La falta de honestidad en la política supera como problema a la falta de empleo o de estabilidad económica, indica medición hecha durante la semana en que detuvieron a cuatro alcaldes verdiblancos por caso ‘Diamante’. El entorno pone en aprietos la ventaja del candidato del PLN.
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El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, perdió parte de la ventaja que reflejaba en la intención de voto en el mes de octubre y ahora se encuentra en empate técnico con la aspirante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, ambos muy lejos del 40% mínimo para triunfar en una primera ronda y del 53% de indecisos, seis puntos más que en octubre.
Así cambia el panorama de la competencia electoral en momentos en que la corrupción se presenta por primera vez en 7 años como el mayor problema del país, incluso por encima del desempleo o la situación económica posterior a la pandemia, según el panorama que muestra la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
La medición de opinión pública se realizó en la misma semana en que detonó el caso de investigación policial llamado ‘Diamante’, que tiene como sospechosos de corrupción a cuatro fuertes alcaldes del PLN y a otros dos de partidos pequeños por presuntas dádivas en el favorecimiento a empresas constructoras en obras públicas.
Figueres tenía 19% de apoyo entre los decididos a votar en octubre y ahora aparece con 13%, cifra que por el margen de error (tres puntos) lo coloca en empate con Saborío, quien pasó de 8% a 10% en el último mes, un movimiento poco significativo estadísticamente.
En tercer lugar sale José María Villalta (Frente Amplio), con 6% de respaldo, dos puntos más que lo reportado por el estudio CIEP-UCR de octubre, aunque por el márgenes de error podría no haberse movido en estas semanas o incluso estar disputando el segundo lugar con la socialcristiana.
Los otros dos candidatos presidenciales que reciben un porcentaje de respaldo mayor al margen de error de la encuesta son Fabricio Alvarado (Nueva República) y Rodrigo Chaves (Progreso Social Democrático), ambos con 4%, mientras el oficialista Welmer Ramos (Partido Acción Ciudadana) solo obtiene 1%.
La competencia se muestra apretada, con pequeños movimientos de candidatos que, de por sí, tienen escaso caudal electoral, lo que hace difícil captar la foto actual de la campaña e imposible prever lo que ocurrirá en las próximas semanas o en febrero, salvo la alta probabilidad de una segunda ronda en abril.
Indecisión en terreno complicado
El grupo mayoritario sigue siendo, y por mucho, el de quienes desean votar pero no saben por quién hacerlo. Como era en agosto, de nuevo son un 53% de la muestra, después de que en octubre había bajado en apariencia a 48% (también con tres puntos de margen de error hacia arriba y hacia abajo), con especial presencia de mujeres, jóvenes, personas de bajo nivel de educación formal y quienes le dan “mucho” peso a la corrupción como criterio al decidir su voto.
Estas cifras corresponden a la población que se dice decidida a participar en las elecciones del 6 de febrero, que la componen dos de cada tres personas encuestadas, una proporción que no ha cambiado a pesar de las noticias políticas o nuevos acontecimientos de la campaña electoral, según los investigadores del CIEP.
“No cabe duda de que hay efectos de los escándalos de corrupción”, dijo Ronald Alfaro, investigador coordinador de la encuesta tras recordar que el caso “Diamante’ es un paso más del caso ‘Cochinilla’, también sobre presuntas redes de sobornos pagados a funcionarios por empresas constructoras, investigación conocida en junio que tiene en prisión preventiva a los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solis, de MECO y H Solís respectivamente.
‘Diamante’ es la versión municipal de ese mecanismo de presunto intercambio de favores en torno al negocio de las licitaciones públicas. Por eso estuvieron 48 detenidos los alcaldes Johnny Araya (San José), Humberto Soto (Alajuela), Alfredo Córdoba (San Carlos) y Alberto Cole (Osa), todos del PLN y con participación en la campaña de Figueres.
