Pacientes con VIH de poblaciones indígenas, migrantes y en condición de pobreza esperan hasta 15 días para obtener los antirretrovirales de los que dependen sus vidas. La Caja Costarricense del Seguro Social aceleró un plan para que las medicinas se retiren en los Ebáis y clínicas locales con el fin de evitar que las personas acudan a los hospitales nacionales y disminuir el riesgo de contagio de COVID-19, pero la medida ocasionó retrasos en las entregas a pacientes de minorías.
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Desde que la pandemia llegó a Costa Rica, Manuel Agüero, coordinador del Proyecto VIH de la Iglesia Luterana en el país, empieza y termina sus días revisando un chat de Whatsapp con 150 personas seropositivas. El grupo fue creado por Agüero para brindar información y soporte emocional a quienes, en medio de las restricciones por la emergencia sanitaria, enfrentan dificultades para conseguir los fármacos antirretrovirales que necesitan para vivir.
Los antirretrovirales son capaces de desacelerar el avance del virus del VIH dentro del organismo, lo que permite mantener el sistema inmunitario fuerte. Además, reducen las posibilidades de contraer una infección y de transmitir el VIH. La terapia requiere tomar una combinación de medicamentos a diario y a una hora determinada. No hacerlo es correr el riesgo de que el virus se vuelva a replicar. Desde el 6 de marzo, cuando se detectó el primer caso de COVID-19, decenas de personas viven con la angustia de estar corriendo ese riesgo contra su voluntad.
En Costa Rica hay 11.076 diagnosticados con VIH, según datos al 2019 del Ministerio de Salud. El 85% de ellos recibe su tratamiento en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). La cobertura no es total debido a las personas que desisten de iniciar terapia, abandonan el tratamiento o presentan efectos secundarios severos que les impide continuar.
Al empezar la pandemia, esta institución aceleró un plan para que los pacientes pudiesen retirar sus medicinas en 788 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis) y 96 áreas de salud. También se activó la prescripción de recetas electrónicas desde el teléfono o sitio web y se dispuso el envío por correo de medicinas hasta la casa de pacientes crónicos.
Estas medidas buscaban disminuir el riesgo de contagio por el COVID-19 evitando que las personas acudan a los hospitales nacionales a recoger sus medicinas. Sin embargo, esta estrategia no ha funcionado para todos. Los fármacos no están llegando a tiempo a todos los centros de salud y Ebáis como estaba previsto. Según Agüero, hay pacientes a los que les han entregado sus medicinas hasta 15 días después de lo que indicaba su receta. “Estas personas colapsan emocionalmente porque para ellos estar sin sus medicamentos es una sentencia de muerte”, señala.
El nuevo coronavirus y la imposibilidad de acceder a sus medicinas ha generado cuadros de ansiedad entre quienes viven con el virus de inmunodeficiencia humana. Para intentar calmar la angustia que esta situación les causa, hay quienes se acuestan muy temprano y duermen tantas horas como les sea posible. “Es su forma de protegerse de la muerte que anda afuera”, cuenta Agüero.
En América Latina tan sólo 1,3 millones de las 2,1 millones de personas que fueron diagnosticadas como seropositivas tienen acceso a tratamiento. Esta situación se está agravando por la nueva pandemia de la COVID-19, según el análisis e investigación realizado por PODER y Salud con Lupa, en alianza con medios de la región. Este reportaje que publican en conjunto La Data Cuenta, La Voz de Guanacaste e Interferencia de Radioemisoras UCR evidencia los trastornos que el nuevo coronavirus ha traído a la vida de decenas de pacientes en Costa Rica.
Diversos grupos afectados
Respecto a las dificultades en la distribución de medicamentos, voceros de la CCSS, indicaron que esto ocurre en ciertas áreas de salud y Ebáis porque el personal responsable no solicita a tiempo el despacho de medicamentos al hospital correspondiente.
