El asesinato del presidente Jovenel Moïse hunde aún más al país más pobre del Hemisferio Occidental, que parece encaminado a convertirse en un Estado fallido.
La madrugada del 7 de julio marcó un antes y un después en la crisis política que arrastra a Haití desde hace años. Esa noche, un grupo de “mercenarios” (como los llamó el comunicado oficial) llegó en varios vehículos a la casa del presidente Jovenel Moïse, donde el mandatario dormía con su esposa Martine Marie Etienne Joseph. Uno de los hombres gritaba por un megáfono que se trataba de una operación de la DEA, y en cuanto los asaltantes accedieron al interior, mataron de doce disparos a Moïse e hirieron de gravedad a su esposa, en un episodio del que todavía quedan muchos detalles en el aire.
Ya el 7 de febrero Moïse había alertado que las autoridades habían desmontado un plan para asesinarlo. “Agradezco al responsable de mi seguridad del palacio. El sueño de esa gente era atentar contra mi vida. Gracias a dios no ocurrió eso. El plan fue abortado”, dijo el mandatario en una breve declaración desde el aeropuerto de Puerto Príncipe.
Las autoridades detuvieron ese día al menos a 20 personas, incluido un juez señalado por la oposición en la lista de posibles sucesores de Moïse. Pocos días más tarde, el mandatario declaraba al diario El País, de Madrid, que en Haití varias personas se habían propuesto el objetivo de darle un golpe de Estado.
#InternacionalesTN | Varios detenidos por su supuesta implicación en el asesinato del presidente Jovenel Moise y otros cuatro han sido abatidos. #Telenoticias #EmisiónEstelar #Haití #JovenelMoise pic.twitter.com/WLe4Yc0mom
— TelenoticiasRD (@Telenoticiasrd) July 8, 2021
Para el 20 de junio el presidente pedía apoyo a la comunidad internacional, no mediante la Misión de Estabilización de la ONU en Haití (Minustah) como la que estuvo en ese país desde 2004 hasta 2017, sino de ayuda para frenar el “ciclo infernal de violencia” que en los últimos meses había arreciado en una guerra de pandillas en la capital, Puerto Príncipe.
Lo cierto es que el magnicidio abre otra herida, quizás más profunda, a una institucionalidad minada cada vez más en los últimos años por las continuas dimisiones de los primeros ministros, las detenciones de opositores, jubilaciones forzadas a jueces, un Parlamento suspendido que permitió a Moïse gobernar por decreto, investigaciones por corrupción ignoradas por la justicia y una guerra de pandillas que hizo crecer sin control la práctica de los secuestros en el país.
Dos años más tarde, la Misión de Apoyo a la Justicia de las Naciones Unidas en Haití (Minujusth) cerró “la página del mantenimiento de la paz”, como la propia institución lo indicó en un comunicado en octubre de 2019. Para ese momento, la nación caribeña ya estaba sumida en una profunda crisis política, económica y social. Fuertes protestas callejeras habían causado decenas de muertos, y el propio brazo de la ONU lo advertía en aquella despedida: la situación propiciaba “un círculo vicioso que el país ha visto demasiadas veces”.
El asesinado presidente haitiano asumió el poder el 17 de febrero de 2017 tras un accidentado y largo proceso electoral. Según la Constitución, los comicios deben realizarse en el último domingo del quinto año del mandato presidencial y, por eso, se convocaron para el 25 de octubre de 2015. Pero en la primera vuelta ningún candidato obtuvo la mayoría absoluta, por lo que hubo que hacer una segunda en diciembre del mismo año. Pero fuertes disturbios obligaron a dejarlas primero para enero de 2016 y luego para abril, hasta que al final fueron anuladas por denuncias de irregularidades. Los comicios que finalmente le otorgaron la presidencia a Moïse en una primera vuelta tuvieron lugar en noviembre de 2016, con una participación de apenas 18,1 por ciento del padrón electoral.
Moïse asumió el poder pero sus promesas de campaña pronto quedaron en el olvido. Por el contrario, enfrentó denuncias de corrupción con los fondos de la cooperación venezolana, a través de Petrocaribe, contenidas en un enorme informe de la Cámara de Cuentas. Las menciones al propio Moïse se referían a negocios que había hecho antes de llegar al poder. Pero ese detalle no lo exoneró ante una población que sentía que las instituciones habían fallado a la hora de determinar las responsabilidades por la pérdida de los 2.119 millones de dólares entregados por Venezuela a Haití para la reconstrucción, tras el destructivo terremoto de 2010. Esos dineros terminaron en obras fantasma que llenaron los bolsillos de tres presidentes, senadores y poderosos grupos empresariales de la región caribeña, tal como la investigación Petrofraude pudo verificar.
