La pandemia expuso graves rezagos históricos que se han venido dando en el sistema educativo debido a la brecha de acceso a la educación y la tecnología, la falta de capacitación en docentes para la innovación, problemas de infraestructura y una rigidez en el sistema.
Este fue uno de los principales hallazgos del Octavo Informe Estado de la Educación 2021 presentado por el Programa Estado de la Nación.
El informe visibilizó que la educación preescolar, general básica y diversificada además de presentar una grave crisis producto de los cierres y la virtualización improvisada por la pandemia, presenta problemas estructurales de fondo que no han sido resueltos en años.
Como ejemplo de lo anterior en primaria se siguen ofreciendo servicios recortados a la mayoría de la niñez, aún más por la emergencia sanitaria. Sólo un 8% de escuelas públicas del país ofrecen el currículum completo, esto provoca que la mayoría de estudiantes reciban una educación recortada sin materias ni contenidos que el mismo Ministerio de Educación Pública (MEP) promueve.
También existen problemas de sobreedad que se traducen en constantes repitencias acumuladas por parte de estudiantes. Esto a la vez refleja un bajo logro educativo.
Lo ideal, según dicho informe, es que se tuviera un 100% de estudiantes en sus respectivos ciclos, pero esto no es así. Uno de los ejemplos presente en el estudio reflejó que solo en la educación diversificada el 54% está en el ciclo correspondiente según la edad que debe de tener.
La Coordinadora del Informe Estado de la Educación, Isabel Román Vega, también expuso en el resumen del informe transmitido por Trece Costa Rica Televisión y redes sociales, que el país se encuentra “frente a la peor crisis educativa en varias décadas”.
Román fue enfática en sugerir que sin acciones rápidas Costa Rica puede quedar rezagada en comparación con otros países y se profundizaría aún más la brecha educativa.
Otro de los grandes déficits que arrojó el informe está en la infraestructura y en los ambientes de aprendizaje de muchos centros educativos. Según el informe más de ochocientos centros tienen orden sanitaria por falta de condiciones adecuadas para operar. A esto se suman escuelas y colegios con problemas de acceso a servicios básicos como agua potable y electricidad.
El informe demostró una nueva forma de exclusión educativa por la brecha de acceso a internet y a dispositivos. Un 40% del total de estudiantes no se pudieron conectar y tuvieron problemas de acceso a recursos tecnológicos para aprender de forma virtual.
Además, según una encuesta aplicada para este análisis al personal docente, dicha población no cuenta con las competencias digitales que se requieren. Más de 40 mil docentes en servicio, más de la mitad del profesorado, no tiene formación en temas de educación virtual y a distancia.
En cuanto a la brecha tecnológica el informe reflejó una clara afectación por la baja conectividad que hay en la mayoría de los hogares pobres del país. Un ejemplo que brindó fue la clara diferencia entre regiones. En ese sentido la Región Brunca y Huetar (Caribe y Norte) tienen un porcentaje de falta de conectividad mayor al 50% en comparación con la región central.
Otro dato que expone esta crisis educativa es que las personas estudiantes en condición de pobreza extrema pasaron de ser 186.000 en el 2019 a 297.000 en el 2020 y la inversión en educación cayó en un 8%.
Educación superior
En cuanto a la educación universitaria, tanto las instituciones públicas como las privadas, lograron articular respuestas más efectivas ante la pandemia. Sus fortalezas previas permitieron actuar más rápidamente y dar un mejor apoyo.
Sin embargo, también enfrentaron temas complejos como la adaptación a sistemas virtuales, interrupción de prácticas en carreras de salud y según un gráfico del informe, más del 50% de la población estudiantil experimentó ansiedad por el futuro.
“Las universidades presentan problemas de fondo que implican cambios que no se pueden postergar porque son amenazas al acceso de la población a la educación terciaria y la calidad de sus servicios”, indicó Román.
Unido a todo lo anterior el sistema educativo no cuenta con las capacidades institucionales para responder a tiempo. Sus recursos, acciones o experiencias son limitados para contrarrestar la crisis y adaptarse al contexto. En un momento en el que se demandan acciones rápidas, la gestión burocrática sigue presente.
El Informe plantea como propuesta que el país ejecute un plan para remediar este problema que se base en un acuerdo nacional para la educación. En dicha acción se deben incluir acciones concretas para la educación preescolar, general básica y diversificada y acciones para la educación superior.
Propone un regreso seguro a clases, educación híbrida en óptimas condiciones, trabajo paralelo con las familias y atención inmediata a problemas postergados como la sostenibilidad financiera.
“Sin una educación de calidad la desigualdad se profundiza”, concluyó Román.
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