Según Antonio Solano Chinchilla, jefe del Servicio de Infectología del hospital Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, estas demoras no tienen justificación porque el despacho desde las farmacias a los centros de salud puede hacerse en 24 horas.
Los obstáculos para acceder a medicamentos son mayores fuera del casco metropolitano, asevera Rosibel Zúñiga de la Asociación Esperanza Viva. La estrategia de la CCSS no ha contemplado las necesidades de pacientes de comunidades indígenas, de zonas retiradas y en situación de pobreza donde es limitado el uso del teléfono celular e internet para enterarse cómo pedir la receta electrónica o cómo hacer el trámite para recibir la medicina en casa o en un Ebáis cercano.
“Conocemos casos de gente incomunicada porque no tienen dinero para recargar el celular o que han buscado información por teléfono y no pueden esperar mucho tiempo porque se les acaba el saldo, entonces van a los hospitales y les dicen que no pueden darles allí sus medicamentos”, señala Agüero.
Por su parte, Gloria Terwes, coordinadora institucional del Programa VIH-Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual de la CCSS, indica que la pandemia está azotando los servicios de salud del país, por lo que, pese a los esfuerzos de esta institución, no han podido evitar inconvenientes a los pacientes de VIH y de otras patologías. No obstante, afirmó, la falta de atención para los casos de VIH “no ha sido agresiva, se han atendido bien”, asegura.
Los migrantes también tienen problemas para acceder a los antirretrovirales en el contexto de la pandemia. Se ha complicado gestionar ayuda para migrantes sin papeles o en condición de refugio ya que hay entidades que ahora solo atienden por correo. “Los extranjeros vienen diagnosticados, pero con poca dosis de medicamento y les toca esperar más tiempo para ser atendidos”, refiere Manuel Agüero.
Hay más de 300 extranjeros en terapia antirretroviral en el país, según datos al 2017 de la Dirección de Vigilancia del Ministerio de Salud. Uno de ellos es la migrante cubana Maritza González (se usa otro nombre para proteger su identidad), quien llegó al país a finales de setiembre del 2019 con antirretrovirales por cinco meses. Creyó que serían suficientes mientras hacía los trámites para pedir refugio, permiso de trabajo y conseguir un seguro médico por el Estado. En medio de ese papeleo brotó el COVID-19 y debió aguardar cinco meses antes de recibir el tratamiento con la CCSS.
“En el Hospital México me dieron cita para el 26 de abril, pero después me llamaron y la cambiaron para el 20 de mayo. El día de la cita me hicieron exámenes, placas y me dieron pastillas para la ansiedad. Tuve que esperar un mes más por los antirretrovirales. ¡Aguanté cinco meses sin ellos! El día que me los dieron casi fue una fiesta”, recuerda González. Para otros migrantes, la odisea por antirretrovirales continúa.
La reforma a la Ley General sobre el VIH- SIDA de 2019 faculta a la CCSS a dar tratamiento a los extranjeros bajo una serie de condiciones: haber entrado en condición regular, en condición de visa humanitaria o de refugiado y tener documentos de identificación. No obstante, si una persona no cumple estos requisitos, pero llega a Emergencias con una condición aguda se le dará la atención que requiere, refiere Gloria Terwes de la CCSS.
No hay desabasto según la Caja Costarricense
Las organizaciones como la Iglesia Luterana y la Asociación Esperanza Viva aseguran que también se han incrementado las solicitudes de intervención de pacientes que perdieron su empleo y, al no poder seguir pagando su seguro médico, tienen inconvenientes para continuar su terapia.
En otros casos, el acceso al tratamiento se complica porque al paciente se le venció el seguro por el Estado, indica Antonella Morales, directora de Transvida. Sin embargo, tanto la Ley General sobre el VIH- SIDA como la jurisprudencia de la Sala Constitucional establecen que la medicación no puede interrumpirse por morosidad y debe garantizarse a pacientes pobres o en indigencia, sin importar la nacionalidad.
La doctora Terwes reconoce estos derechos, pero recuerda que los pacientes también tienen obligaciones. Refiere, por ejemplo, que, si dejan de pagar el seguro, no se les puede atender de inmediato hasta hacer un estudio de cada caso. El tratamiento no se les negará, pero deberán buscar un arreglo de pago con la CCSS, explica.
Costa Rica dispone de una reserva de tres meses para atender un eventual desabasto de antirretrovirales en el mundo y está gestionando pedidos a los fabricantes con antelación. “Se cuenta con inventarios suficientes para cubrir aproximadamente tres meses de consumo en la mayoría de los casos. En la actualidad no hay desabastecimiento, sin embargo, sí se han enfrentado retrasos en las entregas, influenciados por la emergencia del COVID-19 a nivel mundial”, respondió la Subárea de Programación de la Dirección de Aprovisionamiento de Bienes y Servicios de la Gerencia de Logística de la CCSS a un requerimiento hecho para la elaboración de este reportaje.
Aunque es un alivio que no haya riesgo de desabastecimiento a futuro, los retrasos en la entrega de medicamentos deben superarse a seis meses de la pandemia. Ante el temor de quedarse sin la medicina que requieren, muchos pacientes reviven la angustia que experimentaron cuando les dieron su diagnóstico de VIH.
“La pandemia nos regresó a ese momento en que temimos a la muerte. En mi caso, porque, además de vivir desde hace 20 años con VIH, soy hipertensa y me da temor cómo reaccione mi organismo”, confiesa Rosibel Zúñiga, presidente de la Asociación Esperanza Viva (ASEV). Cada día, vence sus miedos para brindar acompañamiento a las más de 100 personas que integran su organización y seguir trabajando junto a ellas en la defensa de sus derechos. Así ha sido desde el 2001, cuando surgió ASEV como la primera asociación de mujeres con VIH del país, y ni siquiera una pandemia podrá con ellas.
Crédito de la ilustración: Rocío Urtecho.
Refugiada: “Aguanté cinco meses sin antirretrovirales. La COVID-19 me puso más nerviosa”
Refugiada cubana en Costa Rica, 36 años *
“A mí me diagnosticaron VIH muy jovencita: a los 16 años. Tengo 20 años viviendo con esto y el tratamiento que recibí en Cuba fue lo que me mantuvo en stand by la vida entera. En mi país, trabajas y trabajas y no ves resultados así que me decidí a vender todas las cosas de la casa y saqué visa para irme a Nicaragua con la intención de cruzar por tierra a Costa Rica.
Llegué a San José en setiembre de 2019 con ayuda de un ‘coyote’ y pedí refugio. Mi esperanza era conseguir, lo más pronto posible, un seguro médico, la medicación y un trabajo. Para todo eso había que hacer trámites y esperar. Yo traje tratamiento por cinco meses, pero se acabó en febrero. Para mediados de marzo, cuando se declara el estado de emergencia por el COVID-19 en el país, ya tenía casi dos meses sin tomar antirretrovirales y la cosa se complicó más. Estaba muy nerviosa. Veía las noticias de todos los muertos en el mundo y me animé a ir al hospital México para buscar antirretrovirales. Ese día me di cuenta de que ya me habían asegurado por el Estado.
Me dieron una cita para el 26 de abril que después me la cambiaron para el 20 de mayo. Ese día me hicieron exámenes y solo me dieron pastillas para la ansiedad. Los antirretrovirales me los dieron -por fin- a inicios de julio. Tuve mucho susto, todo el tiempo tuve susto. Cuando me cambiaron la cita o me dijeron que tenía que esperar, me entró una gran desesperación. Bajé de peso descomunalmente, sufrí mucho dolor de cabeza, imagino que de tanto pensar lo que la falta de medicamentos podría hacerle a mi organismo si me agarraba el COVID-19.
(*) Se mantiene en reserva la identidad del entrevistado a su solicitud.
