Costa Rica enfrenta uno de los periodos más desafiantes en materia de seguridad ciudadana, con un alarmante incremento en los índices de homicidios y un sistema penitenciario bajo una presión sin precedentes debido al hacinamiento.
Mientras el gobierno propone la construcción de una mega cárcel, voces expertas claman por un enfoque más integral que priorice la reinserción social y la prevención. Consulta Legal exploró este debate para comprender los riesgos de esta medida y las soluciones que el país necesita, en la perspectiva de Marco Feoli, exministro de Justicia y especialista en temas penitenciarios.
UN SISTEMA PENITENCIARIO EN REGRESIÓN
El sistema penitenciario costarricense, que alguna vez se distinguió por sus estándares superiores en la región, muestra hoy signos de un preocupante deterioro. Expertos como Marco Feoli señalan una “latinoamericanización” del modelo, caracterizada por cárceles hacinadas y un creciente control del crimen organizado en su interior.
Este retroceso es evidente al comparar la situación actual con los avances de la última década: el hacinamiento, que llegó a ser del 52% en 2015 y se logró reducir significativamente a 10% al término de la administración anterior, escaló nuevamente al 30% en 2025. Este resurgimiento de la sobrepoblación se atribuye, en parte, a la ausencia de una política constructiva en infraestructura penitenciaria durante los últimos tres años.
LA MEGACÁRCEL (CACCO): ¿SOLUCIÓN DE FONDO O MEDIDA PALIATIVA?
La propuesta gubernamental del Centro de Alta Concentración contra el Crimen Organizado (CACCO) o “mega cárcel”, se presenta como una respuesta contundente a la violencia, inspirada en modelos de “mano dura”. Sin embargo, esta iniciativa ha generado escepticismo entre los especialistas
La idea de una cárcel para 5.000 internos, aunque presentada con gran expectativa, es vista por críticos como Feoli más como manera de cubrir las falencias en las políticas de seguridad, que como una solución estructural y bien planificada. Además, las promesas de construcción en plazos extremadamente cortos son consideradas irrealistas, lo que alimenta las dudas sobre la viabilidad y seriedad del proyecto.
LOS PELIGROS DE LAS GRANDES PRISIONES
El modelo de grandes centros penitenciarios, en lugar de resolver problemas, puede crear nuevos desafíos. La experiencia internacional sugiere que este tipo de construcciones facilita la penetración del crimen organizado y dificulta la gestión efectiva. En este sentido, organismos como las Naciones Unidas recomiendan cárceles más pequeñas y manejables, que permitan un mayor control y una mejor atención a la población reclusa.
Una cárcel para miles de personas demanda una compleja infraestructura logística, un vasto cuerpo de personal especializado (policías, psicólogos, médicos, educadores) y un diseño que garantice la seguridad y el respeto a los derechos humanos. Estos aspectos han sido detallados de manera insuficiente, lo cual pone en tela de juicio un proyecto de esta magnitud.
MÁS ALLÁ DE LA REPRESIÓN: LA URGENCIA SOCIAL
La respuesta a la crisis de seguridad ha priorizado un enfoque marcadamente represivo. Dicha estrategia es catalogada por Feoli como “francamente insuficiente” para atacar las raíces de la violencia. El exministro asegura que la verdadera solución radica en una política social robusta y proactiva, lejos de la inacción que se ha observado.
El deterioro en áreas fundamentales como la educación genera un caldo de cultivo ideal para el narcotráfico. Sumado a ello, las zonas vulnerables y una juventud sin oportunidades se convierten en blanco fácil para las redes criminales. Este panorama exige una visión de Estado que invierta en capital humano y social para prevenir la delincuencia desde sus cimientos.
EL ROL DE LA JUSTICIA Y LOS DERECHOS HUMANOS
El Poder Judicial, con su rol de investigar y juzgar hechos violentos, no puede ser el único pilar de la seguridad. Se requieren reformas para agilizar la justicia, pero siempre salvaguardando la independencia judicial y el debido proceso, advierten especialistas.
El debate penitenciario también interpela la conciencia cívica sobre los derechos humanos. Marco Feoli enfatiza en la pregunta fundamental: “¿Cómo quisiera yo que me traten si me toca estar ahí dentro o a un hijo, o a una pareja o a un sobrino o a alguien que yo quiero?”. El Estado tiene la responsabilidad ineludible de garantizar la integridad de las personas bajo su custodia, sin que ello signifique complacencia con el delito, sino respeto a la dignidad humana.
HACIA UN FUTURO INTEGRAL
La decisión sobre el futuro de la justicia penal en Costa Rica va más allá de construir cárceles. Las soluciones simplistas pueden ofrecer un paliativo mediático, pero la experiencia y la opinión experta, como la de Marco Feoli, sugieren que solo una inversión sostenida en educación, oportunidades y reinserción social para romper el ciclo de violencia y construir un país más seguro y equitativo.
La “latinoamericanización” del sistema penitenciario es una advertencia que exige estrategias integrales, alejadas de la efervescencia política y la búsqueda de soluciones mágicas que, a la larga, podrían comprometer la democracia y los derechos humanos. De este modo, siendo un país con urgentes políticas en materia de seguridad, no podemos pretender vivir entre barrotes y darle la espalda a la reinserción social.