Ni Carlos Alvarado ni Laura Chinchilla «dan más exoneraciones», como dice la Extra

En resumen: Una afirmación de portada de Diario Extra que indica que “Chinchilla, Solís y Alvarado dan más exoneraciones”, citando al Informe del Estado de la Nación, es falsa y contiene tres mentiras.

Uno: el Estado de la Nación no incluyó la administración Alvarado Quesada en su investigación.

Dos: la administración Chinchilla Miranda aprobó la menor cantidad de exoneraciones desde 1962.

Tres: no son los presidentes los que aprueban las exoneraciones, aunque tengan derecho de veto. Las exoneraciones son aprobadas por los diputados.

La Extra sí tiene razón cuando señala que durante la administración Solís Rivera se aprobaron más exoneraciones, en comparación con los últimos cuatro gobiernos. Eso sí, omite un dato importante. La mayoría de las exoneraciones aprobadas durante el período 2014-2018 no fueron presentadas por el Poder Ejecutivo, y casi la mitad de ellas se presentaron durante el gobierno de Chinchilla.

El titular de Diario Extra se refiere a un artículo basado en el último Informe del Estado de la Nación que da cuenta de cómo la Asamblea Legislativa del período 2014-2018 fue la que más exoneraciones aprobó, en comparación con otras administraciones desde el 2002.

Eso es cierto: durante la administración Solís Rivera se aprobó la mayor cantidad de exoneraciones desde el 2002, pero Extra comete varios errores.

Primero, el estudio nunca incluyó datos sobre la administración Alvarado Quesada.

“Nosotros, el análisis que hacemos y la base de datos se refiere a lo que aprueba la Asamblea Legislativa, pero en ningún momento nos referimos a la Administración Alvarado. El análisis que hacemos lo hacemos una vez que está terminada cada legislatura”, afirma Ronald Alfaro, investigador del Programa del Estado de la Nación.

Puede que la administración Alvarado Quesada apruebe más o menos exoneraciones, pero no estamos versados en astrología. ヽ(ヅ)ノ

El segundo error de Extra está en culpar específicamente a Chinchilla, Solís y Alvarado de dar más exoneraciones. Es cierto que los presidentes tienen poder de veto, pero la legislación la discuten y aprueban los diputados, como lo señala el propio artículo de la Extra.

66% de las exoneraciones aprobadas durante la Administración Solís Rivera fueron iniciativa de los y las congresistas. En la administración Chinchilla Miranda fue un 62% y en la de Arias un 54%. No es correcto implicar que fueron los presidentes quienes impulsaron esas exoneraciones, al menos directamente.

El tercer error de Diario Extra es incluir a Chinchilla en la lista de quienes más dan exoneraciones. En realidad, la administración Chinchilla Miranda es la que menos exoneraciones ha aprobado desde 1962. La administración 2010-2014 aprobó casi la mitad de la cantidad de exoneraciones que se dieron en los gobiernos Pacheco de la Espriella, Arias Sánchez o Solís Rivera.

Eso sí, es cierto que la administración Solís Rivera aprobó 78 exoneraciones: el dato más alto de los últimos cuatro gobiernos (otros, como el de Miguel Ángel Rodríguez o Calderón Fournier aprobaron más de una centena). El Estado de la Nación, de hecho, alerta sobre la aprobación de más exoneraciones en un contexto de crisis.

Peor aún, la mayor parte de esos instrumentos tributarios aprobados en el período 2014-2018 fueron indefinidos: no decían qué impuestos se exoneraban ni en cuánto. Menos aún calculaban su impacto en la Hacienda Pública.

Sin embargo hay varias aclaraciones que hacer. 35 de las 78 exoneraciones aprobadas fueron herencia de gobiernos anteriores. El Poder Ejecutivo promovió 13 (16%) de las exoneraciones aprobadas durante el período 2014-2018.

Tomar en cuenta eso cambia el paisaje, porque la situación se repite en otras administraciones. Por ejemplo, aunque durante la administración Pacheco de la Espriella se aprobaron 68 exoneraciones, el Poder Ejecutivo 2002-2006 solicitó una evidente minoría: 2 de ellas (3%).

Así, el Poder Ejecutivo de la administración Arias Sánchez destaca como el que más exoneraciones impulsó en los últimos gobiernos, desde el 2002.

El estudio del Estado de la Nación, sin embargo, no logra identificar el impacto en la recaudación que tiene cada exoneración. Es decir, un gobierno pudo haber aprobado una sola exoneración con un impacto tributario mayor al de cien exoneraciones impulsadas por otra.

“Una exoneración implica que un grupo de la población tiene un trato preferencial tributario con respecto al resto. Eso es lo que han aprobado algunos diputados”, dice el artículo de Extra. Y tienen razón, aunque una exoneración no siempre es algo negativo.

Por ejemplo, ¿es válido exonerar a organizaciones sociales o de interés público? ¿A organismos internacionales? ¿Al propio gobierno? ¿A las municipalidades, a la educación, la cultura y la ciencia? ¿Es válido, incluso, exonerar a empresas privadas? ¿Y si son empresas pequeñas de turismo rural comunitario? ¿Es correcto hacerlo en un contexto de crisis fiscal?

En este gráfico puede ver la distribución de los beneficiarios de las exoneraciones aprobadas desde la administración de Abel Pacheco, hasta la de Solís.

Hay opiniones diversas sobre el tema, y usted puede estar en contra o a favor de este tipo de medidas. Sin embargo, es importante cuestionar cada una de las medidas por separado, porque buscan impactar a diferentes personas o agrupaciones. Aquí adjuntamos un enlace a la base de datos del Estado de la Nación, por si quiere consultarlas. 😉

Intentamos conversar con Paola Hernández, directora de Diario Extra, pero nos indicó que estaba en el banco y que no podía responder. Pidió que la llamáramos diez minutos después, pero no volvió a contestar a las llamadas.

Este jueves 15 de noviembre La Machaca, de La República afirmó: “El anterior Congreso era una botarata, a pesar de la crisis financiera. Ha sido la Asamblea Legislativa que más cantidad de exoneraciones concedió. Digamos, sin exagerar, que unas cuatro veces más que las anteriores legislaturas”.

El dato también es falso. Primero, la Asamblea que más exoneraciones aprobó fue la de la administración 1962-1966 (151 exoneraciones). La de Solís fue la que más exoneraciones aprobó desde el 2002.

Por último, La Machaca sí exagera cuando dice que la Asamblea aprobó “unas cuatro veces más” que las antiguas legislaturas. Comparada con la administración Chinchilla Miranda, solo fueron dos veces.