Al menos nueve personas funcionarias del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y un exjuez administrativo del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) figuran entre los detenidos como sospechosos de participar en una red de crimen organizado en la que empresarios pagaban sobornos para obtener beneficios en contratos de obra pública.
Este lunes, en horas de la mañana, la sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía Anticorrupción realizaron al menos 57 allanamientos en distintos puntos del país con el fin de detener a 32 personas, investigadas por las autoridades por los delitos de cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.
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Entre las personas detenidas del Conavi están: la directora de Proveeduría Institucional de apellido Madrigal; el exgerente de Adquisiciones y Finanzas, de apellido Solís; quien según registros del CONAVI se habría pensionado. Además, las autoridades detuvieron al director financiero a.i, de apellido Rojas y al Jefe de Tesorería a.i, de apellido Lobo.
Además figuran el ingeniero de proyectos de Conavi, de apellido May; una funcionaria de apellido Chaves, de la Unidad Ejecutora Puente Binacional. También quedaron a disposición de las autoridades trabajadores de apellidos Mora, de la Dirección de Costos de Vías y Puentes; Fallas, de la Dirección de Proveeduría Institucional y Monge, de la Gerencia de Adquisición de Finanzas.
En los operativos también fue detenido un exjuez del Tribunal Administrativo de Transporte (TAT) del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), de apellidos Quesada Aguirre. El exjuez presentó su renuncia por jubilación y en marzo pasado entregó un informe final de labores en los que destacó algunos de sus logros tras 36 años de servicio en el MOPT.
El dueño de la empresa constructora MECO, Carlos Cerdas Araya y la representante legal de la empresa H. Solís, Mélida Solís Vargas también figuran como detenidos en los allanamientos realizados la mañana de este lunes. Asimismo otros cuatro trabajadores de MECO que responden a los apellidos: González Carballo, Bolaños Salazar, Arce Alpízar y Bonilla Guillén, fueron puestos a la orden de las autoridades judiciales
Según el Director del OIJ, Walter Espinoza, además se investiga a 40 personas más que podrían haber participado de este esquema, que según la policía, incluía la entrega de dádivas a funcionarios públicos (Vehículos, terrenos, dinero en efectivo y favores sexuales) a cambio de favorecimientos en licitaciones de obras públicas.
Según Espinoza, la investigación pudo determinar que existían relaciones y contactos indebidos y que, efectivamente, existía un esquema de pago de coimas, “que representaba daños al país porque incrementaba el costo de las obras”.
Las acciones corruptas en estos procesos ocasionaron un hueco presupuestario, entre el 2018 y 2020, que asciende a ¢78.000 millones, según el detalle que dio el jefe policial.
