Varias personas candidatas han expresado no estar del todo de acuerdo con los términos en que se negoció con el FMI. ¿Es posible una renegociación? Interferencia consultó a un economista.
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El acuerdo que Costa Rica hizo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un préstamo de $1778 millones de dólares es ahora tema de campaña electoral.
Son varios los candidatos que han mostrado su interés en cambiar algunos aspectos de esa negociación, que incluye el compromiso del país para lograr un superávit primario en el 2023 y disminuir la deuda, lo cual implica la aprobación de proyectos de ley como el polémico plan de Empleo Público.
Por ejemplo el candidato por el Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, ha dicho que se puede revisar la agenda con el FMI.
El candidato por el Partido Acción Ciudadana (PAC), Welmer Ramos, dice estar de acuerdo con el préstamo, pero no con algunos proyectos de ley que son parte de la negociación.
También la candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, ha dicho que preferiría que el acuerdo incluyera menos impuestos y más contención del gasto.
Ante este tipo de posturas, ¿es viable una promesa de campaña electoral relacionada con renegociar el acuerdo con el FMI?
Interferencia de Radioemisoras UCR conversó con el economista José Luis Arce, quien explicó que “los convenios con el Fondo, en general, no son acuerdos o un conjunto de medidas escritas en piedra. De hecho, es una dinámica en donde el contexto político y económico va cambiando y así pueden ir cambiando la naturaleza de las medidas”.
“Lo que sí creo que hay que tener presente es que para poder renegociar con el Fondo, hay que ser Gobierno primero. El actual Ejecutivo ha negociado un acuerdo que está vigente y ese es el que se está tratando de sacar adelante. Me da la sensación que las posturas de naturaleza política relacionadas con este convenio de parte de los partidos de oposición, más que una intención quizás sana de renegociar algunos elementos del acuerdo, más bien son una postura oportunista política, porque evidentemente en periodo de campaña electoral no es nada agradable hablar de impuesto o de ajustes”, añadió el economista.
Según Arce, esas posturas son oportunistas porque por un lado no se quieren hacer ajustes en los gastos, como lo proponen los proyectos del acuerdo, pero los partidos políticos tampoco informan cómo pretenden trabajar el tema de la sostenibilidad financiera.
“Para cualquiera que pretenda hacer gobierno a partir de mayo del año entrante este debería ser un tema fundamental. Cualquier cosa que pretenda hacer en materia de políticas públicas (…) en materia simplemente de gestión presupuestaria va a ser muchísimo más difícil si no se avanza en tener finanzas públicas sostenibles”, comentó Arce.
El objetivo final es restaurar las finanzas públicas. Si hay que hacer modificaciones se pueden hacer teniendo en cuenta este objetivo, indicó el experto.
Arce explicó que los países con deudas fiscales, como Costa Rica, necesitan hacer ajustes con dos componentes: uno es reducir la brecha fiscal para hacer sostenible la deuda y que no se vuelva una “bola de nieve”. El otro componente se enfoca en que el ajuste sea menos doloroso, y ese mecanismo se logra con financiamiento externo a largo plazo, como el préstamo con el FMI.
“Al FMI lo que le interesa es que hagamos el ajuste, cómo lo hagamos es una decisión política interna. La mezcla de medidas es una decisión que está a cargo de la decisión interna de los países. El ajuste es construído por las autoridades económicas del país y validado por el FMI”, explicó Arce.
¿Y la Ley de Empleo Público?
La Ley de Empleo Público es uno de los proyectos dentro del acuerdo con el FMI. En un comunicado de prensa, el mismo FMI indicó que “la aprobación de la ambiciosa Ley de Empleo Público por parte de la Asamblea Legislativa será crucial para reforzar la equidad y la eficiencia del gasto público.”
Sin embargo, la Sala Constitucional al resolver una consulta encontró 35 inconstitucionalidades en el proyecto.
Para Arce, se debe corregir ese plan y seguir adelante. Consideró que esta ley ha sido mal entendida porque se ha considerado que se busca reducir salarios.
“La Ley de Empleo público es una reforma estructural que dota un marco general de gestión del recurso humano distinto del sector público”, analizó el economista
“Va a permitir algo que es fundamental para el sector público y es asegurarse tener personas trabajadoras con las calificaciones y con las remuneraciones apropiadas para los puestos que se están ejecutando”, concluyó el economista.
Instituciones como la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Poder Judicial se han opuesto al proyecto de ley por considerar que afecta sus autonomías.
Ingrese en el siguiente video para ver la entrevista completa que Interferencia realizó sobre este tema: