La Fiscalía acusa al empresario Bolaños de tráfico de influencias e influencia sobre la hacienda pública; mientras que al exdiputado, al exviceministro y al exdirector de Aduanas, se les acusó por tráfico de influencias
El empresario Juan Carlos Bolaños, el exdiputado Víctor Morales Zapata, el exviceministro de Ingresos de Hacienda, Fernando Rodríguez y el exdirector general de Aduanas, Benito Coghi, fueron acusados por la Fiscalía General de la República en el caso conocido como “cementazo”.
Al empresario Bolaños se le acusa de dos delitos de tráfico de influencias agravado y dos delitos de influencia sobre la hacienda pública, mientras que al exdiputado Morales Zapata, al exviceministro Rodríguez y al exdirector de Aduanas Coghi, se les acusó por dos delitos de tráfico de influencias agravado a cada uno.
“Tras la investigación del expediente 17-000032-621-PE se contó con la evidencia necesaria para acusar la presunta influencia ejercida por parte del exviceministro y del exdiputado sobre Coghi, entre julio y setiembre del 2016, para lograr el desalmacenaje de 20.000 toneladas de cemento hidráulico embarcadas a bordo del barco Aquiles Bukle, proveniente de China”, señala el comunicado de prensa del Ministerio Público.
Las autoridades judiciales además “acusaron supuestas acciones y órdenes irregulares emitidas por parte del exdirector general de aduanas para lograr este fin, en apariencia, para el beneficio de Bolaños”, añade el comunicado.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA),analizó este caso al estar involucradas personas que ejercieron cargos públicos al momento de ocurrir los hechos.
Mientras que la Procuraduría General de República se apersonó al proceso como actor civil, con lo que se pretende una compensación al Estado por los daños y perjuicios ocasionados por los delitos.
“La FAPTA validó la acusación y presentará esta y también la acción civil de la PGR ante el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, con solicitud de apertura de juicio. Ese órgano debe fijar fecha para celebrar una audiencia preliminar, en la que se definirá si se ordena o no un debate oral y público”, detalla el comunicado del Ministerio de Hacienda.
El caso denominado Cemento Chino se remonta al año 2017, tras revelaciones de la prensa donde se cuestionaron préstamos obtenidos por la empresa de Juan Carlo Bolaños, Sinocem Costa Rica, para la importación de cemento proveniente de China.
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