En resumen: El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, negó en un debate del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que su agrupación haya sido condenada judicialmente. Eso es falso.
El PAC fue condenado en el 2016 a pagar casi ₡353 millones por su responsabilidad civil en la estafa que cometieron dos representantes del partido en el cobro de la deuda política de las elecciones del 2010. En total, la agrupación deberá pagar de forma solidaria unos ₡786 millones al Estado por ese caso.
Ramos añadió en el debate que las condenas vinculadas al PAC “han sido a funcionarios específicos, no al partido”. La campaña oficialista justificó a Doble Check que hay “una diferencia técnica” entre recibir una condena penal y una responsabilidad civil y solidaria “para reparar el daño cometido por dos funcionarios que estaban bajo la estructura partidaria”.
La Procuraduría General de la República recalcó que, al momento del juicio, el marco jurídico de Costa Rica solo permitía acciones civiles contra las personas jurídicas, como los partidos políticos.
“Es dentro del marco de la legislación que tiene nuestro país que se tenía que hacer de esa manera: la querella sobre la pretensión penal contra personas físicas, y la acción civil resarcitoria contra personas físicas y contra personas jurídicas, porque la legislación sólo permitía hacerlo de esa manera”, aclaró el procurador penal Randall Aguirre, que presentó la acción civil contra el PAC en representación del Estado.
¿Qué dijo Welmer Ramos?
El candidato presidencial del Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, participó en la primera ronda de debates que organizó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el domingo 9 de enero.
Durante el debate, Ramos fue cuestionado por Martín Chinchilla, aspirante de Pueblo Unido:
“El PAC lleva en sus espaldas una gran cantidad de situaciones, por ejemplo, tráfico de influencias, supuestos delitos de corrupción, estafas al TSE, nombramientos irregulares, el caso de UPAD, políticas regresivas contra los trabajadores y el pueblo costarricense, entre muchas otras. ¿Podrán los costarricenses considerar al PAC para un tercer mandato con todos estos antecedentes?”, preguntó Chinchilla en un segmento del debate.
Welmer Ramos negó los cuestionamientos de su rival. “Ha sido denunciado, el PAC, una y otra vez por mera disputa política, pero no ha sido condenado nunca. Incluso, cuando se le ha condenado en alguna cosa, ha sido a funcionarios específicos, no al partido”, afirmó el diputado y candidato oficialista.
PAC tuvo responsabilidad civil en caso de estafa
En el 2016, un tribunal del Primer Circuito Judicial de San José halló como coautores del delito de estafa mayor a Maynor Sterling Araya, extesorero del PAC; y a Manuel Antonio Bolaños Murillo, colaborador de la agrupación. El tribunal les impuso seis y tres años de prisión respectivamente.
La Fiscalía acusó a los funcionarios del partido por la simulación de 263 contratos de servicios especiales de colaboradores durante la campaña electoral del 2010. El partido incluyó dichos documentos en la liquidación de gastos para el cobro de deuda política ante el TSE. El tribunal comprobó que 179 de esos contratos fueron brindados de forma gratuita, se dieron servicios distintos a los cobrados o no se ejecutaron del todo.
Además, el tribunal declaró parcialmente con lugar la acción civil resarcitoria que presentó la Procuraduría General de la República (PGR) contra los dos individuos y contra el PAC propiamente.
“La ausencia o la falta de controles sobre los contratos por servicios especiales es lo que justifica la responsabilidad solidaria del partido Acción Ciudadana”, indica la sentencia del 2016.
El tribunal determinó que la cúpula del partido reasignó a otras labores a su propio auditor, quien era el único funcionario interno que podía controlar las acciones de los funcionarios condenados. “Ese descuido negligente de parte del Comité Ejecutivo, del cual también formaba parte Sterling Araya, permitió la inclusión de contratos simulados en la liquidación de gastos electorales para la campaña popular del año 2010”, concluyó la autoridad judicial.
“No hay que perder de perspectiva que, aun habiendo implementado los controles para evitar que personas que no ejercieron ningún tipo de trabajo no firmaran los contratos por servicios especiales, subsisten aquellas contrataciones donde se ejerció una labor gratuita y voluntaria, pues ésta última obedeció a una decisión de las más altas autoridades del partido”, agregaron los jueces en su sentencia.
De ese modo, el tribunal condenó al PAC al pago solidario de casi ₡353 millones por concepto de daño patrimonial y ₡40 millones por costas procesales. Luego de años de litigio y la suma de intereses, el PAC deberá pagar al Estado unos ₡785 millones en diferentes tractos hasta el 2024, reportó La Nación en julio pasado.
“La Procuraduría presentó una acción civil que sí involucró al PAC. Por eso, el PAC está condenado en un proceso penal en aspecto civil. Sí está condenado, y los personeros también están condenados a partir de este caso”, explicó a Doble Check Alexander Valverde, fiscal de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción del Ministerio Público.
¿Por qué solo se estableció responsabilidad civil del PAC?
Ante consultas de Doble Check, la campaña de Welmer Ramos defendió sus afirmaciones por la diferencia que hay entre una responsabilidad civil y una condena penal.
“Hay una diferencia técnica, fundamental y cierta entre recibir una condenatoria penal (que es de carácter personalísimo) y una responsabilización de carácter civil y solidario para reparar el daño cometido por dos funcionarios que estaban bajo su estructura partidaria; nunca como consecuencia de un actuar premeditado, concertado, con afán de perpetuar un ardid, estructurado en el seno del partido y en ello hay una diferencia ingente y abismal”.
¿Por qué el PAC solo enfrentó una acción civil resarcitoria? Funcionarios de la Fiscalía de Anticorrupción y de la Procuraduría General de la República aclararon que ese era el mecanismo que permitía la ley para hallar la responsabilidad de una persona jurídica, tal como son los partidos políticos.
“La querella es una pretensión de condena por la comisión de un hecho delictivo, que únicamente se podía plantear contra personas físicas. Contra personas jurídicas se podía plantear una acción civil resarcitoria para que ellos [el PAC] respondieran por los daños y perjuicios ocasionados al Estado costarricense”, explicó Randall Aguirre, procurador penal que llevó el caso contra el PAC.
“Es dentro del marco de la legislación que tiene nuestro país que se tenía que hacer de esa manera: la querella sobre la pretensión penal contra personas físicas, y la acción civil resarcitoria contra personas físicas y contra personas jurídicas, porque la legislación solo permitía hacerlo de esa manera”, añadió Aguirre.
El procurador penal destacó la reciente entrada en vigencia de la ley de Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos, que fue aprobada a mediados del 2019. Aguirre subrayó las nuevas implicaciones que esta acarrea para las personas jurídicas en procesos penales, aunque descartó que la norma pueda aplicarse actualmente para un caso de estafa similar al del PAC porque ese delito no está incluido en la nueva ley.
¿La diferencia entre una condena civil y una condena penal le permite a Welmer Ramos decir que el PAC “no ha sido condenado nunca”? Tampoco.
“El Partido Acción Ciudadana fue condenado civilmente por un tribunal penal a pagarle al Estado una condena económica por daño material, por intereses y por costas. Lo que uno puede decir es que el Partido Acción Ciudadana fue condenado civilmente. Sí hay una condena en contra del Partido Acción Ciudadana”, afirmó el procurador penal.