigación social y teniendo participación en espacios de defensa de derechos de las mujeres, indígenas, migrantes y en luchas ambientales, como es el caso de Priscilla Vindas y de Ariel Robles; este último además fue regidor municipal en el 2020 en el Concejo Municipal de Pérez Zeledón.
Con respecto al Partido Liberal Progresista (PLP), tres de sus seis diputados electos cuentan con experiencia política. Por ejemplo, el nuevo legislador Arnoldo Campos fue consejero presidencial dentro del Ministerio de Comunicación en el período de Laura Chichilla.
Además, Eliécer Feinzaig, quien en la reciente campaña fue el candidato presidencial del PLP, ya había sido viceministro de Transportes y asesor presidencial entre 1998 y 2000.
También, el diputado electo Luis Diego Vargas fue alcalde interino de la Municipalidad de Garabito en dos ocasiones.
Antes de la Asamblea…
Para ser diputada o diputado, los únicos requisitos que exige la Constitución Política son: ser ciudadano en ejercicio, ser costarricense por nacimiento, o por naturalización con diez años de residencia en el país después de haber obtenido la nacionalidad y haber cumplido veintiún años de edad.
Es por eso que, en cuanto a profesiones, la conformación de la Asamblea Legislativa puede ser variopinta.
De hecho, a partir de este año, este poder de la República tendrá una diversidad de 20 profesiones. Las carreras que sobresalen son Administración de Empresas (10); Derecho (10);
Ciencias Políticas (seis) e ingenierías como Industrial, Química, Forestal e Informática.
También, habrá congresistas profesionales en Educación, Economía, Relaciones Internacionales, Salud, Historia y Filosofía.
Por ejemplo, el Frente Amplio cuenta con dos economistas, Jonathan Acuña y Sofía Guillén. También, forman parte de la fracción un sociólogo, un docente, una politóloga y una profesional en Filosofía.
En el caso del futuro partido oficialista, este contará con tres personas graduadas en distintas ingenierías (forestal, química e industrial), dos administradoras de empresas, una economista agronómica, una productora ejecutiva, una politóloga y una periodista.
La bancada de Liberación Nacional contará con cuatro personas del área de Derecho y cuatro administradoras de empresas. Tendrá también tres docentes, un ingeniero civil, un informático, una historiadora, una diseñadora publicitaria, una contadora, una arquitecta, una politóloga y una internacionalista.
Las curules de Unidad Social Cristiana estarán ocupadas por dos personas abogadas, dos politólogas, una terapeuta física, un ingeniero agrónomo, un docente y una comunicadora. En el caso del diputado electo Carlos Andrés Robles Obando, él es estudiante universitario de la carrera de Administración de Empresas y es técnico en gestión de crédito.
La fracción de Nueva República estará formada por dos profesionales en administración de empresas y derecho, un ingeniero industrial, un internacionalista y el periodista Fabricio Alvarado.
El partido Liberal Progresista, que estará por primera vez en la Asamblea Legislativa, llevará a un economista (uno de ellos es su excandidato presidencial Feinzaig), dos abogados, un ingeniero civil, así como a un politólogo y a una administradora de empresas.
Algunas de las personas que conformarán a partir del primero de mayo la Asamblea Legislativa poseen más de una profesión; sin embargo, para este análisis se tomó en cuenta el área en que más han trabajado, según la información de sus currículos.
En este nuevo Congreso, los únicos dos partidos que cumplen con la paridad de género en sus bancadas son el Frente Amplio y Progreso Social Democrático. El partido que más diferencias tiene es Liberal Progresista, con 4 hombres y dos mujeres.
Actualmente, el Código Electoral obliga a los partidos a utilizar un mecanismo de alternancia en los puestos de elección popular; es decir, si se nombra un hombre de primero para diputación, obligatoriamente se tiene que designar a una mujer después y así sucesivamente.
Sin embargo, los partidos pueden elegir si colocar en primer lugar a un hombre o a una mujer, y ahí es donde, en ocasiones, se generan las brechas.
En total, la futura Asamblea Legislativa estará formada por 27 mujeres y 30 hombres.
En investigación
Entre las personas que se convertirán en legisladores y legisladoras este primero de mayo, hay 14 que han enfrentado investigaciones penales por distintos delitos como obstrucción de la vía pública, lesiones leves, tráfico de influencias, abuso de autoridad, nombramientos ilegales, invasión a un área de conservación, infracción al Código Electoral y coacción, según la información que las oficinas de prensa del Ministerio Público y el Poder Judicial entregaron durante el mes de marzo, a solicitud de Interferencia. Varias de estas investigaciones están relacionadas con su trayectoria en puestos políticos.
