En expediente del caso Cochinilla, la Policía documentó diferencias de hasta el doble y casi el triple entre lo pactado en las adjudicaciones y los precios pagados finalmente.
Un conjunto de proyectos de construcción y mantenimiento vial tuvieron un incremento “excesivo” en el costo luego de que fueron adjudicados a las empresas Meco y H. Solís, según se indica en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, con base en pesquisas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), como parte del caso conocido como Cochinilla.
En dicho expediente se investiga un aparente “esquema de sobornos” que habrían pagado empresarios a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para obtener beneficios en licitaciones.
Una revisión de esos datos muestra que, en varias ocasiones, a estas dos empresas se les repartieron líneas de una misma licitación del Conavi. En ocasiones, los precios aumentaron el doble y casi hasta el triple entre lo pactado inicialmente y lo que finalmente se pagó.
Sobre esto, el OIJ mencionó en su informe que, “una vez que la licitación es ganada, con cierta regularidad las empresas solicitan ‘reajustes’ que varían el precio que encarecen aún más las obras”.
En el informe policial, elaborado en octubre del 2019, se detalla que en la década del 2009 al 2019, el Conavi adjudicó 14 licitaciones a la constructora Meco y en ocho de esos contratos el monto final pagado fue muy superior al pactado en la licitación.
En total, en esos ocho procesos, inicialmente debía pagarse ¢158.530 millones pero finalmente se cancelaron ¢238.817 millones; es decir, 50,6% más del monto definido en la licitación.
Sobre la constructora H. Solís se indica que registró ocho licitaciones, de las cuales en tres se le pagaron sumas más altas a la establecidas en el contrato originalmente.
En esos acuerdos la empresa licitó por ¢166.478 millones pero al final recibió la suma de ¢301.492 millones, lo que representó una diferencia de 81,1% más.
Aunque el OIJ menciona procesos en los cuales los pagos finales son menos que los montos de la adjudicación, también aclara que esas obras no se encontraban finalizadas, por lo que las erogaciones seguían en trámite.
En la solicitud que la Fiscalía presentó al Juzgado Penal para que este caso fuera declarado de delincuencia organizada, se indica que “las acciones delictivas dieron lugar a las adjudicaciones casi en partes iguales de la conservación de las vías nacionales” en favor de las empresas Meco y H. Solís.
Al resolver la solicitud de la Fiscalía de tramitar el expediente como caso de delincuencia organizada, el juez penal José Pablo León indicó que “se evidencia que los procesos de interés (…) fueron estimados en sumas exorbitantes, multimillonarias y los importes cancelados sobrepasan los montos previstos”.
El juez añadió: “esa propensión al crecimiento excesivo, sumada a las facilidades vistas en los procesos de contratación, podrían estar ligadas de igual forma, a la existencia de una aparente estructura criminal que les ha permitido acceder, sin muchas restricciones formales, al pago de sumas superiores a las originalmente estimadas, a través de un camino allanado por la intervención de funcionarios comprometidos con la ejecución de las actividades que se presumen, desde la dirección financiera de Conavi y con el involucramiento de otros posibles empleados”.
El juez León autorizó tramitar el expediente como de delincuencia organizada. Esto permitió al OIJ por primera vez realizar intervenciones telefónicas en una investigación sobre corrupción, como explicó el director de esa Policía, Wálter Espinoza, días atrás en entrevista con Interferencia.
La hipótesis del OIJ en el caso Cochinilla es que se utilizaron dineros de otras obras viales para alimentar partidas de proyectos adjudicados a las compañías que pagaban sobornos. Según la Policía, la malversación ocasionó en las finanzas de Conavi un hueco presupuestario de ¢70.000 millones.
Por este caso fueron detenidas 30 personas, entre ellos los dueños de Meco, Carlos Cerdas, y de H. Solís, Mélida Solís, quienes pagaron fianzas de $3 millones y $5 millones, respectivamente, para dejar la cárcel mientras se llevan a cabo las pesquisas.
También fueron detenidos funcionarios y exfuncionarios de Conavi, los cuales fueron puestos en libertad con medidas cautelares como la suspensión del cargo, presentarse a firmar periódicamente y no abandonar el país.
Los contratos
Entre los proyectos mencionados en el informe policial, el 3 de octubre del 2019, se menciona por ejemplo la licitación 2014CD-000140-OCVOO, del 2014, que consiste en una contratación directa para la “Conservación Vial de la Red Nacional Pavimentada”.
Sobre esa licitación, a la empresa H. Solís se le adjudicaron 13 líneas y a la empresa Meco 6 líneas.
Las adjudicaciones a H. Solís eran por un monto total inicial de ¢41.708 millones, pero se le pagaron finalmente ¢93.858 millones, es decir, más del doble de lo pactado inicialmente.
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Abrir en una nueva pestaña En el caso de Meco, en esa misma licitación se acordó inicialmente un pago de ¢18.339 millones pero finalmente se les pagó ¢44.837 millones, una diferencia de 144%.
En una licitación del 2009, número 2009LN-000003-0CV00 para “Proyectos de conservación vial de la Red Vial Nacional Pavimentada” a la empresa H. Solís se le adjudicaron contratos por un total de ¢66.712 millones, pero finalmente se le pagaron ¢119.361 millones, es decir, 79% más.
En esa misma licitación, Meco obtuvo contratos por ¢33.953 millones, pero recibió finalmente ¢57.960 millones (70,7% más).
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En otra licitación, de un monto muy inferior a los anteriores, en el 2011, Meco obtuvo un contrato para “Sustitución del puente sobre el Río Nacaome y el puente sobre el Río Pueblo Viejo, Ruta Nacional 18, Provincia de Guanacaste”. El monto de la adjudicación fue de ¢249 millones, pero la cifra pagada finalmente fue casi el triple (¢745 millones).
El OIJ aclaró que la información del estudio solo incorporó los datos en que dichas empresas fueron contratadas de forma directa, pero señaló que años recientes estas compañías han participado en proyectos de carreteras nacionales como parte de algún consorcio o subcontratadas.
La Policía también detectó en esta investigación el pago de algunas obras a estas compañías a pesar de que presentaban defectos.
