En resumen: Inspectores del Ministerio de Trabajo pueden ingresar a centros laborales sin necesidad de previo aviso o de una orden judicial. Los funcionarios pueden acceder a documentos pertinentes para la inspección y solicitar copias de los mismos. Así lo faculta el marco legal de Costa Rica actualmente.
Esas facultades no son una novedad. La periodista Amelia Rueda, Diario Extra y la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) anunciaron incorrectamente que un proyecto de ley impulsado por el Frente Amplio (FA) busca darle esos poderes a los inspectores laborales.
Si un patrono impide la inspección, los funcionarios pueden solicitar una orden de ingreso ante un Juzgado de Trabajo. Las personas inspectoras pueden pedir apoyo de la policía si consideran que se trata de un caso «especial» o donde la actuación debe ser inmediata, según la ley orgánica del Ministerio de Trabajo.
Eso sí, el proyecto de ley de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo propone adelantar y ampliar la posibilidad de que los inspectores pidan ayuda de la policía cuando se interfiera su labor.
El medio digital AmeliaRueda.com hizo una corrección del anuncio que realizó la periodista en su programa radial. Doble Check no obtuvo respuesta a consultas hechas a UCCAEP y Diario Extra.
¿Dónde surgió el falso anuncio?
En el programa Nuestra Voz del 18 de octubre, la periodista Amelia Rueda leyó una moción del diputado José María Villalta (FA) al proyecto de ley de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, que ese legislador impulsa con otras diputaciones.
La periodista presentó como una novedad que la propuesta busca darle a los Inspectores de Trabajo el poder de visitar centros de trabajo sin previo aviso y acceder a documentos de las empresas. Tales afirmaciones fueron replicadas ese mismo día por el medio digital AmeliaRueda.com.
En el espacio radial, el abogado Fabián Volio catalogó la propuesta como “antidemocrática” e indicó que «hasta los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social tienen que solicitar órdenes de allanamiento si quieren entrar a un lugar”.
El 20 de octubre, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) emitió un comunicado de prensa donde aseguró que el proyecto de ley “permitiría que los inspectores de trabajo tengan libre acceso a las empresas sin previa autorización de un juez para acceder a información confidencial”.
Diario Extra publicó afirmaciones similares al día siguiente en una nota titulada como “Habilitarían inspecciones sorpresa en centros laborales”, que cita al comunicado de UCCAEP.
¿Qué permite la ley actualmente?
La legislación actual en Costa Rica permite el ingreso de inspectores del Ministerio de Trabajo y de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a centros laborales sin necesidad de previo aviso o de una orden judicial. Los funcionarios pueden acceder a documentos pertinentes para la inspección y solicitar copias de los mismos. Esas facultades no son una novedad.
El artículo 69 del Código de Trabajo establece desde 1943 que una de las obligaciones de los patronos es “permitir la inspección y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente Código, de sus Reglamentos y de sus leyes conexas, y darles los informes indispensables que con ese objeto soliciten”.
La ley orgánica del Ministerio de Trabajo detalla la naturaleza de los inspectores de trabajo desde 1955. El artículo 89 de esa norma indica textualmente:
«Los Inspectores de Trabajo tendrán derecho a visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta. Podrán revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos. Si encontraren resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez de Trabajo que corresponda, de lo que informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de la Inspección. En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de sus deberes”.
Desde 1996, la Sala Constitucional declaró legítimo ese artículo frente al derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones que garantiza la Constitución Política.
Costa Rica también ha ratificado los convenios 81 y 129 sobre la inspección de trabajo en la industria, en el comercio y en la agricultura, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los convenios destacan las potestades de los inspectores de trabajo para presentarse en centros laborales sin previa notificación y para exigir documentos que “la legislación nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar”.
Estos acuerdos internacionales también facultan a los inspectores para solicitar copias de los documentos necesarios para comprobar que se cumplan las disposiciones legales.
El artículo 20 de la Ley Constitutiva de la CCSS le otorga a los inspectores de esa entidad los mismos deberes y atribuciones del artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo.
¿Qué pasa si un patrono impide la inspección?
El Manual de Procedimientos Legales de la Inspección de Trabajo detalla las etapas y plazos del proceso inspectivo de los centros laborales. Sin embargo, la norma no define una forma de actuar específica en caso de que los patronos se opongan a la inspección.