Ellos fueron separados por seis meses de sus cargos, al igual de Mario Redondo (Cartago, Alianza Demócrata Cristiana) y Arnoldo Barahona (Escazú, Nueva Generación), aunque también están cuestionadas figuras de dos agrupaciones más. Son en total ocho los partidos que tienen personajes salpicados por los casos ‘Diamente’, ‘Cochinilla’ o ‘Azteca’ (presunta penetración de narcotráfico en licitaciones públicas para legitimar dinero).
Corrupción supera al desempleo como preocupación nacional
Esto permite entender por qué la corrupción aparece ahora como el primer problema del país, mencionado por el 27% de los 900 encuestados entre el miércoles 17 de noviembre y el viernes 19 mediante llamadas a teléfonos celulares.
Esta prioridad en la corrupción en las preocupaciones de la ciudadanía ya se había registrado en agosto 2013 y enero 2014, durante el gobierno de Laura Chinchilla, pero con valores cercanos a 20%, más bajos que ahora.
Ahora queda en segundo lugar del desempleo (20% de las encuestados dijeron que era el principal problema), costo de vida y situación económica (17%), mala gestión del gobierno (11%) y pobreza, 5,8%), todos por encima del 4,7% referido a la pandemia de COVID-19, cuyos indicadores en Costa Rica han mejorado pero aún continúa la amenaza de una nueva ola.
Nada ahora es peor que la corrupción, indica el resultado de la encuesta. Es el ambiente derivado de ‘Cochinilla’, conocido por el 80% de la población y de ‘Diamante’, del que había escuchado el 58% de la gente encuestada a pesar de haber transcurrido menos de cinco días desde los operativos policiales y la captura de alcaldes.
La investigaciones relacionada con autoridades municipales ha hecho que más del 50% de la población haya empeorado su opinión sobre los gobiernos locales y las empresas constructoras; mientras tanto, el 40% de la gente dice tener ahora un criterio peor que antes sobre el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y los partidos políticos en general.
Solo una institución sale bien librada indica el informe de CIEP-UCR: “el Organismo de Investigación Judicial (OIJ, que desarrolla las investigaciones junto con fiscales del Ministerio Público) es la única institución que reporta una mejora en su imagen frente a la ciudadanía, pues un 36.48% afirma que su percepción ha mejorado como efecto de este caso”.
En total, un 66% de los encuestados aseguran que el caso ‘Diamante’ influye en su decisión de voto y, de esos, seis de cada 10 responden que es “mucho” el peso que tiene al momento de inclinarse por uno u otro candidato.
Clima de desconfianza
La inquietud popular no se limita a la posibilidad de sustracción o mal uso de fondos públicos; apunta también al peligro de que intereses del crimen organizado se cuelen en la institucionalidad pública, como se sospecha ocurrió en el caso ‘Azteca’, el expediente policial sobre un aparente grupo de narcotraficantes que habrían formado sociedades para participar como proveedores de servicios de construcción en Acueductos y Alcantarillados.
Consultados los encuestados por la posibilidad de que el dinero del narcotráfico afecte el funcionamiento de la democracia, solo 7% contestó que no afecta nada y 77,6% respondió que “mucho”.
La preocupación de la población va más allá de las redes criminales e incluye problemas como el ocurrido con una batería de preguntas indebidas a escolares en las pruebas Faro, lo que llevó a la renuncia de la ministra de Educación, Guiselle Cruz, en días previos a la realización de la encuesta. Ese tema, responsabilidad gubernamental, influye en la situación crítica de la educación en Costa Rica, al punto de que solo 9% de las personas contestaron que no incide y 67% dijo que sí, y mucho.
En este contexto de investigaciones criminales, de severas críticas al Gobierno y de competencia electoral, los partidos políticos reciben una baja nota de parte de la población: un 3,6 como promedio en la escala 1-10. Quedan por del debajo del MOPT (4,23), Asamblea Legislativa (4,79), Ministerio de Educación (5,74), el Tribunal Supremo de Elecciones (6,80) y la Universidad de Costa Rica (8,43).