Fue un debate tenso hasta la medianoche del martes en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, pero fue apenas la antesala de lo que podría convertirse en un feroz pulso por el Presupuesto Nacional 2021.

Podría ser. Nada está dicho. Ni las votaciones a favor y en contra, ni los recortes por ¢7.108 millones (frente a los ¢150.000 millones que se habían pactado con el Gobierno).

La etapa siguiente involucra a todo el Plenario y ahí podrían materializarse las advertencias que por ahora se lanzan a través de medios de prensa y de tuits: “con mi voto no cuenten”, tecleó en los últimos minutos en del martes el liberacionista Roberto Thompson -quien no forma parte de esa comisión- en rechazo al proyecto y cualquier otro “impuesto” o a más “créditos”.

Podrían, pero todavía le falta más de un mes de camino al proyecto de presupuesto y ante la negativa de la mayoría de la comisión a aprobarlo, surgen las interrogantes.

El problema parece un acertijo de tecnicismos legislativos, pero el Presupuesto 2021 es ahora mismo el epicentro de la discusión sobre la sostenibilidad de las finanzas del Estado en el contexto de crisis, con todos los ingredientes de intereses sectoriales por mantener sus recursos frente a la amenaza de nuevos impuestos o un descalabro fiscal.

Todo es mucho más importante de lo que puede pensarse para una reunión más de 11 diputados en un salón del nuevo edificio, pero para empezar, repasemos lo que ya ocurrió:

El reglamento legislativo dicta como fecha máxima el 20 de octubre para que la Comisión de Asuntos Hacendarios discuta el proyecto de presupuesto, presente mociones, las resuelva y vote. Eso fue básicamente lo que sucedió hasta esa noche, cuando un grupo de legisladores esperaban pasar más tijera a los gastos, pero se toparon con los bloqueos de diputadas del oficialismo apoyadas por el Frente Amplio.

Ante el fracaso con los recortes previstos, se manifestaron en contra del proyecto: los liberacionistas Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales; María Inés Solís y Óscar Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana; Carlos Avendaño y Giovanni Gómez, del Partido Restauración Nacional; del bloque Nueva República votó Harllan Hoepelman y del Partido Republicano, Otto Roberto Vargas.

Las legisladoras del PAC Laura Guido y Nielsen Pérez votaron de manera afirmativa.

El reglamento dice que el 25 de octubre, a las 11. p. m., este grupo de legisladores deben entregar sus dictámenes, es decir, los documentos con las recomendaciones al Plenario.

Se esperaría que los dictámenes correspondan a esas votaciones, pero eso no necesariamente debe ser así, explicó en el canal legislativo Edel Reales, director del Departamento de Secretaría del Directorio.

Otra opción es que haya negociaciones, cambios de parecer y que las firmas a los dictámenes varíen con respecto a los votos de la noche del martes.

Nada hace pensar que el PLN cambiará de posición, de momento. Mientras que el PAC presentará un dictamen afirmativo de minoría muy distinto a lo votado la noche del martes: incorporarán una moción con un recorte de los ¢150.000 millones a los que se había comprometido el Gobierno, confirmó la diputada Laura Guido un día después del dictamen, este miércoles.

“Son recomendaciones”, resaltó Guido. La totalidad de diputados en el Plenario tendrán la última palabra.

¿Qué pasa con el dictamen de mayoría?

Según Guido, si el PLN mantiene sus intenciones de presentar ese informe negativo, la única recomendación que pueden emitir es el archivo del proyecto.

En cualquier otro expediente, si el Plenario acogiera ese dictamen negativo, el proyecto se archiva, pero esto es inviable cuando se trata del Presupuesto Nacional. En el 2015 la Sala Constitucional le recordó a la Asamblea Legislativa su “deber ineludible” de aprobar un presupuesto que le permita al país funcionar.

En esa resolución que resolvió una acción de inconstitucionalidad, la Sala IV regañó al entonces presidente de la Asamblea, Henry Mora, por aprobar un presupuesto sin discutir todos los dictámenes de minoría. En aquel entonces, todos los informes presentados eran afirmativos.

El PAC entonces espera que se rechace el dictamen de mayoría negativo porque no procede archivar el expediente y entren a conocerse los de minoría, donde aprovecharían para presentar el recorte de ¢150.000 millones elaborado en conjunto con el Gobierno.

Sin embargo, como el escenario de un posible dictamen negativo de mayoría es nuevo, el diputado Viales se adelantó hace unos días y consultó al Departamento de Servicios Técnicos qué ocurría si el Plenario lo acoge.

La respuesta de tres páginas se dio el mismo 20 de octubre. Servicios Técnicos le respondió que entraría a regir el presupuesto que fue presentado por el Poder Ejecutivo “incorporando todas las mociones que la Comisión de Asuntos Hacendarios y el Plenario han aprobado”. Le contestaron que, en ese supuesto, ni siquiera tendrían que conocerse los dictámenes de minoría.

Además que si se rechazan tanto los dictámenes de mayoría como de minoría, también se aprobaría automáticamente el presupuesto que fue presentado por el Ejecutivo.

Sin embargo, los criterios de Servicios Técnicos no son vinculantes para los diputados.

En cualquier caso, el próximo 2 de noviembre debe arrancar la discusión en el Plenario, con la posibilidad de que durante los primeros cinco días, la Asamblea se convierta en una especie de comisión que presente nuevas mociones o reitere algunas de las que fueron rechazadas.

La normativa establece que el 27 de noviembre, a las 11:55 p. m., si no hay acuerdos, se agotará la discusión y se dará por aprobado el Presupuesto en primer debate.

Para el segundo debate (y definitivo) el plazo máximo es el 29 de noviembre a las 11:30 p. m., momento en el cual se daría por agotada la discusión y se debe votar de inmediato.

Por ahora, nada está dicho. La batalla del martes pudo ser la puerta para nuevas negociaciones que se expresen en los dictámenes. O pudo ser también el inicio del pulso más fuerte por los recortes presupuestarios.