A medida que avanzaban las protestas, Moïse cambió cinco veces de primer ministro: desde 2017 cinco pasaron por ese cargo y hubo un sexto designado por Moïse un día antes de su asesinato. A ese creciente caos se unió el cierre del Parlamento, ocurrido en febrero de 2020, cuando se cumplió el período de los diputados y senadores sin que fueran electos sus reemplazos.
#Haiti
Le président corrompu, despote #JovenelMoise a été liquidé chez lui cette nuit par un commando / incompréhensible qu’au XXIème siècle, plusieurs années de mobilisation massive des Haïtiens n’aient pu en venir à bout sans le tuer / images Oct 2019 pic.twitter.com/jFMQg6i3he— Charli☀️? (@CharliB97783485) July 7, 2021
Haití se preparaba para celebrar en septiembre próximo elecciones presidenciales y legislativas, así como un referendo por una reforma constitucional. Aparentemente se trataría de cambiar la figura del primer ministro por la de un vicepresidente, y el Parlamento pasaría a ser unicameral. Eso habría eliminado la Cámara de Diputados y el Senado que en los últimos años se convirtieron en el dolor de cabeza de Moïse a la hora de sacar adelante sus programas de gobierno y de confirmar a sus primeros ministros.
Justamente la permanencia de Moïse en el poder se convirtió estos últimos meses en el máximo motivo de disgusto para los líderes opositores. Esta sentía que el jefe de Estado estaba interpretando a su gusto la Constitución de ese país para extender su mandato.
De hecho, interpretando a la oposición, el Consejo Superior del Poder Judicial de Haití (CSJP) -que administra el poder judicial, ejercido por la Corte de Casación- resolvió el 7 de febrero de este año que el periodo de Moïse terminaba ese mismo día y exigió al mandatario apartarse del poder. Ese día, el mismo en que Moïse decía desde el aeropuerto de Puerto Príncipe que se había salvado de un plan para asesinarlo, representó el quiebre definitivo de los posibles puentes con sus detractores.
El asesinado presidente consideraba que le quedaba un año más. «Mi administración recibió del pueblo haitiano un mandato constitucional de 60 meses. Hemos agotado 48 de ellos. Los próximos 12 meses estarán dedicados a la reforma del sector energético, a la realización del referendo y a la organización de las elecciones», dijo Moïse en un tuit publicado ese mismo 7 de febrero.
Mon Administration a reçu du peuple haïtien un mandat constitutionnel de 60 mois. Nous en avons épuisé 48. Les 12 prochains mois seront consacrés à la réforme du secteur de l’énergie, la réalisation du référendum et l’organisation des élections.
— Président Jovenel Moïse (@moisejovenel) February 7, 2021
¿Por qué Moïse insistía en que le quedaba un año? Por el artículo de la discordia, el 134-2, cuya redacción ambigua permite varias interpretaciones. En el mismo se indica que “la elección presidencial se lleva a cabo el último domingo de octubre del quinto año del mandato presidencial”. Y en seguida señala que quien resulte electo “entra en sus funciones el 7 de febrero siguiente a la fecha de su elección”. Moïse afirmaba que todavía tenía un año por delante, porque la elección que le dio la victoria ocurrió en 2016, y él asumió en febrero de 2017.
Pero con base en las siguientes líneas de ese mismo artículo, la oposición afirmaba que su período había comenzado el 7 de febrero de 2016, algo que el mandatario rechazaba por absurdo, pues él de hecho había asumido la presidencia un año después. Y, para colmo, como en Haití nunca se ha conformado un Tribunal Constitucional, no hay una autoridad con la potestad para resolver las interpretaciones de la Carta Política.
A partir del 7 de febrero pasado todo fue cuesta abajo. La oposición nombró como presidente interino a Joseph Mécéne Jean-Louis, un juez de la Corte de Casación, a lo que Moïse respondió otorgando la jubilación de varios magistrados, entre ellos Jean-Louis.
En medio de las detenciones por el supuesto golpe frustrado, que incluyeron a jueces y expolicías, siguió un auge impresionante de las pandillas que comenzaron a controlar amplias zonas y sumieron al paìs en el terror, como lo reveló la investigación “Haití: el gobierno de las pandillas”. Esto ha provocado un desplazamiento estimado por la ONU de al menos 17.000 personas.
En este escenario ocurrió el asesinato de Moïse, un mandatario que concentró el poder del Estado en su figura, pues gobernaba por decreto ante el cierre del Parlamento. Su ausencia deja a Haití al borde de convertirse en un Estado fallido, con un camino poco claro por seguir, con pocas alternativas políticas viables dentro de la Constitución, mucho caos y una enorme incertidumbre… de nuevo.