Según la investigación, las empresas MECO, ITP y Cacisa, así como un funcionario de Convi, ocultaron defectos de la mezcla asfáltica.
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Como parte del caso llamado “Cochinilla”, la Fiscalía Anticorrupción investiga una aparente estafa en la construcción del paso a desnivel en la intersección de las Garantías Sociales.
Según la investigación, empleados de las empresas: MECO, Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP), Compañía Asesora en Construcción e Ingeniería S.A (Cacisa) y Vialab S. A., en conjunto con un funcionario del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), ocultaron “defectos constructivos, calidad y composición de la mezcla asfáltica” utilizada en el proyecto de Garantías Sociales.
De acuerdo con la investigación policial, así lograron inducir a error a la administración y obtener el pago de $17,6 millones por el proyecto, además de evitar castigos económicos por incumplimientos contractuales.
En el expediente judicial de este caso, las autoridades indican que estas personas conformaron un grupo delictivo y que “mediante la entrega de dádivas y promesas de retribución obtuvieron la manipulación de pruebas de laboratorio e inserción de información falsa en los informes de verificación de calidad”. Además que “realizaron mediciones en el proyecto dirigidas y planificadas para generar resultados favorables para MECO”.
También se indica que modificaron datos en los informes finales para contradecir el criterio del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) que evidenciaba defectos en la mezcla asfáltica.
Las personas investigadas por el delito de estafa son seis empleados de MECO de apellidos: Gutiérrez, Zamora, Bolaños, González, Salamanca y Sittenfeld; uno de ITP, apellidado Martínez; dos empleados de Cacisa, de apellidos León y Solís; y un empleado de Vialab S. A., de apellido Campos.
A González, Martínez, Salamanca y Zamora, además se les investiga por el delito de penalidad del corruptor, por aparentemente entregar dádivas a técnicos del laboratorio de Cacisa.
Mientras que a Martínez, Salamanca, Campos, León, Solís y otro empleado de ITP, de apellido Fernández, se les investiga por el delito de falsedad ideológica
Finalmente, a un funcionario del Conavi, apellidado Jiménez, se le investiga por el delito de negociaciones incompatibles porque, supuestamente, “en razón de su cargo como ingeniero de la Unidad Ejecutora, se interesó directamente en el contrato administrativo ejecutado por la empresa constructora MECO, les previno acerca del informe del Lanamme que evidenciaba la mala condición de la mezcla asfáltica y les advirtió la elaboración del descargo de dicho informe para evitar represalias legales y económicas”, según la investigación judicial.
El paso a desnivel en las Garantías Sociales fue inaugurado en marzo del año pasado. Un año después, el Lanamme identificó deterioro en la obra, como resquebrajamiento y grietas.