El artículo 89 de la ley orgánica del Ministerio de Trabajo regula dos posibles escenarios cuando se impida el ingreso de inspectores laborales. Así lo señaló Gabriel Espinoza, abogado y docente de Derecho Laboral en la Universidad de Costa Rica (UCR).
Una alternativa es que el inspector rinda cuenta al Juzgado de Trabajo y a la Jefatura de Inspección. Según Espinoza, con ese procedimiento se puede solicitar una “medida cautelar atípica” donde los juzgados ordenan el ingreso de la Inspección de Trabajo. Espinoza aclaró a Doble Check que ese mecanismo no puede describirse como una orden de allanamiento, ya que esta última tiene una naturaleza penal que es ajena a la terminología laboral.
El segundo escenario que contempla la ley es que los funcionarios de Trabajo soliciten la intervención de la policía en casos donde consideren que la inspección es un caso “especial” y que la actuación debe ser inmediata.
Los artículos 396 y 400 del Código de Trabajo sancionan las acciones que transgredan las leyes de trabajo y los convenios internacionales ratificados por el país. La norma define multas ante la negativa de otorgar los documentos requeridos para que las autoridades de Trabajo puedan ejercer sus funciones.
Doble Check contactó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Costa Rica (MTSS), pero no se obtuvo respuesta oportunamente.
El cambio que sí propone el proyecto de ley
El proyecto de ley de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo propone cambios en la acción de las personas inspectoras cuando haya interferencia en sus funciones.
El proyecto de ley pretende reformar diez artículos de la Ley Orgánica de Trabajo y Seguridad Social, 14 artículos del Código de Trabajo y un artículo del Código de la Niñez y la Adolescencia.
En la nueva redacción del artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, el expediente N° 21.706 elimina la referencia de dar cuenta a un Juez de Trabajo y a la Jefatura de Inspección en caso de que se niegue el acceso de las personas inspectoras.
El proyecto de ley suprime ese paso en su redacción y adelanta la opción de que los inspectores soliciten apoyo policial “cuando se niegue injustificadamente el acceso o se interfiera con el ejercicio de las competencias de las personas inspectoras”. La propuesta elimina de su texto que la intervención policial deba ser para casos “especiales” y donde la acción de los inspectores “deba ser inmediata”.
Una moción presentada a inicios de octubre por el diputado José María Villalta añade al final de dicho artículo: “Las personas inspectoras, en todo momento, deberán cumplir las medidas y protocolos de seguridad por áreas de acceso restringido o bien donde se realizan actividades con seguridades calificadas.”
Gabriel Espinoza afirmó que los cambios en caso de interferencia en las labores de inspección abren el espectro de la participación policial a un punto que es “cuestionable”.
“Abrir esa posibilidad de utilizar a la Fuerza Pública en casos más generales es lo que a mí me hace pensar que podríamos encontrarnos ante un vicio de constitucionalidad”, aseguró el abogado laboralista.
La redacción del proyecto de Fortalecimiento de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo está basada en el expediente N°. 19.130 que propuso la exdiputada Sandra Piszk (Partido Liberación Nacional) en el 2014. Villalta tomó como base el texto de la exdiputada liberacionista para plantear el proyecto de ley actual. Así lo reconoció el despacho del legislador a Doble Check.
«El objetivo del proyecto es hacer más eficiente la inspección laboral ya que actualmente implica procedimientos burocráticos que pueden durar años, perjudicando a patronos y personas trabajadoras», agregó ese despacho por medio de su encargado de comunicación.
Aclaración de AmeliaRueda.com
Doble Check contactó a Amelia Rueda el pasado 19 de octubre para contrastar los hechos afirmados en su espacio radiofónico. La periodista se remitió a la grabación de sus programas.
Al día siguiente, AmeliaRueda.com hizo una aclaración a la noticia divulgada por ese medio. “Inicialmente se consignó que la moción buscaba una reforma que permita a los inspectores laborales ingresar a cualquier centro de trabajo sin previo aviso; sin embargo, eso ya está estipulado en el Código de Trabajo”, publicó ese medio.
Por otro lado, el abogado Fabián Volio mantuvo la posición que expuso en Nuestra Voz y negó que haya una imprecisión de su parte.