No obstante, cinco de esas personas no tienen nada pendiente con la justicia, pues sus procesos finalizaron con desestimaciones y sobreseimientos.
Hay otras cinco personas que fueron investigadas en procesos ya archivados pero que también son objeto de otras investigaciones en curso. Otras dos personas mantienen investigaciones en su contra abiertas y nunca se les han dictado sobreseimientos o desestimaciones.
Solo en un caso por una supuesta agresión con arma el caso llegó a juicio, pero se dictó una sentencia absolutoria.
Entre las personas que todavía tienen expedientes en trámite hay tres alcaldes que pasarán de las municipalidades a las curules con causas penales sin resolver. Ellos son Gilbert Adolfo Jiménez Siles (Desamparados), Horacio Alvarado Bogantes (Belén) y Pedro Rojas Guzmán (Sarapiquí).
Por ejemplo, Jiménez, tiene 11 causas abiertas que se encuentran en investigación y que se relacionan con los delitos de incumplimiento de deberes, peculado, administración fraudulenta y falsificación de documentos públicos y auténticos
Consultado por Interferencia, el liberacionista indicó que no ha sido notificado sobre estos procesos. Sin embargo, aseguró que deben de estar relacionados con su quehacer como alcalde y a necesidades insatisfechas de algunas personas, quienes proceden a realizar las denuncias.
“No tengo la menor duda que esas causas terminarán siendo desestimadas, dado que no he hecho ningún acto irregular. Por lo general, esas denuncias son inquietudes que no se pueden resolver porque no son competencia de la Municipalidad”, indicó Jiménez.
El futuro diputado socialcristiano, Horacio Alvarado, alcalde de Belén, tiene tres causas abiertas, también por los delitos de peculado y malversación de fondos. Alvarado, al igual que Jiménez, dijo a Interferencia que no había sido notificado por estas causas y que desconoce las razones.
Además de los actuales alcaldes, cuatro futuros diputados también atraviesan una investigación penal: tres de ellos del PUSC y una del PLN. Por ejemplo, Leslye Rubén Bojorges tiene tres causas abiertas por los delitos de peculado, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Interferencia intentó contactar a quienes más causas abiertas tenían, en este caso, a Bojores, quien pidió que se le llamara posteriormente y luego no respondió.
A partir del primero de mayo, cuando se convertirán en congresistas, todas estas causas pasan desde distintas fiscalías a la Fiscalía General y se tramitan con un procedimiento distinto ya que estas personas tendrán un fuero de improcedibilidad, al que se le conoce como inmunidad, explicó la oficina de prensa del Ministerio Público.
Este procedimiento especial se aplica a las personas que pertenecen a las personas que pertenecen a los tres poderes de la república, así como a Magistrados titulares del Tribunal Supremo de Elecciones, Controlara, Contralor, Subcontralora y Subcontralor General de la República.
En estos casos, las investigaciones están a cargo directamente de quien sea fiscal general. Al finalizar la investigación, la Fiscalía General debe presentar ante la Corte Suprema de Justicia el resultado, ya sea la desestimación, sobreseimiento o acusación.
Si se presenta una acusación, la Corte debe analizarla y, de considerarla admisible, la traslada a la Asamblea Legislativa para el antejuicio y valoración del levantamiento del fuero de improcedibilidad.
Posteriormente, la Asamblea Legislativa nombra a una comisión para analizar la prueba y recomendar al plenario si es procedente continuar con el proceso penal y levantar el fuero especial, el cual deberá ser aprobado por mayoría calificada (38 votos o más).
Cuando se levanta el fuero, le corresponde a una magistrada o un magistrado de la Sala Tercera dirigir los actos de investigación y tomar la indagatoria. A esta misma Sala le corresponde realizar el juicio.
En el caso de medidas cautelares para legisladores con causas penales, estas solo proceden cuando se levanta la inmunidad. Si la persona es detenida en flagrancia, se pondrá a la orden de la Corte que a su vez debe informar a la Asamblea Legislativa para que decida sobre el levantamiento de la inmunidad. Si el Congreso autoriza la privación de libertad, la Fiscalía debe presentar una acusación en un plazo máximo de 24 horas.
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